La historia del proceso de descentralización en Chile acumula tantas promesas incumplidas, tantas causas interrumpidas -o sencillamente saboteadas-, que no es fácil para los ciudadanos que se escapan del anillo urbano del Gran Santiago creer cada nuevo compromiso. Las giras por regiones de toda campaña presidencial, sin importar mucho el signo político del candidato, están llenas de hojas de ruta, comisiones de notables y proyectos de ley que serán priorizados para alcanzar la meta de darle algo más de autonomía a las regiones. Por ello, los gobernadores regionales tomaron con calmado entusiasmo el anuncio hecho por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que a fines de este mes el Gobierno ingresará al Congreso un proyecto sobre rentas regionales, es decir, una iniciativa específica sobre el mecanismo de recaudación que permitirá a cada zona del país contar con sus propios recursos, sin importar las decisiones presupuestarias de Santiago.

En paralelo, Hacienda tramita en el Senado el proyecto de royalty a gran la minería, que también define recursos directos a las regiones y comunas involucradas en actividades industriales de este rubro. Una vez que ambos sistemas estén en pleno funcionamiento, las regiones tendrán a su disposición recursos frescos para financiar sus necesidades generales o proyectos específicos en lineamiento con las exigencias de la ley. En ambos casos, las decisiones de gasto se realizarán en cada región, de lo cual surge la pregunta inevitable: ¿están preparados los gobiernos regionales para manejar las grandes cantidades de recursos que estarán a su disposición? ¿Cómo se evitará que los gobernadores o los consejeros caigan en la distribución clientelista de esos dineros frescos? Por ello se hace imperativo que exista un fortalecimiento de los mecanismos de control, para que el uso inadecuado de estos presupuestos se transforme en un lastre que afecte el despegue, por fin, de la descentralización con mayúsculas.

En el Diario Oficial del 10 de abril fue publicada la Ley Nro. 21.560, conocida popularmente como la Ley Nain-Retamal. Esta legislación se enmarca en la llamada "agenda de seguridad" a la que se ha visto, de alguna manera, forzada la institucionalidad, atendido el fuerte incremento de delitos graves y la creciente sensación de inseguridad ciudadana. La Ley Nain-Retamal contiene una serie de modificaciones a los cuerpos normativos penales. Los aspectos más sustanciales de esta ley son el endurecimiento de las penas para quienes atenten contra la integridad física de funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería. Del mismo modo, se impide que las personas condenadas por este tipo de delitos puedan acceder a penas sustitutivas. También, la ley establece "la legítima defensa privilegiada" a favor de Carabineros. Esto quiere decir que se presume legalmente que las actuaciones de carabineros mediante el uso de su arma de servicio fueron ejecutadas dentro de la legítima defensa y corresponderá al acusador probar lo contrario.

Este último aspecto ha sido el más polémico, ya que diversas voces, entre las que se cuentan varios académicos de derecho penal y criminólogos de varias universidades e incluso algunos altos personeros del Gobierno, han entendido que esta "legítima defensa privilegiada" constituye una especie de carta blanca dada a la policía para hacer uso de sus armas de fuego. Incluso algunas personas han llegado a hablar de la "ley gatillo fácil".

Si bien parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista habían anticipado que acudirían al Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad de esta norma, el asesinato del cabo primero Daniel Palma, de alguna manera, forzó al Presidente de la República a promulgar la ley, impidiendo este trámite. Esta ley ha evidenciado las profundas diferencias que en materia de seguridad y orden público existen entre el Socialismo Democrático y los partidos de Apruebo Dignidad, divergencia que está generando altos costos políticos al Gobierno. Seguramente, Boric y Cía. comparten la postura de Apruebo Dignidad, pero atendida la actual situación social no están dispuestos a pagar el costo que significaría el eludir dar señales políticas contundentes para el combate de la delincuencia.

En este orden de cosas, la Ley Nain-Retamal ya está vigente y no deja de ser paradójico que una legislación de esta naturaleza fuese aprobada, promulgada y publicada en el seno de un Gobierno integrado por políticos que hace sólo unos pocos meses estaban convencidos de la necesidad de llevar a cabo una "refundación" de Carabineros de Chile. Finalmente, es necesario destacar que esta ley en ningún caso constituye una especie de "cheque en blanco" para que la policía haga uso de la fuerza en forma irracional y desproporcionada. Las normas contenidas en esta legislación no les eximen de actuar dentro del marco del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Será necesario que se instruya adecuadamente a los funcionarios que integran nuestra policía sobre el verdadero alcance de esta legislación, haciendo presente que ella no los libra de tener que asumir las responsabilidades jurídicas que correspondan en caso de apartarse del derecho.