Muy recientemente, en San Esteban, se realizó la quinta mesa Aconcagua, organizada por el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Un encuentro bien oportuno podrá pensar usted ante la gravedad de la crisis hídrica que todavía azota a nuestra Región de Valparaíso y la falta evidente de soluciones tangibles. Desafortunadamente, si bien las conclusiones y acuerdos que se generaron con las instituciones Indap, CNR, DGA, DOH y Minagri fueron fomentar la reutilización de aguas servidas, la desalación y nuevas obras de almacenamiento, también surgió una "solución" particularmente preocupante: redistribuir las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca. En los próximos párrafos quiero explicarle mediante dos casos internacionales por qué la redistribución del agua -una medida que parece bien intencionada- podría llevar a un resultado calamitoso en términos de disponibilidad de este recurso natural.

El primer caso es Australia, país que al igual que Chile viene sufriendo desde ya hace décadas los efectos del cambio climático y donde el modelo de utilización del agua también tiene una lógica de mercado para garantizar su mejor utilización. Sí, leyó bien, Chile no es el único país donde existen derechos de aprovechamiento privados de agua, también existen en Australia, parte de Estados Unidos e incluso Irán. Similar al caso chileno, Australia tiene una economía basada en la explotación de recursos naturales y servicios de alto valor agregado. Además, entre un 70% a un 80% del agua dulce que ocupa Australia es utilizada en la agricultura considerando que su población es de alrededor de 25 millones de personas. Desgraciadamente, entre los años 2000 y 2010, este país tuvo que enfrentar suministros restringidos de agua. De hecho, se habló de la "sequía del milenio". Sin embargo, a pesar de lo que el activismo ha querido mostrar, el país ha podido sortear exitosamente sus conflictos ambientales con el modelo de aprovechamiento privado de derechos de agua.

¿Cómo surgió este modelo de derechos privados de aprovechamiento de agua en Australia? Hay que remontarse a los años 1980, cuando el agua era un recurso común para distribuirse entre regantes y distintos usuarios de las cuencas de agua. Usted se preguntará cuál fue el resultado de esta política redistributiva, pues escasez de agua y deterioro ecológico. Cuando un bien "es de todos", pasa inmediatamente a ser de "nadie", produciéndose la así llamada "tragedia de los comunes": si no existen propietarios responsables de un recurso, a nadie le va a importar que este se agote o deteriore, sino más bien "utilizarlo al máximo posible antes que otro lo haga" y "nos gane el quien vive". Por esta razón, las cuencas australianas empezaron a deteriorarse. Esto llevó a una reforma nacional de aguas y a la introducción de los mercados de agua, particularmente en la cuenca Murray-Darling en 1992, que desembocarían en una ley para regular los mercados de agua en 2007, mediante diversos instrumentos y normativas. Hoy, Australia es líder en los mercados de agua con ganancias anuales empinándose en los 5,2 billones de dólares australianos, generando mercados dinámicos, asignación eficiente del recurso agua y una mejor calidad ambiental de las cuencas.

El segundo caso es Sudáfrica. Casi a "nivel Dios" en la mala gestión del agua. En este país el partido Congreso Nacional Africano (CNA) -en el poder desde 1994- estableció una política de "agua gratis para todos". Sudáfrica ha tenido por décadas problemas de acceso al agua, particularmente su población negra perjudicada gravemente por el Apartheid. Por esta razón, el gobierno sudafricano estableció en 2001 la política de agua potable gratis que "aseguraba" la distribución de 6.000 litros de agua mensuales por familia. A pesar de que la idea en el discurso parecía una maravilla, tal política resultó ser un rotundo fracaso. En primer lugar, no existía una infraestructura suficiente para garantizar que el agua le llegase a quienes más la necesitaban, teniendo los municipios locales que lidiar frente a abultadas cuentas de reparación y mantenimiento de sistemas de distribución. Segundo, al ser una política universal, se malgastaba agua favoreciéndose a quienes no la necesitaban dado que no distinguía entre ricos ni pobres ni entre el número de habitantes de un hogar. Además, si un hogar se pasaba del consumo de 6.000 litros mensuales tenía que pagar una elevada tarifa de sobreconsumo. Es decir, esta política no cumplió ninguno de sus objetivos: ni consiguió dar acceso a los más necesitados ni tampoco aseguró mayor acceso al agua a la población. De hecho, seis años después de la implementación de la política el 25% de la población más pobre aún no tenía acceso al agua. Al contrario, quienes resultaron más beneficiados fueron los sectores de mayores recursos.

Al contrario de los dos casos anteriores, un caso de éxito en políticas de gestión del agua es Israel: un país semidesértico, pero muy pragmático, que gracias a la inversión de privados ha desarrollados enormes reservorios artificiales de agua, reutilizado prácticamente el 98% del agua residual e instalado plantas desalinizadoras de osmosis inversa a lo largo de su territorio. Hoy, Israel es un vergel y ejemplo de gestión del agua de clase mundial, generándose agua a precios competitivos, permitiendo a toda su gente beneficiarse en forma segura del recurso.

Teniendo en cuenta los ejemplos proporcionados anteriormente, ¿es posible confiar en el éxito de una política redistributiva promovida por el gobernador Mundaca? Al contrario, esta política redistributiva para la cuenca del Aconcagua deja varias interrogantes tales como: ¿bajo qué criterios se va a redistribuir el agua en las diferentes secciones de la cuenca? ¿Existirá la infraestructura suficiente para asegurar el acceso al recurso en el tiempo cuando arrecie más la sequía? ¿Cómo se asegura que esta política de redistribución no termine con actividades productivas que dan empleo y que mantienen los precios de los vegetales a un costo razonable? Y finalmente, ¿se estará transparentando un verdadero plan de corto, mediano y largo plazo con objetivos, metas, actividades concretas, recursos oportunamente disponibles y responsables de su implementación?

Existen más dudas que certezas acerca de una política redistributiva de tal naturaleza. Han pasado aproximadamente dos años desde que el gobernador Mundaca asumió su cargo y todavía no se ven avances tangibles en la forma de un plan hídrico eficaz para la región. Un plan que permita mejorar la oferta de agua, para que todos los usuarios -incluida la agricultura campesina de pequeña escala- que la necesitan tengan oportuno acceso a esta. Tampoco se le ve al gobernador gestionando con el comité de ministros del presidente Boric un protocolo de acuerdo para destrabar rápidamente los proyectos de inversión que involucren la instalación de plantas desalinizadoras o de reutilización de aguas residuales por parte de Esval. Estoy seguro que un acuerdo de estas características sería aplaudido transversalmente por la mayoría de los sectores políticos. Desafortunadamente, esta gestión no se ha visto ni de parte del gobernador ni de los colegas que integran la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Regional de Valparaíso.

¿Redistribuir aguas?