Por supuesto que tenemos que priorizar dónde actuar y estamos actuando en aquellos casos que no tienen nada que ver con la necesidad y las ocupaciones incipientes para que no se consoliden".

Javiera Toro, Ministra de Bienes Nacionales

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extensión de terreno fiscal, se ven grandes extensiones que ya están loteadas, numeradas. Por lo tanto, nos hemos propuesto actuar a tiempo, recuperar terrenos, hemos realizado desalojos y no porque sí, sino para destinarlo a un buen uso.

-A ojos del ciudadano parece demasiado fácil apropiarse de terrenos fiscales. Las mismas mafias se apoderan de lotes y, si las echan, al poco tiempo de nuevo se instalan ahí. ¿No tiene músculo el Estado para detener esto?

-Durante mucho tiempo hubo un dejar hacer que también se fue instalando esta idea de que como no pasaba nada, hay personas que se los seguían tomando. Tenemos algunos antecedentes que hemos hecho llegar al Ministerio Público justamente de mafias que se toman un lugar lo venden y luego se van a otro lugar, lo lotean, lo venden. Hay ahí un Estado que durante mucho tiempo no se hizo cargo, no desalojó, no se presentaron denuncias. Por supuesto que esto fue instalando cierta sensación de impunidad, sumado también, y es importante reconocerlo, a la situación complicada que hubo durante la pandemia. Pero también, y lo que yo puedo dar cuenta al interior del ministerio de Bienes Nacionales, es que faltan capacidades del Estado para poder enfrentarlo. Cuando llegamos al ministerio encontramos una unidad de fiscalización muy debilitada y si uno no tiene ojos en todo el territorio, es imposible ir a la velocidad de esto.

-No debe ser fácil para este Gobierno decidir cuándo actuar si hay terrenos tomados por personas sin casa.

-Hay que hacerse cargo de los problemas de fondo, entonces. Si bien nosotros no legitimamos ninguna ocupación, sí nos hacemos cargo de la realidad y hay una realidad: el ministerio de Vivienda tiene catastrados más de 1.100 campamentos, hay una situación social de personas que no han encontrado otra manera de satisfacer su necesidad habitacional. Nadie vive en un campamento por gusto y, en ese sentido, si bien en algunos casos estos campamentos están instalados en bienes fiscales, nosotros entendemos que hay que ir a una política de fondo. El Ministerio de Vivienda catastra los campamentos y toma una decisión considerando las características del territorio, si está en zona de riesgo, si tiene factibilidad de conexión a servicios, y ahí se decide si un campamento se va a radicar -es decir, es necesario normalizarlo en ese lugar- o si se va a erradicar. Nosotros colaboramos con ello cuando se trata de terrenos fiscales. Por supuesto que tenemos que priorizar dónde actuar y estamos actuando en aquellos casos que no tienen nada que ver con la necesidad y las ocupaciones incipientes para que no se consoliden.

-Durante la campaña presidencial se habló de que nunca se iba a desalojar una toma. ¿Pesan ahora esos dichos?

-Nuestro gobierno en eso ha sido claro y ahí no hay una línea distinta. Por un lado, están estas situaciones que responden a una necesidad social y ahí nosotros entendemos que la manera de responder a eso es con la política habitacional, pero también hemos constatado durante este año y medio de gobierno situaciones que no tienen nada que ver con la necesidad habitacional y no hemos tenido miedo en actuar, les hemos señalado claramente a quienes creen que pueden tener su segunda, su tercera vivienda, que pueden instalar negocios, que pueden lotear y estafar en terrenos fiscales, que eso no es aceptable.

-¿Tendrá un rol su ministerio en la recién conformada Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento?

-La comisión busca poder revisar toda la situación de la demanda de tierras, poder catastrar y proponer mecanismos tanto de restitución como de reparación, y ahí el ministerio de Bienes Nacionales tiene un trabajo hace mucho tiempo. En la restitución de terrenos a pueblos originarios, en nuestro periodo de gobierno nos ha tocado eso principalmente.

