El profesor Roberto Campos enseña o ha enseñado matemáticas, pero no es conocido por sus habilidades pedagógicas o sus logros docentes en la sala de clases. Nada de eso.

Se ha hecho famoso porque en el año 2019 pateó, hasta destrozar, unos torniquetes en el metro. Y ahora está con arresto domiciliario porque se le sorprendió rayando -ensuciando sería más fidedigno- las paredes de la Iglesia de San Francisco.

Su caso parece una muestra exagerada o una expresión más de lo que está ocurriendo en el sistema educativo desde hace ya bastante tiempo, como la violencia escolar en los establecimientos y la crisis de autoridad en las salas de clases.

Lo que parece ocurrir es que hoy casi nadie -ni siquiera el ministro de Educación a juzgar por sus declaraciones frente a ese hecho- recuerda en qué consiste educar.

La educación es una actividad de transmisión cultural que descansa en la confianza y en la autoridad de los profesores. En este sentido, la educación más que requerir de un cambio de paradigma, necesita recuperar su sentido tradicional (de tradere o traditio, entregar, entrega): ella es la entrega reflexiva que una generación hace a otra de aspectos relevantes de la cultura, una cultura que hace que valoremos ciertas cosas y tengamos propensión a comportarnos de una cierta manera y no de otra. El profesor o profesora es quien posee o porta esa cultura y luego la entrega mediante la enseñanza a otros. Sin esa dimensión, sin esa conciencia de la dimensión tradicional que posee, el quehacer educativo se transforma en una mera instrucción, en simple entrenamiento que deja la subjetividad de los estudiantes al garete. Así, para que ese proceso de transmisión cultural sea exitoso se requiere de modelos que las nuevas generaciones tengan como guía, como ejemplos de algo digno de ser imitado. De ahí que desde antiguo la educación se ha presentado también como una actividad mimética, imitativa.

Se comprende entonces que para que la actividad educativa funcione y tenga éxito (para que, junto con el aprendizaje de habilidades para el trabajo, se adquiera una cierta orientación normativa común) es imprescindible que quienes la ejecutan exhiban ciertas virtudes básicas, ciertos modos de comportamiento que son indispensables para la vida colectiva, cierta contención del ánimo o de los impulsos, puesto que en esto consiste justamente ser educado. Esto no tiene nada que ver con las convicciones morales o políticas de los profesores, puesto que estas virtudes son relativas no a los ideales en los que se cree, sino al modo de perseguirlos o impulsarlos. Una persona educada no se caracteriza por lo que piensa, sino por la forma en que lo expone y lo promueve.

Esa es la razón de por qué la actitud de Roberto Campos resulta tan sorprendente, tan escandalosa. Vemos en él de pronto, como en un ejemplo personalizado, un sistema o una práctica escolar que perdió su sentido. Y esa es la razón también de por qué las declaraciones que formuló a propósito de este hecho el ministro de Educación suenan pobres y deslavadas, anémicas, porque se oyen como si él no advirtiera que entre el acto de ese profesor y los overoles blancos en la Alameda hay un vínculo que es resultado, entre otras cosas, del olvido acerca de lo que significa educar.

Personal de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó ayer hasta las dependencias de la Municipalidad de Santiago para realizar una incautación de algunas especies tecnológicas de la alcaldesa, Irací Hassler, y de su exjefe jurídico, Jean Pierre Chiffelle, así como de otros colaboradores cercanos.

Esto, luego de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella y del duro informe de la Contraloría General de la República (CGR) de la semana pasada, donde objetó la compra por "precio injustificado", debido a que el inmueble intentó ser adquirido por poco más de $8 mil millones. Lo anterior mantiene, además, a la jefa comunal en calidad de imputada en la indagatoria a cargo de la Fiscalía Centro Norte. En ese contexto, y según consignó La Tercera, la acción de las policías se produjo a petición del fiscal jefe de Santiago, Patricio Cooper, para que se concretara una entrega voluntaria de los equipos, es decir, no llegaron con una orden emanada de un tribunal. La PDI habría logrado llevarse el notebook de la jefa comunal y el computador del exjefe jurídico. Además, Hassler permitió que se extrajera la base de datos de la totalidad de sus correos electrónicos.