En la tarde del miércoles 5, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó la denominada Ley Naín-Retamal, luego de su aprobación en el Senado con indicaciones la noche del martes. La iniciativa busca dar una mayor protección a Carabineros y la Policía de Investigaciones en el cumplimiento de sus labores, abarcando también a Gendarmería y las Fuerzas Armadas en funciones de orden público y seguridad pública interior; aunque se generó una fuerte polémica por la figura de "legítima defensa privilegiada" que, a juicio de parlamentarios del oficialismo y especialistas en Derecho Penal, vulneraría los Derechos Humanos.

"Nosotros votamos en contra de la norma que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada, que es muy riesgosa. En el Senado se aprobó el cuerpo general, se sacaron unas normas que eran muchísimo más riesgosas, que eximían a los mandos militares y policiales de eventuales delitos, que nos parece aún más inaceptable; y se ha llegado a un acuerdo", dice el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello.

El representante del distrito 7, en línea con la postura de su partido, agrega que "yo sí tengo un juicio final respecto de una materia que ya tiene una regulación en el Código de Justicia Militar, y en consecuencia creo que acá se ha desviado por completo el debate, en relación a la necesidad que tienen las personas de contar con seguridad pública y también, por supuesto, de proteger a las policías".

"Las policías, por supuesto que pueden defenderse de los delincuentes, pueden usar sus armas de servicio, para eso están, esa es su herramienta para dar seguridad. Y por lo demás, está regulada ya una exención de responsabilidad criminal respecto de los carabineros que empleen su arma de servicio para defenderse de una agresión, o también para defender a un extraño que esté sufriendo una agresión ilegítima", complementa.

Después de la aprobación del texto, Cuello aseguraba que en el PC "mantenemos la evaluación respecto de recurrir al TC o eventualmente a algún organismo internacional, en caso de que se mantengan elementos que sean muy discutibles y que en definitiva generen algún riesgo".

Sin embargo, los hechos tomaron un giro trágico horas después. El cabo Primero Daniel Palma Yáñez fue baleado en el rostro por dos sujetos que se negaron a una fiscalización en Santiago. Tras su muerte, el Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Naín-Retamal y Apruebo Dignidad desistió de acudir al TC para impugnarla.

- En un tema sensible como la seguridad ciudadana, ¿se debe legislar en forma más mesurada; o se debe legislar, entre comillas, al calor de la que dice la gente o lo que se dice en los medios de comunicación?

- Acá se ha cometido un error grueso. Una ley penal es una ley que es la última herramienta que tiene el Estado y, en consecuencia, una ley penal que incide en la libertad de las personas, en la vida de las personas, que incide también en cómo se desempeñan las policías, debe ser debatida y acompañada de reflexión. Acá tuvimos un trámite exprés, sin que se escuchara a ningún académico, a ningún especialista, a los organismos de Derechos Humanos; y la verdad, creo que también es un error haber legislado tan rápido, sin todavía dar un debate riguroso respecto de la regulación legal de la regla del uso de la fuerza. Las reglas del uso de la fuerza ya están, tienen una regulación infralegal, incluso infrarreglamentaria, y eso requiere un abordaje que establezca reglas claras al uso de la fuerza por parte de las policías (...). Una respuesta acelerada produce naturalmente dificultades de técnica legislativa, se cometen muchos errores como en las normas que pasaron al Senado, y también pueden tener serias y graves consecuencias, como bien lo han advertido Naciones Unidas, el INDH y ahora último la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al recordarle al Estado que tiene que escuchar opiniones y que debe permitirse una mayor participación en debate y una reflexión más serena respecto del problema de la seguridad pública.

- ¿Cómo se logra lo que planteó la ministra Camila Vallejo, de equilibrar la agenda de seguridad ciudadana con la protección de los DD.HH.?

- Eso nunca ha estado en contradicción. Nosotros queremos seguridad, la gente requiere seguridad y siempre la política del Estado en materia de seguridad requiere ser respetuosa de los estándares en DD.HH. Quien plantee que hay una contradicción entre contar con dispositivos policiales que tengan eficacia a la hora de combatir la delincuencia y el narcotráfico, no se contrapone en modo alguno con el respeto a los DD.HH. Creo que es una dicotomía falsa, que encierra una peligrosa agenda por parte de la derecha y la ultraderecha, que también es muy engañosa, porque todas las normas que estamos debatiendo ahora, la legítima defensa privilegiada, en nada protegen a los carabineros (...). Acá se está generando un problema mayor y se está tomando un camino equivocado, al ritmo de los matinales lamentablemente, pero en definitiva se está engañando a la población que sí tiene un problema (...). Tenemos que dar un paso un poco más allá y empezar realmente a ponernos de acuerdo en una agenda de seguridad que sea eficiente.

