Faltan cinco días para la elección de los consejeros constitucionales y el acontecer nacional respecto a temas de orden y violencia en el país sigue en la palestra. Ante ello, la seguridad pública no puede ser sólo un deber general del Estado como está actualmente, sino que debe convertirse en un derecho social. Como chilenos tenemos derecho a vivir en un país libre de violencia. Consagrar la seguridad pública como un derecho social o al menos tratarlo desde esa mirada permitirá que se corrijan las distintas inequidades que vivimos actualmente, como por ejemplo, en la distribución de las policías y de los elementos técnicos ocupados para el combate de la delincuencia.

La seguridad pública se debe evaluar de forma integral. Es importante que abordemos esta temática con la seriedad que se necesita y no al calor de la contingencia diaria, y hacerlo de forma preventiva y reactiva. Por tanto, pasar a que el rol de los municipios no sólo sea ejercer un rol preventivo en materia de seguridad, sino que darle también más atribuciones, obligaciones y presupuesto para ejecutar esas atribuciones y obligaciones. Nunca debemos olvidar al Ministerio Público en este esquema; por tanto, debemos dotar de herramientas para dar resolución a las causas judiciales de forma más rápida y eficiente, porque es parte fundamental de la seguridad pública que quienes cometen delitos no sólo sean detenidos, sino que sean también oportunamente sancionados. Nunca olvidar, eso sí, que los más importante es que el delito no se cometa y ahí el trabajo educativo en todos los ámbitos es de largo aliento.

La nueva Constitución debe tener tres ejes principales: garantía de derechos sociales, más y mejor democracia, y resguardo del medioambiente. En el primer eje es fundamental consignar y garantizar constitucionalmente la seguridad pública como derecho social. Quienes vivimos en Chile tenemos derecho a vivir en un país libre de todo tipo de violencia. En segundo lugar, me parece fundamental que se puedan consignar elementos que mejoren sustancialmente la democracia, como la descentralización, la paridad y la participación ciudadana. Respecto al resguardo del medioambiente, la planificación del país debe propender al crecimiento productivo y urbano de forma sostenible y sustentable. Esto último tiene una arista que nos afecta directamente y es que las fuentes hídricas del país se conserven de manera que garanticen el consumo humano del agua.

El nuevo texto debe velar por la justicia y la equidad, y nuestra posición es defender férreamente los derechos sociales como el corazón de la nueva Constitución. Esto se materializa al consagrar nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. La progresividad y la responsabilidad fiscal ya está zanjada en las 12 bases constitucionales de este proceso; entonces, no se trata de elegir un derecho por sobre el otro, sino de la habilitación de una buena vida para todos y todas, de acuerdo a los temas que vayamos definiendo como más relevantes en las bajadas legales parlamentarias del texto constitucional.

El corazón de la nueva Constitución debe ser la garantía de los derechos sociales en toda su extensión y esto debe ser garantizado por el Estado, complementado activamente por el mundo privado, para que el acceso a servicios sea equitativo para todos y todas. El rol del Estado subsidiario dejó a Chile en una crisis generalizada, afectando la seguridad pública, la salud, la educación, el transporte, materias donde el Estado no está llegando, y al privado no le conviene económicamente entrar.

¿Qué temáticas son prioritarias? Pondría especial acento en lo que nos han expresado las mayorías, y que fueron las demandas que levantaron la necesidad de la nueva Constitución: educación, salud, vivienda, pensiones y agregaría seguridad pública. Respecto a cómo se llevaría a cabo esa exigibilidad, es necesario asegurar la intervención del Estado con una mirada descentralizadora para el cumplimiento del rol garante de acuerdo a la realidad territorial y lograr, constitucionalmente, un rol cooperativo entre las instituciones y el fortalecimiento de los órganos fiscalizadores. Eso es clave.

¿Cuáles son los cambios necesarios y que se ajustan a las 12 bases constitucionales? Me parece importante mencionar que las reformas deben ir en pos del fortalecimiento del rol del Estado en su conjunto, entregando un rol garante para el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente. Para esto, se deben asegurar normas que permitan una descentralización efectiva: una descentralización política que garantice una participación ciudadana real, acompañada de una descentralización fiscal que distribuya de mejor manera los presupuestos regionales y comunales. Además, mejorar el control sobre los recursos públicos, dotando de mayores atribuciones a la Contraloría General de la República.