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Investigan a exjefe de Seguridad por apropiación indebida

CONCÓN. Municipio lo denunció por no entregar computador que utilizó y se fijó un juicio simplificado en su contra. Se indagan anomalías en el contrato de cámaras.
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Nicolás Donoso A.

El exdirector de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concón, Pablo Rojas, se encuentra en calidad de imputado por el delito de apropiación indebida y el próximo 31 de julio deberá comparecer ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar en una audiencia de procedimiento simplificado, esto, según determinó Fiscalía, por no entregar un computador que utilizaba mientras trabajó en la casa consistorial, considerándose que se apropió indebidamente del equipo.

Rojas fue director de Seguridad Pública de la casa edilicia durante la última administración del exalcalde Óscar Sumonte, y confirmó su renuncia el 18 de diciembre de 2020 para ser candidato a alcalde en las últimas elecciones municipales, quedando en tercer lugar, por detrás del actual jefe comunal, Freddy Ramírez, y de Ricardo Urenda.

De acuerdo a lo que se detalla en la solicitud de audiencia que realizó la Fiscalía, mientras Rojas se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio y con motivo del desempeño de sus funciones "se le realizó entrega por parte de la municipalidad de un computador marca Lenovo, modelo B-41 30, propiedad de la misma".

En el documento, el Ministerio Público agrega que el 23 de enero de 2021, Rojas presentó su renuncia voluntaria ante la Municipalidad de Concón, "siendo efectiva dicha renuncia el 22 de junio de 2021, por lo que, en consecuencia, este debía efectuar la devolución del equipo entregado, lo que no ocurrió, apropiándose de éste, a sabiendas de no ser de su propiedad, ocasionando un perjuicio a su empleador".

Apropiación indebida

De acuerdo a los hechos descritos, que constituyen el delito de apropiación indebida y que actualmente se encuentra en grado de desarrollo consumado, el Ministerio Público solicitó que se le aplique al excandidato a alcalde una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM (cerca de $316.000).

Por medio de un comunicado en el que informó esta situación, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, aseveró que por este hecho "buscaremos identificar cualquier tipo de situación de corrupción o mal uso de recursos municipales en administraciones anteriores, tal como lo hicimos en algunas direcciones. En este caso, seguiremos avanzando en los delitos apuntados por el Ministerio Público en contra del exdirector de Seguridad Pública".

Asimismo, desde el municipio se detalló que tras la llegada del actual jefe comunal comenzó una investigación interna respecto al contrato y licitación del sistema de cámaras de televigilancia que se instalaron durante el periodo de Sumonte y que ha derivado en una "serie de irregularidades en las 56 cámaras que fueron recepcionadas, autorizadas y validadas por Pablo Rojas", evidenciándose fallas en la mantención y funcionamiento en casi la mitad de estas.

Por lo anterior, Ramírez sostuvo que "no descartamos ningún tipo de acción vinculadas con denuncias a la Contraloría o posibles querellas criminales".

Descarta anomalías

En declaración a El Mercurio de Valparaíso, el exdirector de Seguridad Pública, Pablo Rojas, expuso que se enteró del tema a raíz de la consulta de este Diario de las acusaciones en su contra. Argumentó que el computador fue entregado a la actual directora de Seguridad Pública del municipio.

"Es importante aclarar que durante ese periodo adquirí, a través del municipio, algunos equipos de computación que fueron adjudicados en el marco del Fondo Nacional de Seguridad Pública. En ese entonces, como funcionario a honorarios, fui el encargado de procesar la compra. Posteriormente, en calidad de funcionario de planta y siendo el primer director de Seguridad Pública, tuve a mi cargo un equipo Dell, el cual fue entregado, junto con todo el equipamiento e inventario, a la directora de Seguridad Pública que fue contratada para reemplazarme".

Ante ello, Rojas puntualizó que "estoy completamente dispuesto a colaborar con la comunidad, la justicia y el municipio para ayudar a esclarecer cualquier consulta que se requiera. Si esto ayuda a que las cámaras de seguridad de Concón vuelvan a estar operativas después de tanto tiempo, sería un gran éxito para la comunidad".

