Katherine Escalona M.

Un grupo de locatarios porteños expuso ante el Concejo Municipal las dificultades que tienen para pagar a Bomberos los informes que exige la ordenanza N°75, del 1 de febrero de 2005, dirigida a "Pubs, Restaurantes de Turismo, Hoteles de Turismo, Discoteque". La norma obliga a la obtención de los certificados externos que emiten Bomberos y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) luego de fiscalizar las conexiones de cada local, y que son indispensables para obtener la patente municipal de funcionamiento.

Según el artículo 2 de la ordenanza, integrado el 13 de diciembre de 2018, los locatarios deben pagar las citadas certificaciones "al momento de la presentación inicial para obtener patente de funcionamiento" y "con posterioridad al otorgamiento de la patente, los referidos certificados deberán ser presentados por el contribuyente cada dos años", situación que preocupa a la Asociación Gremial del Barrio Puerto, que agrupa a 75 locales, que dice no tener solvencia económica para responder a dicha exigencia.

El dirigente de la Asociación Gremial Barrio Puerto Omar Reyes explicó ayer al Concejo que el pago a Bomberos consiste en "3 Unidades de Fomento (UF) por metro cuadrado", a lo que se suma la cancelación a la SEC, que trabaja con fiscalizadores externos que cobran desde los $80 mil a los $200 mil por visita, monto que provoca, a su parecer, preocupación en los locatarios que han tenido bajas considerables en sus ventas que se vieron acrecentadas por la pandemia.

"El problema se va a suscitar cuando en julio tengamos que cumplir esta ordenanza y este valor de inspectoría va a tener que subir", indicó Reyes y aclaró que como locatarios no tienen problema en que se realice la inspección para tener la seguridad de los inmuebles, pero se oponen al cobro por local.

Explicó que "no nos negamos a ninguna inspección municipal o supervisión, pero sí nos negamos, nos crea bastante problema y ruido, tener que pagar cada dos años este valor que lo encuentro bastante oneroso", añadiendo que "nuestras arcas económicas no están para pagar este sobreimpuesto".

Respuesta municipal

La situación fue escuchada por los concejales que solicitaron una solución tras la baja de ingresos del sector y, finalmente, el administrador municipal, Daniel Ramírez, entendió que la solicitud tiene que ver con un tema económico y no por eludir la fiscalización, por lo que precisó que "hemos estado buscando alternativas como, por ejemplo, se planteó la subvención".

Detalló que "la subvención no es una alternativa, lo buscamos como alternativa y no se puede. Es una actividad lucrativa que beneficia a un particular en el ejercicio de su actividad económica y hemos estado buscando otras alternativas que permitan que este nivel de compensación pudiera ser beneficioso tanto para la seguridad de los inmuebles" como para los locatarios.

Agregó que "el compromiso de la administración junto con la Dirección de Asesoría Jurídica, la Dirección de Desarrollo Económico, es buscar el equilibrio entre lo económico y la seguridad de los inmuebles", consignando que aún están en análisis de la situación.

"El problema se va a suscitar cuando en julio tengamos que cumplir está ordenanza".

Omar Reyes, Asoc. Gremial Barrio Puerto

"El compromiso de la administración (...) es buscar el equilibrio entre lo económico y la seguridad de los inmuebles".

Daniel Ramírez, Administrador Municipal

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 10 y 12 años de cárcel a dos sujetos acusados de abusar sexualmente de sus hijas cuando eran menores de edad, ambos casos acaecidos en la comuna de Villa Alemana.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, la primera condena de 10 años y un día se dictó el pasado 12 de junio en contra de un sujeto de 47 años que abusó de forma reiterada de su hija entre los años 2014 y 2015, tanto en la casa del imputado como en la vivienda de los padres de este.

Fue el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, quien estuvo a cargo del juicio donde se presentó la prueba testimonial, pericial y documental que permitió al tribunal dar por acreditados los hechos.

"es un gran logro"

Con respecto al segundo caso, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, integrado por los magistrados Manuel Muñoz, Roxana Valenzuela y Viviana Poblete, condenó a 12 años de presidio mayor en su grado medio al padre de dos niñas, contra quienes cometió los delitos de estupro y violación de persona menor de catorce años el año 2021, en Villa Alemana, cuando las víctimas tenían 9 y 16 años de edad.

"Para nosotros constituye un gran logro, por el hecho de poder a erradicar de alguna manera la violencia sexual en contra de los niños, niñas, adolescentes, y particularmente porque en este segundo caso la niña que fue violentada o agredida sexualmente cuando tenía 9 años, era tal su afectación emocional que decidió no ir al juicio", precisó el fiscal Basso.

"En este segundo caso, la niña que fue violentada o agredida sexualmente cuando tenía 9 años, era tal su afectación emocional que decidió no ir al juicio".

Osvaldo Basso, Fiscal jefe de Villa Alemana

Mejorar la infraestructura de los colegios y las condiciones laborales de los asistentes de la educación, más los pagos de los respectivos bonos, son algunas de las demandas que ayer difundieron por las calles de Valparaíso, pese a la lluvia, asistentes de la educación en una manifestación que congregó a más de 700 asistentes.

El presidente de la Asociación de Funcionarios y Asistentes de la Educación de Valparaíso (Sitecova), Alonso Carvajal, precisó que "ha sido un éxito, marcharon aproximadamente 750 trabajadores pese al clima y la lluvia. Nos recibió la Delegación Presidencial, hasta donde llevamos una carta y llegamos a la conclusión de levantar mesas de trabajo más allá de la Seremi de Educación, para ver realmente cómo resolvemos el tema estructural económico que existe. Esto, para poder solucionar los problemas más urgentes de los 54 establecimientos educacionales y los 11 jardines infantiles que existen en la comuna de Valparaíso. Nuestra demanda apunta a mejorar la infraestructura y las condiciones laborales de todos los trabajadores".