El grupo de expertos encargado de redactar un anteproyecto de nueva Constitución acordó definir a Chile como un "Estado Social y Democrático de Derecho". Nombre muy atractivo, sin duda, pero como todos los nombres, puede significar muchas cosas. Unas buenas; otras, no tanto.

De hecho, el origen del nombre obliga a ponerse en guardia. Se trata de un nombre acuñado por quienes reconocen filas en los grupos y partidos socialistas y marxistas y, según ellos, el haber definido así a Chile supone que el Estado deberá proveer a todas las personas que son sus miembros los denominados "derechos sociales". Y hacerlo en forma gratuita. Entre otros: educación, salud, vivienda, previsión social, por no agregar vacaciones, diversiones, viajes, etc. Es decir, una explosión de derechos que cada persona podrá exigir sin límites al Estado. Es lo que ellos denominan el "Estado solidario" como contrapuesto al Estado subsidiario que, siempre según ellos, sería un estado egoísta al servicio de los más "poderosos".

Nada nuevo bajo el sol. Ese estado solidario ya existió, aunque con distintos nombres, precisamente en los países en que esos grupos y partidos alcanzaron el poder y se entronizaron por la fuerza largo tiempo en él. Se trataba de un Estado "abarcalotodo" y, por ende, ineficiente e inútil, pues partía de la base de condenar cualquier ejercicio de las libertades personales sobre la base de considerar que ese ejercicio era el camino para el triunfo del egoísmo. La consecuencia fue terrible: como nunca fueron capaces de generar los recursos suficientes para hacer frente al cumplimiento de sus promesas, al final este cumplimiento se resolvió en la entrega de una "tarjeta de racionamiento" por la cual aseguraban a cada persona una cuota mínima de productos, lo justo y necesario para que no muriera de hambre o de frío; y que, además, para recogerlos, debía hacer interminables colas como fue en Chile entre 1970 y 1973. Aun así, en muchos de esos países hubo muchedumbres que sí murieron de hambre y de frío. Esa fue la "igualdad" que produjeron esos grupos. Y no tengo dudas de que, en manos de ellos, el pomposo nombre de Estado Social y Democrático de Derecho no va a servir, ahora entre nosotros, sino para esconder un fracaso similar.

Contra ese intento -más allá del nombre que se le quiera dar- hemos de luchar con toda decisión y precisamente por amor a los más pobres y vulnerables que siempre son las primeras víctimas de estos intentos de demagogia. Es cierto que un Estado bien organizado debe ser capaz de producir los bienes y servicios necesarios para el mejor vivir de sus miembros, pero para ello debe precisamente recurrir al esfuerzo de todos y, por ende, debe abrir espacios para que podamos ejercer una libertad creativa y responsable, lo cual supone, desde luego, asegurar el respeto al derecho de propiedad. Este es precisamente el "Estado subsidiario", como lo hemos vivido en Chile durante los últimos 40 años con el éxito que conocemos y que, contra lo que dice la demagogia, ha llegado a todos los chilenos. Y que es efectivamente solidario. No sólo de nombre.

Si el país en los últimos cinco años ha retrocedido, si la pobreza ha aumentado y las condiciones de vida se han deteriorado, es precisamente porque en él se ha debilitado ese carácter subsidiario del Estado. Es de esperar que el recién elegido Consejo Constitucional ponga las cosas en su lugar e impida que Chile pueda ser la víctima de estas ensoñaciones socialistas. Es el camino para que el nombre de Estado Social y Democrático de Derecho signifique, efectivamente, un bien para todos los chilenos.

Los más pobres y vulnerables se lo agradecerán.