Nicolás Donoso A.

Gran controversia ha generado la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso del proyecto "Continuidad Operacional Planta Pullalli", de la compañía Minera Pullalli SpA, el cual recibió siete votos a favor y cinco en contra en la votación que se realizó anteayer. Comunidades y parte de las autoridades regionales fustigan el resultado, empresa destaca la decisión y recalca que iniciativa se ajusta a todas las exigencias y normativas actuales.

El proyecto, que se ubica en Longotoma, comuna de La Ligua -involucra también a Papudo- y que busca utilizar las obras existentes y darle continuidad a la Planta Pullalli por medio de la implementación de nuevas instalaciones en el mismo sector, contó con el respaldo de las seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Minería, Transporte y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y fue rechazado por los seremis de Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Desarrollo Social y la delegada presidencial regional y presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental, Sofía González.

Duros cuestionamientos

Esto generó duras críticas por parte de las organizaciones sociales de la zona, que se han opuesto al proyecto de la empresa minera, ya que señalan que la decisión no se ajusta a la sequía que actualmente afecta a la provincia de Petorca. Anuncian manifestaciones y nuevas reclamaciones al SEA.

El director de la Fundación Paisaje Endémico (Fupae), Álvaro Núñez, expresó que "estamos decepcionados y nos sentimos solos, dado que a pesar de las constantes manifestaciones que realizamos en contra de este proyecto no tuvieron el efecto deseado (...). Probablemente muy pocos conocen la realidad del territorio y sin embargo votaron siete de ellos a favor de este proyecto y en contra de la comunidad".

Agregó que "lo que decepciona mucho es que los seremis de Salud y Medio Ambiente hayan votado a favor del proyecto entendiendo la carga ambiental y para la salud de las personas que significa esta iniciativa. (...) Sólo se basaron en estos informes que finalmente son números que están en el papel y entendemos que el papel aguanta mucho. La realidad del territorio no es la que se señala ahí".

Justificación por voto

Consultada por este Diario, la seremi de Salud, Lorena Cofré, justificó su votación, expresando que esta "estuvo sujeta estrictamente a argumentos técnicos y normativos basados en los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) involucrados, que esta Secretaría Regional calificó conforme, tras observaciones que venían desde 2021 y que fueron subsanadas".

Además de la comunidad, también cuestionó duramente la aprobación de la iniciativa la diputada de Convergencia Social (CS), María Francisca Bello. La parlamentaria explicó que desde un principio la posición que han adoptado es la de rechazar el proyecto minero y que ese fue el llamado realizado a la hora de votar, por lo que el resultado le parece "lamentable, no sólo para la comunidad sino también por el daño, que podría ser irreversible, al medio ambiente, al patrimonio y a la cultura de La Ligua. Es importante también poner algo en la discusión: faltó un pronunciamiento por parte del Gobierno Regional en la declaración de impacto ambiental".

En ese sentido, la parlamentaria indicó que "lo que ahora esperamos es que exista una Delegación Presidencial que recoja el guante y pueda proponer medidas a corto y largo plazo en torno a lo que nos preocupa y le preocupa a los vecinos y vecinas, que es cómo protegemos la agricultura, la flora, la fauna, el patrimonio y muchas otras aristas".

En tanto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, se sumó a los reproches, y manifestó que la continuidad de la faena minera "es una mala noticia para los habitantes del territorio que se han movilizado durante seis años para impedir esta operación minera que ha comprometido el medio ambiente, la vida de las personas a propósito de la polución y fundamentalmente el patrimonio ambiental, material e inmaterial del territorio".

No obstante, recordó que la comunidad todavía "tiene ciertos recursos de reposición y reclamación para concurrir al SEA y para concurrir también al Consejo de Ministros. Y si en estos espacios no hay una respuesta favorable todavía queda un último recurso que son los tribunales ambientales que deberían pronunciarse definitivamente".

Se ajusta a exigencias

Consultada la compañía Minera Pullalli SpA por la votación, Patricio González, gerente general de Minera Pullalli, puntualizó que "este resultado nos deja tranquilos porque nuestro proyecto se ajusta a todas las exigencias y normativas actuales. Fue un proyecto conocido por la ciudadanía a través del proceso de participación, instancia que valoramos, ya que permitió explicar la propuesta, recoger observaciones, integrarlas al proyecto y, además, fue analizado por 20 servicios públicos incumbentes y contó con la recomendación favorable de todos ellos y del SEA".

El gerente general de Minera Pullalli añadió que "esto reafirma nuestra convicción de la importancia de hacer una nueva minería, con procesos más sustentables, respetando el entorno de los territorios donde operamos".

"Lo que ahora esperamos es que exista una Delegación Presidencial que recoja el guante y pueda proponer medidas".

María Francisca Bello

Diputada (CS)

"Es una mala noticia para los habitantes del territorio que se han movilizado durante seis años para impedir esta operación minera".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

El Obispado de Valparaíso informó, a través de un comunicado, que el sacerdote Mauro Ojeda Videla fue expulsado del estado clerical tras ser encontrado culpable de los delitos por los que fue denunciado, en concreto, abusos sexuales contra menores y adultos, ocurridos entre 1990 y 1995, y otros tres ilícitos de diversa índole.

Ojeda fue párroco en Casablanca y rector del Seminario Mayor San Rafael, en Lo Vásquez, donde ocurrieron los delitos, y fue notificado de la sentencia el pasado 31 de marzo.

El comunicado indica que "el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, después de un atento estudio de las acta de la causa, lo ha declarado culpable de los delitos que se le acusan, culminando así el proceso administrativo penal en su contra. La pena impuesta al presbítero Ojeda ha sido la dimisión (expulsión) del estado clerical. Queda abierta la posibilidad para que el presbítero apele a esta sentencia ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe".

Como medida cautelar durante el proceso, se le había prohibido el ejercicio del ministerio sacerdotal.

No han avisado a víctimas

El exseminarista Mauricio Pulgar es uno de los que denunciaron el caso, y recordó que "a fines del 2018 comenzó y nosotros declaramos a fines del 2020, y recién se mandó la carpeta a Roma en abril de 2021. Nosotros creemos que esto llegó al Obispado hace mucho tiempo, pero ellos no querían darlo a conocer. El Obispado a nosotros no nos ha contactado y con eso cumplir el protocolo de habernos informado ellos directamente de la condena, el motivo de la condena, porque ellos están ocultando por qué se le condenó".

Pulgar, quien describió las situaciones en su libro "El denunciante", dijo sentir "una tranquilidad de que está condenado, pero por el otro lado es negativo que el Obispado sigue con este tema de encubrir", y precisó que "la condena es por abuso sexual de menores, abuso sexual a adultos, manipulación de conciencia, abuso de poder y malversación de fondos".

Causa penal

Asimismo, destacó que "nosotros tenemos una causa penal por abuso sexual (algunos éramos menores al momento del abuso), manipulación de conciencia y abuso de poder en contra de Mauro Ojeda, que data de 2018 y está radicada en Quilpué, y esperamos que siga avanzando, es muy lento pero sigue avanzando. Yo fui a declarar en marzo".

Ojeda se suma a los sacerdotes Jaime Da Fonseca y Humberto Henríquez, quienes también fueron expulsados, mientras que el cura José Olguín espera sentencia y su par Mario Lisperguer espera que se inicie el proceso en su contra.

"La condena es por abuso sexual de menores, abuso sexual a adultos, manipulación de conciencia, abuso de poder y malversación de fondos".

Mauricio Pulgar, Exseminarista denunciante