Nicolás Donoso A.

La crisis de contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví no da tregua y así lo demuestran los reiterados eventos que han afectado a la comunidad. Ayer, un nuevo episodio de contaminación -el cuarto consecutivo de esta semana- dejó un saldo de 20 personas afectadas, lo que nuevamente pone en tela de juicio las medidas adoptadas por las autoridades. Alcaldes y habitantes de la zona claman por acciones urgentes.

La Seremi de Salud confirmó que estudiantes y funcionarios resultaron afectados y tuvieron que ser atendidos por equipos de salud, dejando la cifra de 20 personas diagnosticadas "con síntomas por efecto de gases contaminantes".

Pese a las diferentes acciones adoptadas, como la alerta sanitaria decretada por el Minsal, las medidas provisionales que dictó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en contra de siete de las empresas que operan en el cordón industrial, el despliegue de equipos fiscalizadores con el objetivo de corroborar las condiciones ambientales y el cese de operaciones de la fundición Ventanas de Codelco, los eventos de contaminación no cesan.

Falta decisión política

Para el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, si bien el cierre de la fundición "es un paso importante, no es todo lo que necesita el cordón industrial", ya que "también hay otras empresas que siguen con el funcionamiento y, en este último tiempo, las intoxicaciones que hemos tenido en los colegios no tiene que ver con empresas como la refinería de cobre, sino más bien con las empresas que manipulan combustible. Ese problema aún no está solucionado".

El jefe comunal sostuvo que "lo que más nos preocupa es que a aun con estas medidas que ha tomado el Gobierno, como la alerta sanitaria, seguimos teniendo niños con problemas. Por lo tanto, son herramientas que se van sumando y que sirven, pero aquí falta una decisión política de verdad de solucionar el problema rápidamente, y así espero que lo tome el Gobierno".

Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, precisó que el cese de operaciones de la fundición "lo tomamos como una oportunidad para que, de una vez por todas, comencemos a trabajar con el Presidente de la República y las distintas autoridades, en políticas de carácter medioambiental que permitan mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, con nuevos aportes públicos y privados, que nos permitan dar un salto en infraestructura, donde la recuperación y reparación medioambiental sea un eje fundamental en cada una de nuestras acciones".

Morales agregó que a lo anterior se deben sumar "medidas concretas a la normativa ambiental, el ingreso al sistema de Evaluación Ambiental de todas las empresas que se encuentran en la bahía de Puchuncaví, la priorización de proyectos con alto impacto social en la comuna, junto con cambios legislativos, para que de una vez por todas Puchuncaví y sus 22 localidades puedan contar con las herramientas suficientes que la pongan con un pie en el desarrollo sustentable".

Medidas erróneas

Respecto a las acciones que ha tomado el Ejecutivo para enfrentar la crisis, la presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, María Araya, aseveró que son totalmente erróneas y que "son medidas muy laxas y que no están dando una solución para parar las intoxicaciones. (...) Ayer (anteayer), justamente con el cierre de la fundición Ventanas, en el Colegio Alonso de Quintero 36 niños cayeron intoxicados, habiendo paro de profesores y marcha".

Puntualizó que "el Presidente de la República fue a Brasil y habló sobre los derechos humanos en Venezuela, y no ve que se están vulnerando los derechos humanos acá en nuestras comunas, sin poder llevar a nuestros hijos al colegio, a jugar y a que tengan una vida normal".

Comunidad cansada

En tanto, la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Quintero, Isabel Cartagena, quien junto a la comunidad educativa se manifestaron ayer a las afueras del Congreso Nacional, en el marco de la segunda Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, debido a la actual situación que afecta a la comuna, afirmó que el objetivo de la concentración fue "visibilizar una vez más la problemática medioambiental de la comuna y dejar en claro que las medidas son insuficientes, ya que nuevamente hay estudiantes intoxicados".

La dirigente manifestó que "le exigimos a las autoridades que cumplan con el aumento de recursos. (...) Este aumento en el presupuesto se enfoca en contratar profesionales de salud, tanto física como mental, y enfrentar los episodios de contaminación".

"Aquí falta una decisión política de verdad de solucionar el problema rápidamente".

Mauricio Carrasco, Alcalde de Quintero

"Son medidas muy laxas y que no están dando una solución para parar las intoxicaciones".

María Araya, Pdta. del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño

Luego que el pasado sábado se publicara en el Diario Oficial el decreto del Ministerio de Salud (Minsal) que permitió que la alerta sanitaria entrara en vigencia en Concón, Quintero y Puchuncaví, una polémica se generó a partir de la denuncia realizada por el consejero regional Manuel Millones (Ind. ex-UDI) y la diputada Camila Flores (RN), quienes apuntan que la medida no contempla recursos y que los funcionarios que trabajan en la oficina sanitaria instalada en Quintero para prevenir y fiscalizar eventos de contaminación ambiental, no tienen las facultades para dicha labor fiscalizadora.

"No pueden fiscalizar"

En conversación con este Diario, Millones explicó que el Ministerio de Salud "abrió la oficina y prácticamente la mayoría de sus funcionarios están bajo el Código del Trabajo. Al estar bajo esta normativa, no tienen responsabilidad administrativa y no pueden fiscalizar ni abrir sumarios sanitarios".

El core fue más allá y subrayó que "por lo tanto, cuando ocurre algún episodio tienen que concurrir los funcionarios que están en Viña del Mar, que son de planta, para ejecutar esta función. Es decir, hay una duplicidad de errores. Pero, además, la persona que está cargo de esta oficina es una enfermera que trabaja en el Hospital Gustavo Fricke y que fue asignada en comisión de servicio".

Asimismo, detalló que otra de las problemáticas es que "el decreto de alerta sanitaria que estableció el Gobierno no lo acompañó de recursos. Por lo mismo, el llamado es a la ministra (Aguilera) para hacer esta corrección, cambiar los contratos de los funcionarios para que tengan competencias y responsabilidad administrativa y dar los recursos que sean necesarios para que esta oficina funcione".

En esa línea, la diputada Camila Flores puntualizó que lo que exigen es que "el Gobierno modifique este decreto e incorpore los recursos suficientes para realizar una buena labor preventiva y de fiscalización. Por lo mismo, he oficiado sobre esta materia a la ministra de Salud".

Respuesta de seremi

Ante la consulta de este Diario, la seremi de Salud, Lorena Cofré, no se refirió directamente a la denuncia realizada por Millones y Flores, pero sí aclaró que "desde el 2022 establecimos una oficina territorial en la zona para implementar acciones preventivas, de mitigación, fiscalización y reparación en un trabajo mancomunado con las vecinas y vecinos y la red asistencial de salud, de forma rápida y eficaz".

"La mayoría de sus funcionarios están bajo el Código del Trabajo (...) y no tienen responsabilidad administrativa".

Manuel Millones, Consejero regional