Francisco Meneses V.

Ante la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de rechazar el proyecto de continuidad operacional de la planta chancadora Amalia, perteneciente al Holding Minero Cemin, su presidente, Mauricio Álamo, consideró que "nos sorprende, porque se trata de un proyecto robusto técnicamente, que responde a todas las exigencias de la normativa actual", incluyendo dos etapas de participación ciudadana y la inclusión de observaciones técnicas.

"Un ejemplo de esto es el ritmo de procesamiento, que en la propuesta inicial era de 150.000 toneladas por mes y en la versión ajustada del proyecto quedó en 110.000 toneladas por mes", dijo.

- En un comunicado se pide a las autoridades que se revise la recomendación que hace el SEA, al considerar que "contiene errores importantes y temas de interpretación" que se pueden corregir. ¿Cuáles son esos errores?

- A juicio de nuestros especialistas, el informe que recomienda el rechazo del proyecto contiene errores y además problemas de interpretación. Por ejemplo, está el caso de la proyección de las emisiones de material particulado, que se usa para evaluar el impacto del proyecto sobre determinados componentes ambientales. Estimamos que ese cálculo no es correcto y requiere ser revisado, pues lleva a conclusiones equivocadas.

- ¿Qué otra acción se puede realizar por parte de las autoridades competentes antes de la votación del proyecto?

- En lo inmediato, estamos solicitando que se revise la recomendación de rechazo del proyecto, previo a la votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso. Para ello, hemos entregado a la autoridad todos los antecedentes necesarios y confiamos en que serán tomados en consideración, antes de ese pronunciamiento.

- Esta situación ha generado un apoyo transversal desde varios sectores hacia los mineros y la compañía. ¿Cómo valoran esto?

- Compartimos y agradecemos la preocupación manifestada por trabajadores, trabajadoras, dirigentes sindicales, proveedores, gremios de la pequeña minería y autoridades locales y regionales, en las diversas instancias que se han llevado a cabo durante estos días. Esto es un reflejo del tremendo impacto que tendría en la comuna de Catemu y en la Región de Valparaíso un eventual cierre de nuestra planta. De hecho, el proyecto compromete una serie de compromisos ambientales voluntarios que no podrán ejecutarse en un escenario de cierre. Estos son un reflejo de recoger los aportes de los vecinos durante los dos procesos de participación ciudadana.

Eventual cierre

- De rechazarse el proyecto, ¿cómo impactaría a la empresa, los trabajadores y la comunidad de Catemu?

- Tiene una relevancia fundamental, pues sin la aprobación de este permiso para la continuidad de la planta, la operación debe comenzar su cierre definitivo. La compañía queda en una posición difícil, por las consecuencias que puede tener en cerca de 1.500 personas que trabajan directa e indirectamente en la empresa: contratistas, proveedores y pequeños mineros. Es importante considerar que 75% de los empleos, directos e indirectos, que genera la empresa son de la región y aproximadamente la mitad son locales, de Catemu y sus alrededores. Además, en la planta opera nuestra Agencia de Compra, el principal poder de compra a pequeños mineros de la zona por acuerdo con Enami.

- Si se mantiene la postura del SEA en la Comisión de Evaluación Ambiental, ¿qué otras acciones se estudian?

- Si el proyecto es rechazado en la comisión, el proceso permite que hagamos una reclamación al SEA nacional. Nuestra dificultad es que esta alternativa no evita que cerremos la operación, pues, por un lado, la planta se queda sin permiso para continuar operando y, por otro, un proceso de reclamación de este tipo toma en general varios meses. De ahí nuestra preocupación, pero confiamos en que las autoridades sabrán ponderar los antecedentes entregados para no vernos enfrentados a esa situación.

"Si el proyecto es rechazado (...) el proceso permite que hagamos una reclamación al SEA Nacional. Nuestra dificultad es que esta alternativa no evita que cerremos".

La Fiscalía de Alta Complejidad de Fiscalía Regional de La Araucanía encabeza una investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de millonarios recursos desde el Gobierno Regional a la Fundación Local, entidad que, según la denuncia recibida por el ente persecutor, figuraría con sede en Reñaca, en Viña del Mar, y estaría a nombre de Pablo Gallardo Burgos.

La indagación se basa en un correo electrónico que recibió la Fiscalía y que cuestiona la entrega de $2.113 millones a la citada fundación en cinco meses, para desarrollar un proyecto de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas, pero sin tener experiencia en el área, esto en base a la denuncia recepcionada vía mail.

"Se recibió una denuncia a través de correo electrónico, en la cual se daba cuenta de presuntas irregularidades en el traspaso de dinero que habría efectuado el Gobierno Regional a una fundación de nombre Fundación Local. En este sentido, se dispuso que sea la Fiscalía de Alta Complejidad de nuestra región la que asuma la dirección de esta investigación", informó a la prensa la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Daniela San Martín.

Previo a oficializarse la investigación, la Fundación Local, el 29 de junio y a través de Instagram, subió un comunicado acusando la entrega de información irresponsable e inexacta. Junto con precisar que la entidad nació el año 2020, explicaron que actualmente ejecutan seis proyectos "en distintas comunas de La Araucanía, a través de transferencias transparentes, revisadas y con toma de razón por Contraloría". Asimismo, precisan tener su oficina en la calle Varas 989, oficina 1801, en Temuco.

De igual manera, el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, dijo que "nuestra administración se rige por los principios de transparencia total" y que "estamos comprometidos a esclarecer cualquier duda".