El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 6 de junio la audiencia en la que el fiscal Francisco Jacir formalizará al exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex RN) por delitos reiterados de fraude al Fisco y asociación ilícita.

A la exautoridad se le acusará de maniobras que habrían afectado gravemente el erario público desde al menos el año 2014 y hasta que se vio forzado a dejar su cargo al no poder volver a repostularse en 2021.

El Ministerio Público sindicará al exjefe comunal como líder del grupo que se habría puesto de acuerdo para defraudar al municipio. Y junto a él será imputado el ex directivo y jefe de finanzas de las corporaciones "Vita" Domingo Prieto Urrejola, quien destapó las irregularidades cometidas durante la administración anterior.

Vita Deportes

El 17 de noviembre de 2021 Prieto les dijo a los investigadores que "a la semana de asumir la nueva alcaldesa (Camila Merino) me topé con el director jurídico del municipio (Mauricio Irarrázaval) y le señalé las diversas irregularidades que se venían cometiendo en el municipio: de manera mensual y desde hacía varios años, se entregaban sumas de dinero mensualmente al alcalde Torrealba, dinero que se extraía desde Vita Deportes".

Diputados de Apruebo Dignidad presentaron ayer un proyecto de ley para que municipios puedan requisar viviendas o terrenos asociados a delitos. En una actividad en la que participaron también alcaldes oficialistas, el jefe municipal de Cerro Navia, Mauro Tamayo (independiente), explicó que esta medida apunta a poder modificar la ley de rentas municipales para facilitar y confiscar "terrenos y también pueden ser casas o pequeños condominios. Ocurre mucho que se toman una casa y esta la adaptan y la transforman. Entonces, donde debería vivir una familia, viven 10 o 20". El diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter expresó que "lo que nos dicen los vecinos es que la sensación de que el narcotráfico y el delito hoy tenga lugares establecidos genera impotencia y una sensación de que el delito se empieza a tomar el territorio y a ejercer control".

"Hemos querido manifestar públicamente un convencido apoyo a nuestra colega María Pardo en el contexto de su actual candidatura al Consejo Constitucional por la Región de Valparaíso". Con estas palabras, un grupo de académicos de la Región de Valparaíso, entre los que figuran Jessica Fuentes Olmos, Luis Rodríguez Collao, Jaime Bassa Mercado y Laura Mayer Lux, hizo público su apoyo a la candidatura y al programa constitucional de María Pardo, abogada, profesora de Derecho Constitucional, doctora en Derecho por la Universidad Católica de Valparaíso y candidata al Consejo Constitucional en representación de la Región de Valparaíso.

Estado social y democrático de derecho

A través del documento "Un Chile que nos proteja: ideas para una propuesta constitucional",

disponible en el código QR a continuación y elaborado en conjunto con algunos de sus pares, entre otros colaboradores, Pardo expone las principales ideas que intentará promover al interior del Consejo de resultar electa. La abogada detalla aquellos puntos fundamentales que han surgido del diálogo con las bases de su partido y del encuentro con las comunidades durante la campaña.

Al respecto, afirma que "todos quienes deseamos integrar el Consejo Constitucional debemos asumir que se trata de un encargo hecho al grupo. Más que promesas de campaña, lo que corresponde es expresar ideas para un diálogo que la ciudadanía espera que se produzca entre quienes resulten electos".

En el documento, María Pardo explicita los tres pilares que sostienen su idea de Constitución: en primer lugar, el "Estado de derecho" como un Estado que enaltece el valor y cumplimiento de la ley; que levanta propuestas relativas a la modernización de las policías y las fiscalías, y el combate contra la delincuencia y la corrupción política.

Por otra parte, el de "Estado social", que exige a las autoridades el deber de cuidar a la ciudadanía frente a las situaciones de necesidad y abuso. En este sentido propone el fortalecimiento de la provisión pública de los derechos sociales, como por ejemplo salud, educación, pensiones y vivienda.

Por último, el Estado "democrático". Es decir, un Estado que canalice la voluntad de la ciudadanía. Frente a la actual Constitución de 1980, esto impone el desafío de eliminar los cerrojos que se han impuesto a la voluntad popular y lubricar los canales que permitan que las y los ciudadanos tengan real capacidad de incidir en las decisiones que guiarán el destino del país.

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