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Crecen diferencias por ley corta de isapres y Aguilera no da fecha

SALUD. La ministra expuso ante la Comisión del Senado, pero no entregó datos clave como plazos y montos. Iván Flores (DC) apuntó a discrepancias dentro del Gobierno.
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Redacción

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se había comprometido a presentar en marzo la ley corta de isapres, con montos y plazos, para buscar una salida a la crisis de las aseguradoras privadas de salud, luego que la Corte Suprema las obligara a aplicar la tabla de factores y devolver el dinero cobrado en exceso a sus afiliados. Sin embargo, ya se acerca el final de abril y no hay noticias de una luz verde para la iniciativa. O más bien, las novedades que hay apuntan a que no habrá una solución pronta.

En medio de cuestionamientos al respaldo político con el que cuenta en el Gobierno, la secretaria de Estado asistió ayer a la Comisión de Salud del Senado para exponer sobre los principales lineamientos de este proyecto, pero declinó dar una fecha para su presentación.

Si bien la demora del ingreso del proyecto tendría múltiples factores, entre ellos la priorización de la agenda de seguridad tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, también se ha hablado de un quiebre al interior de La Moneda respecto a la propuesta que habría impulsado Aguilera.

El senador Iván Flores (DC) apuntó a que "al parecer habría diferencias entre la postura del Ministerio de Salud y el propio Gobierno. Ojalá que el Gobierno se ponga de lado del ministerio porque hemos logrado tener respuestas al interior del propio sistema que apuntan a la dirección".

Uno de los principales conflictos habría sido en torno el porcentaje que la cartera calculaba para eximir de pago de estos cobros en exceso a las aseguradoras de salud: según cálculos preliminares en el peor de los escenarios, las aseguradoras deberían devolver 1.400 millones de dólares, cifra que la nueva propuesta bajaba este monto a 140 millones de dólares.

Hay respaldo

En declaraciones recogidas por Emol, la ministra sostuvo que la demora "no se debe a diferencias al interior del Ejecutivo" y recalcó que "nosotros estuvimos trabajando todo el verano y las isapres congelaron su participación en la mesa. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando para la implementación del fallo. En un momento, pidieron volver a la mesa, ahí hicieron sus planteamientos y los estuvimos evaluando. Sin embargo, lamentablemente, jurídicamente llegamos a la conclusión de que no tienen sustento desde el punto de vista de darle cumplimiento al fallo".

La postura de Aguilera fue respaldada por el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, quien aseguró que cuenta con el respaldo del Ejecutivo: "En las conversaciones, incluso el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, estuvo presente y ha respaldado la gestión de la ministra. Descarto fisuras y quiebres".

Justicia ordena entregar identidades de testigos protegidos contra Héctor Llaitul

CASO. Fiscal nacional cuestionó la medida: "No se ajusta a derecho.
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En el inicio de la preparación del juicio en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó a la Fiscalía revelar la identidad de cinco testigos protegidos en la causa.

Llaitul es acusado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de la Araucanía de tener participación en hechos violentos, usurpación de terrenos, estar vinculado al robo de madera y atentados contra la autoridad, entre otros delitos.

La jueza Viviana García decidió que es necesario para la investigar entregar la identidad de los testigos protegidos que declararon en ante el Ministerio Público por esta causa. Los nombres serán entregados bajo reserva a la defensa de Llaitul.

Frente a esta decisión, el fiscal Héctor Leiva pidió un plazo de 72 horas a la jueza para informar de esta obligación a los testigos, por lo que se decretó un receso hasta el viernes.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó sus reparos a la decisión y anunció que analizarán cómo proteger a las víctimas: "No estamos conformes, estimamos que no se ajusta a derecho ni a nuestras obligaciones legales de las instituciones del Estado en lo que se refiere a la protección de víctimas".