Gian Franco Giovines D.

La contratación de un servicio de barridos y limpieza para la comuna de Quilpué desató una crisis de confianzas entre el Concejo Municipal y la administración de la alcaldesa Valeria Melipillán. Incluso advierten que el conflicto podría escalar hasta la Contraloría Regional.

El comienzo de la pugna en la casa consistorial quilpueína se remite a un acalorado debate en torno a pactar un servicio de limpieza para la comuna. Y es que la licitación para renovar el convenio existente -que vencía el próximo 6 de julio- recibió una oferta que sobrepasaba con creces el presupuesto disponible.

Por lo anterior, la Municipalidad de Quilpué se vio obligada a buscar alternativas y procedió a llamar a trato directo, "por el breve plazo disponible para retomar este importante servicio", explican desde la administración.

Tres sesiones

Sin embargo, fue en dos sesiones extraordinarias del Concejo Municipal donde las propuestas de trato directo presentadas por el municipio -una de ellas con la empresa Demarco, por un valor de $76 millones- fueron rechazadas por los concejales Renzo Aranda (DC), Mónica Neira (RN), Maria Paola Olguín (PS) y Patrick Retamales (Ind.), quienes no estuvieron de acuerdo con los plazos ni con las empresas propuestas.

Finalmente, en la tercera y última instancia extraordinaria el trato directo fue aprobado a regañadientes por el Concejo, en un convenio por $76 millones con la empresa Cosemar, en vista de que al no haber acuerdo, la comuna corría el riesgo de quedarse sin servicio de limpieza y exponerse a una alerta sanitaria.

El alcalde (s) Pablo Piñones lamentó que "hayamos tenido que llegar a estas circunstancias para sacar adelante un servicio tan importante para la ciudad". Ante ello expuso que se evaluará elevar estos antecedentes a la Contraloría.

Críticas al municipio

El concejal Renzo Aranda (DC), uno de los opositores del acuerdo, explica que "la postura tiene que ver con la capacidad que tiene el Concejo Municipal de fiscalizar los contratos y la labor de las empresas que nos prestan servicios. (...) Hablaban de 12 meses por un monto cercano a los $80 millones, o sea, estamos hablando de mil millones por un trato directo. Eso ya es complejo en los tiempos que estamos viviendo".

"Lo que uno ve es que están más preocupados por sacar tratos directos para empresas que por cuidar los recursos públicos. (...) No puede ser que llevemos siete tratos directos, por una mala planificación y por malas directrices que hace el equipo de la administración municipal. Si él (Pablo Piñones) acude a la Contraloría me parece muy bien; nosotros, los concejales, evaluaremos qué vamos a hacer en relación al mal desempeño que ha tenido el administrador y su equipo de confianza", esgrimió el edil.

Las críticas al municipio también llegaron desde RN, a través de la concejala Mónica Neira: "Esta va a ser recordada como la administración de los tratos directos. Yo creo que hay que hacer un mea culpa y el administrador tiene que ver cómo se está trabajando con el equipo que hace las licitaciones. Hay algo que está fallando".

La edil extiende sus cuestionamientos a la alcaldesa Valeria Melipillán: "No podemos decir que ha sido una buena administración. Los tratos directos reflejan una falta de planificación. Además, no tenemos proyectos importantes para la comuna que se estén desarrollando. No tenemos grandes proyectos en Quilpué. Todo lo que se ha inaugurado en la comuna viene de la administración anterior (Viñambres), aunque duela decirlo, pero esa es la realidad de Quilpué".

"Lo que uno ve es que están más preocupados por sacar tratos directos que por cuidar los recursos públicos".

Renzo Aranda, Concejal de Quilpué (DC)

"No tenemos grandes proyectos en Quilpué. Lo que se ha inaugurado viene de la administración anterior".

Mónica Neira, Concejala de Quilpué (RN)

En junio pasado, Benjamín (27 años), un expaciente del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, presentó una querella en contra del recinto asistencial por maltratos en su internación y "la aplicación de electroshock sin suministro de anestesia general". Su caso fue expuesto detalladamente en la Revista Sábado y vuelve a resurgir la denuncia de "torturas" que realizó el 10 de marzo de 2022 la exministra de Salud, Begoña Yarza.

En aquella oportunidad, Yarza había manifestado que en el Hospital del Salvador, en Playa Ancha se realizaban Tratamientos Electroconvulsivos (TEC) sin anestesia, situación que incluso fue investigada por la Fiscalía Regional y que convocó amplía crítica a nivel regional y nacional.

Sin embargo, ahora con el testimonio de Benjamín vuelve a aflorar el tema y pone nuevamente en tela de juicio la atención médica que se da en el centro de atención psiquiátrica. Consultada la Fiscalía por el caso, aclararon que "la investigación se encuentra en etapa investigativa y desformalizada" y precisaron que "una vez que arribe la querella presentada en el Poder Judicial, será ingresada a la carpeta investigativa".

Terapia está suspendida

Benjamín fue dos veces internado por diagnóstico de esquizofrenia en el citado hospital. La primera vez fue en 2020 y fue dado de alta en marzo de 2021, pero en 2022 vuelve a recaer porque no estaba tomando su medicación. Reincide del 4 de febrero al 4 de abril de 2022, y entre el 25 de febrero al 4 de marzo del mismo año Benjamín habría recibido una primera sesión de TEC.

Sobre esta denuncia, desde el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA) precisaron que "a través de Ordinario 398 de fecha 7 de marzo de 2022, se ordenó al Hospital del Salvador no ocupar la terapia electroconvulsiva a pacientes como parte de su tratamiento, por lo tanto, desde esa fecha no se ha administrado".

Reconocieron que "en materia de mejoramientos de infraestructura y reposición de equipos" se ha avanzado y se realizó una inversión que alcanza los "$1.557.000 millones en proyectos de infraestructura, como también se trabaja en la reposición y compra de equipos médicos". Además, recalcaron que "el Servicio tomó todas las medidas necesarias desde el punto de vista sanitario y clínico para dotar de una atención expedita en materia de salud mental".

Ayer, a su vez, se confirmó al nuevo director del hospital, Cristián Gálvez López.

"A través de Ordinario 398 de fecha 7 de marzo de 2022, se ordenó al Hospital del Salvador no ocupar la terapia electroconvulsiva".

Dirección, SSVSA

La Corte Suprema rechazó ayer los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia que condenó a Óscar Daniel Cantillano López y Daniel Alejandro Silva Huerta a las penas de presidio perpetuo calificado y presidio perpetuo simple, respectivamente; y al adolescente F.A.S.O. a la sanción de 9 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, en calidad de autores del delito consumado de secuestro calificado con resultado de muerte del chofer de taxi colectivo Juan Javier González Farfán. Dicho ilícito fue perpetrado en enero del año pasado en Valparaíso.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó infracción al debido proceso y falta de fundamentación de la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.