Katherine Escalona M.

En el Concejo Municipal de ayer, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el director de Asesoría Jurídica del municipio, Nicolás Guzmán, analizaron la situación del atentado con un explosivo a una torre de alta tensión de Chilquinta, en el Fundo Las Cenizas, en Placilla, situación por la cual -explicaron- interpusieron una querella que solicita una serie de diligencias al Ministerio Público para avanzar en la investigación.

El jefe comunal precisó que después de ser presentada la acción judicial, esta "fue aceptada por parte del Juzgado de Garantía y esto nos va a permitir ser parte de la investigación, solicitar diligencias investigativas, acceder a las conclusiones del informe pericial que se va a realizar para poder saber qué pasó, que es lo más importante".

Agregó que los hechos son graves y "estamos hablando de una intención de infligir daño, por eso es un hecho grave, pero que requiere una investigación exhaustiva, rápida y transparente de las policías y fiscalías". En la querella se invocó el artículo 213 de la Ley General de Servicio Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica, que establece penas de reclusión de grado mínimo en casos menores y reclusión menor en grado máximo si hay lesiones graves.

Guzmán especificó que se acreditó legitimación activa del municipio por "funciones vinculadas por la prevención y funciones vinculadas con la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal" y se solicitó "que el Ministerio Público realizara diligencias".

En particular, recalcó, "que se despachara una orden de investigar a la Brigada Especializada en Investigaciones y Desactivación de Artefactos Explosivos y Contra Amenazas de la Policía de Investigaciones; se despachara una solicitud de informe al grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, el Gope; y se solicitara informe a la empresa Chilquinta respecto de los antecedentes de los hechos ocurridos", a lo que podrían sumar diligencias.

Avances en causa

A nivel nacional también hubo reacciones sobre la causa de Valparaíso, que es parte de una seguidilla de episodios registrados en el país. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con el fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, que lidera la investigación. La autoridad de Gobierno aseveró que "estos son actos terroristas, pero hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguir estos hechos".

En ese sentido, descartó aplicar la Ley Antiterrorista y aludió a la Ley de Control de Armas. Cuando existen hechos graves, dijo, "lo que corresponde es colaborar", por lo que habrá un aumento de capacidades de recursos. Monsalve afirmó que "no hay que, de manera prematura, llegar a conclusiones ni tampoco radicar responsabilidades".

El fiscal Barros sostuvo que la visita "es de mucha relevancia, puesto que es un respaldo al trabajo que se está haciendo". Aclaró que "desde el 2019 a la fecha hemos tenido 22 hechos de colocación de artefactos explosivos, donde también hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a condenas que se han logrado".

El persecutor precisó que la investigación es reservada y "habría ciertas características que los hacen similares", pero no confirmó autorías ni nada al respecto. Indicó que "muchos grupos están siendo investigados" y, entre ellos, la publicación de El Ciudadano.

"No hay que, de manera prematura, llegar a conclusiones ni tampoco radicar responsabilidades".

Manuel Monsalve, Subsecretario del Interior

"(La querella) nos va a permitir ser parte de la investigación, solicitar diligencias investigativas".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

Diversas reacciones ha tenido la detención de la concejala Zuliana Araya (ahora independiente y ex-PPD), quien fue aprehendida el fin de semana por el delito de amenazas de muerte contra vecinos, tras una compleja situación que se desató en su residencia. Contrario al silencio que han guardado autoridades municipales sobre el tema, los vecinos sí han alzado la voz denunciando "abusos" por parte de la edil porteña.

A través de un comunicado, residentes organizados que no pertenecen a la Junta de Vecinos del cerro Panteón, que está inactiva, explicaron que el hecho no es aislado, "sino que viene ocurriendo desde hace más de diez años".

Testimonios

Uno de los vecinos del barrio, quien no se quiso identificar por temor a las represalias, expuso que "por fin se está dando a conocer la verdadera cara de la concejala, porque esto no ha sido solamente con una persona, sino ya con seis arrendatarios, y cuando el departamento estaba vacío era lo mismo con otros vecinos. Sabemos que el dueño del departamento está tomando acciones legales y creemos que hay problemas de la concejala, porque no es normal que empiece de la nada a hacer alboroto".

Destacó que "la concejala se jacta de haber estado presa por matar gente, lo cual dice en todas sus amenazas y está todo registrado en videos, por eso esperamos que el municipio recapacite y no dejen a gente así en cargos tan importantes".

Otro residente del lugar contó que "es la concejala quien comienza las discusiones, porque dice que le molesta el ruido de los vecinos. Primero comienza a silenciar y luego sube de tono hasta llegar a las amenazas". Consignó que "existe un caso donde hay amenazas en contra de ella, pero son otros vecinos que se fueron. Y la detención, por lo que vimos, no fue con maltrato de carabineros como expuso ella".

Manifestó que "esto no es algo de ahora, es una conducta habitual. Ha tenido problemas con otros vecinos y, en este caso, parte el problema con los vecinos que viven en el piso de arriba a su casa. Por los ruidos y luego los conflictos suben exponencialmente. La concejala tiene la costumbre de golpear con un palo, grabar a la gente y amenazar constantemente".

Desde Comunicaciones del municipio informaron que "no nos vamos a pronunciar, porque entendemos que se iniciará un proceso legal que esperamos resuelva las controversias existentes". La Fiscalía confirmó que la edil quedó apercibida y se abrió una causa producto de la denuncia.

Ayer, en el Concejo Municipal, nadie se pronunció. La concejala tampoco respondió a este Diario.

"Esperamos que el municipio recapacite y no dejen a gente así en cargos tan importantes".

Vecino del cerro Panteón

En medio de la crisis a nivel nacional por el auge de las enfermedades respiratorias, la seremi de Salud, Lorena Cofré, detalló ayer que la ocupación de camas pediátricas alcanza un 89% en la Región de Valparaíso.

La autoridad, además, sostuvo una reunión con la Asociación de Municipios de la región, con el fin de aunar esfuerzos, entendiendo que los alcaldes son los encargados de administrar la red de Atención Primaria de Salud (APS) de cada comuna.

Sin embargo, un nuevo episodio de contaminación se registró en la bahía de Quintero. La situación afectó a estudiantes y funcionarios de colegios de Quintero y Puchuncaví, quienes fueron atendidos en sus mismos centros educativos por equipos de salud del Hospital Adriana Cousiño, de las APS de Quintero y Puchuncaví. De los 55 casos atendidos, 43 fueron diagnosticados con síntomas por efecto de gases contaminantes y se adoptaron los protocolos pertinentes.