- ¿Y qué otro actor debería tener un mayor rol en esta discusión? ¿Los municipios, las organizaciones sociales?

- Desde luego, aquí hay muchas dimensiones. Una dimensión tiene que ver con las capacidades de las policías y creo que hay un tema pendiente respecto al sistema de inteligencia, de cómo contar con una fuerza de seguridad que esté más especializada en el crimen organizado y el narcotráfico, en atención a las nuevas características de la criminalidad. La otra dimensión tiene que ver con la ocupación de los espacios públicos, y dentro de ese punto de vista los municipios deben cumplir un rol central y también por la inversión pública. Eso está contenido dentro de lo que el Ministerio del Interior ha sugerido como enfoque, abordaje de los problemas de seguridad y tiene que ir de la mano. Pero eso no impide, por supuesto, que hay una cuestión urgente que tratar y que tiene que ver con las capacidades de la Policía.

- Viendo lo que pasa, por ejemplo en Ecuador, donde el Gobierno autorizó por decreto el porte y tenencia de armas de civiles para defensa personal. ¿Ese es el extremo al que Chile no debe llegar?

- Esperemos que nunca lleguemos a ese extremo, porque en realidad esa es una fuente tremenda de inseguridad. Creo que hay una tremenda incoherencia por parte de la derecha, de la oposición, porque si hay algo que se requiere con urgencia es restringir al máximo y, ojalá, eliminar la tenencia de armas en poder de particulares. Las armas en poder de particulares son una tremenda fuente de abastecimiento para la delincuencia, hay miles de armas perdidas, extraviadas, hurtadas, robadas, que van a parar a un mercado negro y que en definitiva permiten un abastecimiento más o menos continuo de estas armas para la delincuencia. Hay un contrabando que también se nutre de las armas inscritas, y por lo tanto, creo que el remedio nunca va a ser entregarles armas a los particulares. Son las policías que deben tener el monopolio de la fuerza y de las armas, usándolas acorde al derecho. Creo que el peor camino es el que ha adoptado Ecuador, porque eso va a traer lamentables consecuencias.

- En una entrevista en "El Mercurio", el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, dijo que en parte de la izquierda había "una ambigüedad y complejo con la violencia", en una crítica a los partidos de Apruebo Dignidad. ¿Qué le parecen estas expresiones?

- Creo que son expresiones bastante caprichosas, acá no hay ninguna ambigüedad. Acá todos estamos de acuerdo, coincidimos en que hay un diagnóstico común de la ciudadanía, que hay una preocupación que es diaria y cotidiana, que hay que enfrentarla; y por tanto, creo yo que está tratando de sacar algún rédito político más pequeño, un poquito más mezquino y que en nada aporta al debate que tenemos que dar.

- Este debate se da en un contexto cercano a la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, en la que la idea fuerza de las actividades del Gobierno es "Democracia es memoria y futuro". ¿Cómo se resguarda el Estado democrático de derecho ante las tentaciones populistas, en todo sentido?

- A 50 años del Golpe hay varios desafíos, pero algunos de ellos tienen que ver, primero, con la seguridad y también con la seguridad económica. Hoy día tenemos un legado enorme de desigualdad, que también es fuente de los problemas que estamos viviendo como sociedad, entonces desde un punto de vista más general recordar los 50 años del Golpe de Estado, no solamente tiene que ver con recordar los crímenes de la dictadura, sino que también recordar el proceso de la Unidad Popular, de poder reivindicar cuál fue el avance en la participación democrática que se dio en aquel gobierno (...). Para avanzar en una sociedad más democrática hay que tener una sociedad segura, es un elemento de la esencia, una sociedad que de seguridad a sus habitantes de salir a la calle; y también que de seguridad en todos los ámbitos. ¿Qué es seguridad? Que si alguien se enferma va a tener acceso oportuno a atención médica, va a tener acceso a medicamentos; si alguien termina de trabajar, va a tener acceso a una jubilación que le permita vivir dignamente. 2

Es un error haber legislado tan rápido, sin todavía dar un debate riguroso respecto de la regulación legal de la regla del uso de la fuerza (...) requiere un abordaje que establezca reglas claras".

Francisco Meneses Vera

francisco.meneses@mercuriovalpo.cl

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El parlamentario cree que se debe generar un acuerdo para una "agenda de seguridad eficiente".