En un conversatorio que se desarrolló en el Hotel O'Higgins, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) presentó los resultados regionales que arrojó la tercera Encuesta Nacional de Discapacidad, la cual dio cuenta de que el 16,5% de la población adulta en la Región de Valparaíso son personas que viven con discapacidad.

La cifra, según informaron las autoridades, es parecida al porcentaje a nivel nacional, el cual alcanza el 17,6%. Yendo al detalle del estudio, del 16,5%, un 6,3% presenta discapacidad leve o moderada y un 10,2% severa.

Detalle de cifras

En cuando al desglose del estudio, a nivel regional, un 19,7% de mujeres son personas con discapacidad, mientras que un 13,1% de los hombres viven con esta condición.

También se evidenció que el porcentaje de discapacidad incrementa de acuerdo al tramo de edad. Y es que entre los 18 a los 44 años, el 10,1% son personas con discapacidad, en el rango de 45 a 59 años, el 15,5% son personas con discapacidad, y en la población de 60 o más años, el 31,8% son personas con discapacidad.

El estudio también abordó las brechas de inclusión laboral existentes, arrojando que el 40,8% de la población adulta con discapacidad está ocupada, frente al 60,8% de la población sin discapacidad. En relación a la población que participa del mercado laboral, en la población con discapacidad alcanza un 43,1%, lejos del 66,9% de la población sin discapacidad.

A su vez, en relación a la población inactiva, esta es de un 56,9% en la población con discapacidad, en tanto, en la población sin discapacidad dicha cifra llega al 33,1%

Mirada integral

Respecto a los resultados que arroja la encuesta, la seremi de Desarrollo Social, Claudia Espinoza, indicó que "es de un valor tremendo conocer estos datos, puesto que nos permite tener una mirada más integral de cuáles son las necesidades específicas de un segmento de la población que muchas veces es invisibilizado. La lógica de rascarse con las propias uñas queda corta y recabar información que nos permita generar políticas públicas para asistir y acompañar es fundamental".

En tanto, el director regional (s) de Senadis, Boris Rubiño, subrayó que "gracias al estudio podemos indicar que se identifican distintas brechas de exclusión social que permitirán desarrollar políticas públicas más oportunas en materia de inclusión para personas con discapacidad, tanto en el país como en la región".

Generar acciones

En relación al análisis de las cifras que arrojó la encuesta, la profesora de la Escuela de Pedagogía PUCV e investigadora asociada del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (Micare), Vanessa Vega, precisó que "estos datos son de relevancia y nos increpan a generar acciones centradas en poder dar una respuesta orientada en las necesidades de las personas y sus familias con foco en apoyos desde el nivel macro como Estado que respeten y vayan en consonancia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Por el alza del porcentaje de discapacidad de acuerdo al tramo de edad, la especialista agregó que "es fundamental desarrollar estrategias de apoyos centradas en otorgar oportunidades que le permitan a los adultos mayores con alguna discapacidad poder realizar actividades con independencia, o bien que sostengan su vida independiente".

Asimismo, el docente y parte del doctorado en psicología de la PUCV, Félix González, se refirió a cómo se debe enfrentar las brechas en inclusión laboral existentes, destacando que "hay evidencia de una desigualdad estructural que excluye a las personas con discapacidad de los mercados de trabajo. Sólo los incluye en entornos laborales de baja cualificación y de forma individual acorde a la legislación laboral chilena. Es necesaria una perspectiva más amplia en relación al trabajo y también a las diversas instancias previas respecto al ingreso del trabajo, como por ejemplo la educación y culturas de cuidados que no permiten una vida en plenitud de derechos para las personas con discapacidad".

"Recabar información que nos permita generar políticas públicas para asistir y acompañar es fundamental".

Claudia Espinoza, Seremi de Desarrollo Social