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Denuncias por medidas disciplinarias en escuelas fueron 163 durante 2022 en la región

EDUCACIÓN. Según un reciente estudio, un 20% de los escolares han recibido algún tipo de castigo o sanción en escuelas chilenas. Director regional de la SIE explica el marco normativo y dirigenta de profesores plantea pruebas psicológicas.
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Cristián Rojas Molina

Un 20% de los estudiantes ha recibido algún tipo de castigo o sanción en escuelas chilenas, según dio a conocer recientemente el estudio "La inclusión excluyente: Microprácticas de segregación y exclusión en la disciplina escolar chilena" (Fondecyt), liderado por la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Verónica López, junto a un equipo de expertos del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, investigación que incluyó un análisis de más de 3.841 escuelas basándose en información recopilada a través de cuestionarios del Simce.

Durante cuatro años, el equipo interuniversitario e interdisciplinario realizó un seguimiento de las prácticas de segregación y exclusión en los establecimientos escolares chilenos y sus efectos sobre la vida de los estudiantes y sobre el sistema de educación básica y secundaria.

Múltiples anotaciones negativas, envío a inspectoría, prohibición de participar de una actividad de clase o extraescolar, cambios de curso, suspensión, matrícula condicional y expulsión, son algunas de las prácticas más frecuentes.

"Las prácticas punitivas son acciones frecuentes naturalizadas en la acción escolar, que surgen para lidiar con la diversidad de estudiantes en un sistema educativo que exige conseguir estándares comunes", planteó la académica de la PUCV.

Situación en la región

En ese contexto, un total de 163 denuncias por medidas disciplinarias aplicadas a escolares recibió la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación (ver tabla), y al respecto el director de dicho organismo, Reinaldo Orellana, explicó que "la normativa educacional establece que las medidas disciplinarias, contempladas previamente en el Reglamento Interno del establecimiento, deben ser aplicadas bajo un justo y racional procedimiento, garantizando el derecho del o la estudiante a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida".

"Ahora bien, el sólo hecho de incorporar una medida disciplinaria al Reglamento Interno no significa necesariamente que esté permitida. La normativa establece algunas de ellas que no pueden contemplarse,tales como: las que afectan o restringen el derecho a la educación y/o la integridad física o psicológica de las y los estudiantes; que impliquen tratos vejatorios o que afecten la dignidad; la cancelación de matrícula, suspensión o expulsión por causales que se deriven del rendimiento académico de los estudiantes sin respetar los requisitos legales, o por falta de textos escolares, uniforme escolar u otro material didáctico", puntualizó Orellana.

Otros impedimentos

Asimismo, precisó que "la normativa educacional también impide que los establecimientos apliquen medidas disciplinarias por razones de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad, entre otras".

En ese marco, subrayó que "atendiendo al rol formador del establecimiento, se deben priorizar siempre las medidas disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en las y los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa".

Sistema "adultocentrista"

Por su parte, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta León, planteó que "todavía habemos personas que estudiamos en los años 90 en un país donde la violencia física era parte de un tipo de corrección, personalmente logré vivir tiradas de oreja o de patillas cuando un compañero no cumplía una tarea. Lamentablemente, los cambios van de a poco, el aula en este sistema educativo antidemocrático y adultocentrista, puede desencadenar en menoscabos y violencias de parte de adultos, de docentes, que no podemos seguir permitiendo ni naturalizando".

Leójn lamentó que "el actual sistema educativo concibe la retroalimentación de aprendizajes desde una visión punitiva, la educación formativa todavía en muchos establecimientos no se logra entender. El profesor puede presentarse como un enemigo de sus estudiantes, que puede ejercer microfascismos en el aula: puede exigirle a un niño que se calle, que no vaya al baño, que no se pare, etc. El aula se vuelve un lugar alejado de libertades mínimas, donde el aprender es tedioso, cansador y alejado de todo placer. Una docencia y disciplina alejada del amor, de los valores base de una pedagogía que transforma mentes para una sociedad del bienestar verdadero".

Estudiantes coartados

"Un estudiante que siente que su escuela no le permite ejercer su niñez, no se le permite jugar o ejercer su identidad a través de su vestimenta, la forma de vestir propia de cada individuo, tema que tiene directa relación con sus procesos individuales de desarrollo de su identidad, coartado por el uso de uniformes incómodos, feos, y como su nombre lo dice, iguales, donde se sanciona y castiga su no uso o uso 'correcto"es una de las primeras escalas de violencia académica", advirtió.

En esa línea, agregó que "luego en el aula, donde se espera que estudiantes del siglo XXI sean muebles, sentados durante ocho horas al día escuchando clases que son dictadas al igual que en el 1800, sin gracia, que no llega a emocionar a ninguna mente, como decía Gabriela Mistral, donde también a través de la calificación se puede humillar a estudiantes y alejarlos completamente del placer por el saber y el aprendizaje del mundo".

Frente a ello, la dirigenta recalcó que "nuestra labor actual, como profesores del siglo XXI, como comunidades educativas en su conjunto, es no permitir ningún tipo de violencia para quienes son el centro y primera prioridad del sistema educativo. La docencia es un arma de doble filo, podemos tal como una buena navaja que prepara exquisitas preparaciones culinarias, ayudar en apertura al placentero mundo del conocimiento integral de las artes y las ciencias, o cortar para siempre toda relación con estos y, por lo tanto, afectar de por vida".

Pruebas psicológicas

Ante tal riesgo, León señaló que "esperamos que en un futuro quienes ingresan y egresan de Pedagogía y quienes ejercen hoy en el sistema puedan tener test psicológicos y psiquiátricos para evaluar si son o no aptos para ejercer uno de los trabajos más importantes de nuestra sociedad, que es guiar procesos tan maravillosos como es nuestra apertura al mundo".

Remarcó que "debemos seguir monitoreando desde los equipos de convivencia y comunidades escolares, debemos seguir exigiendo el cumplimiento de la ley que ampara a nuestros niños y denunciar a través de todos los medios las malas prácticas, maltratos y humillaciones. Estas prácticas deben desaparecer y también deben desaparecer del sistema quienes las practiquen, siendo sancionados con todas las medidas y la fuerza de la ley".

"Deben ser aplicadas bajo un justo y racional procedimiento, garantizando el derecho del o la estudiante a realizar sus descargos".

Reinaldo Orellana, Director regional de la Superintendencia de Educación (SIE)

"Esperamos que en un futuro quienes ingresan y egresan de Pedagogía y quienes ejercen hoy en el sistema puedan tener test psicológicos y psiquiátricos".

Violeta León, Pdta. regional Colegio Profesores

39 denuncias por suspensiónd de clases a párvulo o escolar hubo en 2022, el ítem más alto entre 10.