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Crimen de inspector municipal: alcaldes acusan "desprotección"

SEGURIDAD. Jefes de diferentes municipios piden más facultades para el personal de seguridad tras la muerte de un efectivo de Macul que acudió a una llamada.
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Redacción

Un inspector municipal de la comuna de Macul fue asesinado a puñaladas tras concurrir a un operativo por una denuncia de violencia intrafamiliar, lo que generó una serie de reacciones de alcaldes de diversas comunas del país que apuntan a la indefensión en que trabajan estos funcionarios.

La víctima de este crimen fue Hugo Vega, quien tenía 63 años y los últimos 13 trabajó para el municipio. La información entregada por Carabineros apunta a que llegó al domicilio desde el que se había hecho la denuncia, donde fue invitado a pasar por la familia pero un joven de 17 años, quien había generado la pelea, lo agredió con un cuchillo.

Fue trasladado al Hospital Sótero del Río donde intentaron salvarle la vida, pero sin éxito: a las 10 de la mañana el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, confirmó la muerte del inspector y afirmó que "como familia municipal y comunidad de Macul estamos devastados y acompañaremos todo el proceso judicial para que al responsable de este delito se le aplique todo el rigor de la Ley".

Pocas facultades

Tras conocerse la noticia, alcaldes de varias comunas lamentaron el hecho y además apuntaron a las pocas facultades que tienen estos trabajadores para ejercer sus funciones.

Gustavo Alessandri, jefe municipal de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh), comentó que "es una situación que veníamos advirtiendo, ya que los guardias de seguridad municipal están hoy completamente desprotegidos frente a los delincuentes, ya que no cuentan con mayores medidas de prevención ni con elementos disuasivos para poder actuar en el cumplimiento de sus funciones".

"La AMUCh, junto a un grupo de parlamentarios presentamos hace un tiempo un oficio al Gobierno solicitando que los guardias municipales puedan portar elementos de defensa como gas pimienta y bastones, para prevenir situaciones como la ocurrida en Macul. También reiteramos nuestro llamado para que se tipifiquen como delitos las agresiones al personal municipal, ya que actualmente hasta pueden ser consideradas como una riña", agregó.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, planteó que esto reafirma la importancia de los acuerdos firmados con la AMUCh y con los gobernadores regionales. "Una de las tareas relevantes es dotar de protocolos y capacidades a los municipios para las labores que cumplen en materia de colaboración, orden público y seguridad", recalcó.

Reacción de alcaldes

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Renca, Claudio Castro, apuntó que "rechazamos enérgicamente la violencia que sufren todos los días funcionarios municipales que están al servicio de sus vecinos. ¡Debemos proteger a quienes nos protegen!".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo esperar que "todo el peso de la ley caiga sobre el culpable". Y su colega de Puente Alto, Germán Codina, preguntó "¿cuánto más debemos esperar para que se cree la función de patrullero o guardia municipal y estatuto que les brinde la necesaria protección en desempeño de sus labores?".

Cristóbal Lira, jefe comunal de Lo Barnechea, indicó que "ante la crisis de seguridad los patrulleros necesitan más herramientas de protección".

Carlos Peña

El crimen como identidad

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"El crimen jamás te olvidará", así rezaba un cartel en los funerales de "el Mota", un delincuente muerto en Italia cuyos restos fueron traslados a su sepultura en Chile. El funeral, en medio del cual el letrero se emplazó, era al mismo tiempo transmitido en directo por un canal de televisión cuyos periodistas y conductores comentaban los detalles del sepelio con el mismo o parecido entusiasmo con que relatan los detalles y pormenores de un espectáculo artístico o un evento de la farándula.

El letrero que presidió ese funeral es un signo de algo particularmente grave: el crimen, es decir, la práctica de infringir la ley penal atentando con violencia contra bienes ajenos, sea la propiedad, la integridad o la vida, se instituye mediante ese letrero como una identidad, un ámbito de costumbres y formas de vida que configuran la individualidad de sus partícipes y que estos, además, esgrimen con orgullo y sin pudor, como quien exhibe su nacionalidad, su etnia o su género. Ser criminal, a la luz de ese letrero y en el ánimo de quienes lo enarbolaron, no es motivo para ocultarse, algo vergonzante que se escamotea a la vista de los otros, algo ignominioso o siquiera bochornoso, sino, por el contrario, algo de lo que enorgullecerse, algo que se puede esgrimir frente a los demás al tiempo de reclamar una posición y un lugar en este mundo.

En una palabra, en ese funeral se asomó una inédita -y peligrosa- extensión de la política de la identidad.

Hasta ahora la política de la identidad identificaba múltiples fuentes -todas legítimas, desde la etnia a la orientación sexual- y entre ellas no se encontraba el delinquir. Pero ahora el delinquir confiere identidad, un lugar que aspira al reconocimiento en la vida social. Se sabía que existían culturas criminales, pero ellas se mantenían en sordina, en secreto, y por pragmatismo o lo que fuera, sus integrantes practicaban un cierto pudor que los llevaba a ocultarse, a negar su condición; pero ahora, a juzgar por ese letrero, y por el alarde de fuegos artificiales que se lanzan, armas que se exhiben y letreros que se enarbolan en los narcofunerales, pasó la hora recoleta del ocultamiento y se configura poco a poco el crimen como una forma de vida que no rehúsa mostrarse como tal, que reclama el reconocimiento y que incluso despide, con inocultable orgullo, a sus partícipes.

Es difícil exagerar la gravedad de ese fenómeno que erige a la ilicitud, al comportamiento en contra de la ley penal, en una fuente de identidad que se reivindica y se exhibe. En una de sus páginas sobre moral Kant se pregunta si tener conciencia de la ley moral evita el mal comportamiento. Y luego de meditarlo sugiere que no, que la gente se comportará igual de mal cuando tiene conciencia de la ley moral que cuando la ignora. Pero -se apresura agregar- el mundo es mejor cuando quien obra mal sabe que infringe su deber moral, que cuando quien obra mal cree que hace bien.

Y ese es el problema que estamos experimentando en el Chile contemporáneo: quien delinque pretende obrar bien, de una manera equivalente a cualquier otra forma de vida al extremo que lo proclama en un letrero, en una pancarta. Faltará poco -es de esperar que no- para que una pancarta semejante se sume a otras demandas de reconocimiento en un estadio o en una manifestación pública.

Y si se suma a ello que los canales de televisión impulsados a medias por la tontería que a veces los inunda y el anhelo de rating, no se les ocurre nada mejor que transmitir, como si se tratara de un evento, un partido de fútbol o un certamen cívico, el funeral de esa persona, cuyos deudos lo despiden en nombre del crimen, reivindicando para él y para sí mismos la condición identitaria, según sabemos ahora, de delincuentes. Entonces, no cabe duda que el problema ya no sólo aqueja a quienes, a falta de algo mejor, refugian su identidad en el crimen, sino también a aquellos que a cambio del rating muestran sus ritos identitarios a pretexto de denunciarlos o criticarlos en la televisión. Porque ¿no se comprende acaso que entre ese letrero y estas transmisiones lo que se hace es legitimar a los ojos de sus partícipes el crimen, transformarlo en un quehacer más, con el mismo derecho a existir de cualquiera otros quehaceres y formas de vida afortunadamente menos ruidosos, amenazantes y dañinos?