Cuesta entender la ligereza que ha tenido el Gobierno en el nombramiento de las dos últimas delegadas presidenciales provinciales de un territorio tan importante como San Felipe, que agrupa a más de 150 mil personas en las comunas de San Felipe, Llay Llay, Putaendo, Santa María, Catemu y Panquehue. Ya en enero, solo horas después del anuncio en la estación de Limache del tren a Santiago que unirá Viña del Mar con la capital con paradas en Limache, La Calera, Llay Llay, Tiltil, Batuco y Quinta Normal en una hora y media, la titular inicial, la abogada del Partido Liberal, Scarlett Valdés, fue removida de su cargo sin explicación alguna a la población, dando pie a los nunca convenientes trascendidos de que su salida se produjo por su excesiva exposición en redes sociales y su informal estilo de trabajo. Una de las críticas que se le hicieron era que tampoco provenía de la zona en comento. Por ello su reemplazo, la exabogada municipal sanfelipeña Maricel Martínez Vicencio (PPD), parecía un nombre de consenso para una zona tan necesitada de liderazgos y vínculos con La Moneda. Empero, en medio de otra bastante confusa situación, Martínez renunció la semana pasada en medio de una polémica en que se le acusa del no pago de pensión alimenticia a su exmarido y padre de sus dos hijas, quien la habría demandado. La hoy exdelegada presentó su renuncia, aunque aclaró no tener causas pendientes en Tribunales de Familia vinculadas a deudas en el pago de pensión de alimentos. Asimismo, acusó "machismo, misoginia, maltrato y persecución de algunos medios de comunicación, quienes sin poder cuestionar mí desempeño en el cargo en estos cuatro meses, han atacado mi vida familiar". Su antecesora también planteó lo de la misoginia. Raya para la suma, quien subrogará en el cargo será el actual titular de la provincia de Los Andes, Cristian Aravena, con los inconvenientes lógicos. Entretanto, la provincia deberá seguir esperando.

El debate en torno al salario mínimo es recurrente en la economía de los países y Chile no es la excepción. Hoy parece estar más presente, debido a la discusión del aumento gradual del sueldo mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, proyecto que está en el corazón del programa de gobierno del Presidente Boric. El salario mínimo se establece como un piso salarial que busca proteger a los trabajadores y garantizar un nivel mínimo de ingresos. Sin embargo, su implementación puede tener consecuencias en el mercado laboral que deben ser cuidadosamente consideradas. Analizaremos los aspectos positivos y los desafíos que surgen al establecer un salario mínimo, así como algunas consideraciones clave que deben tenerse en cuenta.

Uno de los principales argumentos a favor del salario mínimo es su capacidad para promover la justicia salarial y garantizar un ingreso mínimo para los trabajadores. Al establecer un umbral salarial mínimo se busca proteger a los trabajadores más vulnerables y reducir las desigualdades en el mercado laboral. Esto puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de bajos ingresos y reducir la pobreza laboral.

Sin embargo, es importante considerar los posibles efectos en la demanda de empleo. Al aumentar el costo laboral para las empresas, un salario mínimo más alto puede llevar a una reducción en la contratación de trabajadores o a una disminución en las horas de trabajo. Esto puede afectar especialmente a las empresas de menor tamaño, que pueden tener menos capacidad para absorber el aumento de los costos laborales. Es esencial evaluar cuidadosamente estos efectos y encontrar un equilibrio para no desincentivar la creación de empleo. Otro aspecto relevante es el impacto del salario mínimo en la productividad y la competitividad de las empresas. Al establecer un salario mínimo se busca incentivar a las empresas a mejorar la eficiencia y la productividad de sus trabajadores. Sin embargo, un salario mínimo demasiado alto en relación con la productividad puede generar presiones adicionales sobre las empresas, especialmente en sectores con márgenes de beneficio reducidos. Esto puede afectar su competitividad en el mercado nacional e internacional.

Sin lugar a duda, el debate sobre el salario mínimo y su impacto en el mercado laboral es complejo y requiere un análisis cuidadoso desde una perspectiva integral. Si bien el establecimiento de un salario mínimo puede promover la justicia salarial, es necesario considerar sus posibles efectos en la demanda de empleo y la competitividad empresarial.

Para abordar estos desafíos, es fundamental implementar políticas complementarias que fomenten la productividad, la formación laboral y la innovación. Es necesario complementarlo con políticas activas de empleo y educación, así como con medidas para fomentar la innovación en las empresas. Estas políticas pueden incluir programas de capacitación, incentivos fiscales o la promoción de la inversión en tecnología. Sólo a través de un enfoque integral y equilibrado podremos lograr un mercado laboral inclusivo y sostenible en el tiempo.