Fue el senador Ricardo Lagos Weber quien en el marco de la celebración del Día de los Océanos dio la primera señal pública de una noticia que ya se comentaba en voz baja en las altas esferas de la Armada. No por nada, al evento, realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional el jueves de la semana pasada, llegó buena parte del Alto Mando de la institución, partiendo por el comandante en jefe, almirante Juan Andrés de la Maza; el director de la Directemar, VA Fernando Cabrera; el director del SHOA, VA Arturo Oxley; el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, CA Juan Gajardo, y tantos otros, entre los cuales, sin embargo, llamó poderosamente la atención la ausencia del jefe de la primera Zona Naval, el CA Juan Pablo Zúñiga.

Junto a ellos, y en la primera fila, el canciller Alberto van Klaveren, la senadora Isabel Allende, el diputado Jorge Brito y otros estelares del Congreso estuvieron presentes cuando se anunció un poderoso guiño de la "política exterior turquesa" del Gobierno de Boric, el que se viene trabajando desde comienzos de año, en los días de la excanciller Antonia Urrejola: Chile tiene la intención de postular a Valparaíso como sede permanente de la Secretaría del Tratado para la Conservación de la Biodiversidad más allá de las áreas de Jurisdicción Nacional, BBNJ por sus siglas en inglés (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo trabajar en la regulación y protección de la biodiversidad marina en áreas y espacios que están fuera de jurisdicciones nacionales.

La posta fue tomada por el sucesor de Urrejola, Alberto van Klaveren, quien precisamente viajará el próximo 19 de este mes a Nueva York a formalizar la propuesta que, de convertirse en realidad, pondría a Chile en la órbita de la nueva gobernanza marítima de la ONU, en un ejercicio teóricamente similar al de la Cepal instalada en Vitacura, Santiago, desde fines de la década del 40, pero esta vez con características mundiales y no sólo con influencia en América Latina y el Caribe.

Por lo mismo, el Gobierno ha sondeado con la Armada la eventual disponibilidad de un espacio que permita albergar a cientos de funcionarios internacionales de forma permanente, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. La primera idea del brainstorming fue la compra del edificio de la Sudamericana de Vapores (CSAV) de la Plaza Sotomayor, construido en 1876, ampliado y reformado en 1990, subutilizado tras la fusión con Hapag Lloyd y cuyo propietario -el Grupo Luksic- ha manifestado intenciones de vender desde hace un buen tiempo. También se mencionó un eventual arriendo o comodato de una parte del Fundo Naval al final de la recta de Las Salinas. ¿Placilla? Demasiado lejos.

Pero quien ya se enteró de esto fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a quien la primera de las opciones le hace completo sentido en la conformación de su eje estratégico de reactivación económica y portuaria (a través de su marcado apoyo político a la resucitada tramitación de la expansión del Espigón), permitiendo darle vida al Barrio Puerto que, más allá de la recuperación del edificio La Nave, no ha podido levantar cabeza en la última década.

De acuerdo con las primeras argumentaciones de la excanciller Urrejola, traer la BBNJ a Chile sería también "una forma de generar puentes hacia la creación de conocimiento en centros de investigación, hacia los pueblos indígenas y los conocimientos tradicionales".

Los juristas y especialistas de Derecho Marítimo, en tanto, también ven con buenos ojos la conformación de un régimen integrador que promueva la cooperación y la coherencia en la gobernanza global del océano más allá de las zonas económicas exclusivas.

Otros que miran la posibilidad con optimismo son stakeholders la Liga Marítima y las universidades locales, las cuales también han participado tangencialmente en la promoción de los océanos en el debate constituyente, algunos de cuyos argumentos fueron utilizados en las negociaciones multilaterales en la ONU para formular, junto a otros estados, el tratado BBNJ, que tiene un capítulo fundamental de construcción de capacidades y de transferencia de tecnologías, además de una gobernanza para las acciones que los países deseen desarrollar en altamar.

De concretarse, ¿se imaginan el golpe de efecto que la instalación de un organismo internacional integrado (no como el Congreso) tendría para la ciudad de Valparaíso o, en segunda instancia, de Viña del Mar?

Preparen la jalea para la lucha cuerpo a cuerpo que se viene entre ambos jóvenes alcaldes.

¿Requiere nuestro país una ley de Educación Sexual Integral? Sí. Pero empecemos por el principio. El año 2010, al final del primer gobierno de la expresidenta Bachelet, entró en vigor la Ley 20.418, que estableció normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Su artículo 1°, inciso cuarto, señala que, tratándose de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, estos deberán incluir dentro del ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual responsable, acorde con los principios y orientaciones del respectivo establecimiento.

La educación sexual integral es importante porque los niños, niñas y adolescentes necesitan información adecuada para prevenir el embarazo juvenil y las enfermedades de transmisión sexual (como el VIH, que en Chile ha alcanzado cifras alarmantes); para detectar situaciones de riesgo de agresión sexual; para conocer el cuerpo humano; y para promover el respeto por las distintas identidades y expresiones de género en el marco de una sociedad abierta y pluralista.

Tiene sentido que todo esto se haga desde la enseñanza media. Menos claro, sin embargo, es que por ley se exija a los sostenedores de los colegios comenzar estos programas formativos desde la temprana infancia, pues es dudoso que actividades de este tipo en niños de tan corta edad (en etapa preescolar y básica) cumplan con el principio de autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos. No olvidemos que, como sociedad, hemos acordado emplear el derecho penal para castigar ciertas conductas que involucran a personas menores de 14 años, independiente del "consentimiento" del niño o niña, o de su eventual "disfrute" sexual.

Las formas importan, y mucho. No es lo mismo una charla sobre anatomía o sobre las distintas identidades y expresiones de género (siempre que haya consentimiento informado de los padres o guardadores) que, por ejemplo, hacer participar a los niños en actividades que impliquen tocamientos en sus zonas erógenas, o en una representación simbólica de un matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por eso, la bajada de la ESI a la enseñanza básica y preescolar debe ser estudiada con sumo cuidado, desapasionadamente y con altura de miras. El paso previo a la obligatoriedad de la ley es la deliberación en el Parlamento, pero es útil recordar que obligación no es sinónimo de imposición. La democracia obliga mediante la regla de la mayoría, pero no impone una determinada visión del mundo ni persigue a los disidentes. Esto último es propio de las dictaduras y de los regímenes totalitarios.

También sería bueno debatir si como sociedad estamos dispuestos a seguir al pie de la letra una agenda globalista (ONU/OCDE) en tiempos de desglobalización, considerando que las sociedades se mueven muy lentamente y la nuestra no es la excepción.