Desmiente a municipio

Por su parte, y tras ser mencionada en el comunicado del municipio como jefa de campaña en la candidatura a alcalde de Rojas en las pasadas elecciones municipales, y ser parte de aquellos ediles que no ejecutaron acciones fiscalizadoras, la concejala María José Aguirre (Ind.-Evópoli) afirmó que "existe desprolijidad (en el comunicado del municipio), pues en ningún momento ocupé el cargo de jefa de campaña de Pablo Rojas".

Aguirre añadió que la mención que se hace de su persona en el comunicado "me imagino que es el precio a pagar por cumplir con el rol como concejal en la fiscalización que estoy realizando a la administración en diversos temas, entre ellos, publicidad, tratos directos, nombramientos de personal, entre otros".

Además, la edil sostuvo que "en los tiempos que vivimos, es importante la transparencia y probidad y recordar la presunción de inocencia. Que sean los tribunales de justicia quienes se encarguen de determinar la responsabilidad de los hechos que se le imputan (a Rojas)".

"Seguiremos avanzando en los delitos apuntados por el Ministerio Público en contra del exdirector de Seguridad Pública".

Freddy Ramírez, Alcalde de Concón

"Tuve a mi cargo un equipo Dell, el cual fue entregado (...) a la directora de Seguridad Pública que fue contratada para reemplazarme".

Pablo Rojas, Exdirector de Seguridad Pública

Desarticulan banda de narcotráfico que operaba en 3 regiones

POLICIAL. PDI allanó 16 domicilios. Se incautó marihuana, dinero y armas.
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Tras un operativo que duró un año, la PDI -en conjunto con la Fiscalía- logró desbaratar una banda de narcotráfico que operaba en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. En el procedimiento detuvieron a nueve integrantes de la organización criminal -siete hombres y dos mujeres- y allanaron 16 domicilios (distribuidos en las tres regiones mencionadas), incautándose 76 kilos de marihuana, 13 armas de fuego, $10 millones en efectivo y 6.000 dólares.

La detención de esta organización criminal, que se produjo el pasado viernes, según confirmó la PDI, se suma a la captura del líder de esta banda hace unos meses, quien actualmente cumple condena.

Respecto al modus operandi de esta banda, personal policial señaló que cultivaban la marihuana en la Región de Coquimbo para luego acopiarla en la Metropolitana y distribuirla tanto en esa región como en la de Valparaíso.

Nueve detenidos

El jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Centro de la PDI, prefecto Guillermo Gálvez, resaltó que "esta es la desarticulación de una banda criminal que se dedicaba al cultivo, cosecha y distribución de cannabis sativa, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. En ese contexto fueron nueve las personas detenidas (varios de ellos con antecedentes por el mismo delito de tráfico de drogas)".

Agregó que en esta región la banda operaba específicamente en Viña del Mar, Hijuelas, Quillota y Calera, entre otras comunas. Consultado por los roles de los integrantes, el prefecto indicó que "estaban los que cuidaban las plantaciones y quienes se dedicaban a la distribución de ella una vez que estaba dosificada y cosechada en las distintas regiones".

A su vez, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Valparaíso, José Uribe, expuso en relación al rol de una de las dos mujeres dentro de esta organización criminal que "tenía un rol directivo, pero no sé si es líder de la organización, aunque sí tenía un rol directivo y organizaba una función en este grupo".

Por la tarde, el Ministerio Público informó que en el Juzgado de Garantía de Petorca los imputados pasaron a control de detención por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego (se incautaron en el operativo escopetas, pistolas y un revólver), quedando la totalidad en prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días.

"Esta es la desarticulación de una banda criminal que se dedicaba al cultivo, cosecha y distribución de cannabis sativa (en tres regiones)".

Guillermo Gálvez, Antinarcóticos de la PDI