Secciones

  • Portada
  • Actualidad
  • Opinión
  • Actualidad general
  • Deportes
  • Clasificados
  • Servicios
  • Espectáculos

Contraloría ha recibido 172 denuncias por fundaciones

CASO CONVENIOS. Bermúdez señaló que el organismo "no puede hacer un análisis de mérito. (…) Lo que tiene que hacer es identificar si se cumplieron o no las normas".
E-mail Compartir

Redacción

El contralor Jorge Bermúdez expuso ayer ante la Comisión de Vivienda del Senado, en el marco de las millonarias transferencias realizadas desde organismos estatales a fundaciones, denominado caso Convenios, donde afirmó que existen 172 denuncias por presuntos ilícitos de este tipo.

El abogado, sin embargo, destacó la diversidad de los requerimientos, donde la Fiscalía ya investiga a secretarías regionales ministeriales (seremi) de Vivienda y Desarrollo Social, junto a gobiernos regionales (Gore) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

"La Contraloría no fiscaliza a privados. Ha sido una lucha en mi gestión, extender esto a entidades privadas que realizan una función pública y reciben recursos públicos", dijo Bermúdez.

Regulación laxa

Sobre los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, por alrededor de $426 millones, el abogado señaló que "la Contraloría no puede hacer un análisis de mérito. La Contraloría hace una auditoría del cumplimiento normativo, (…) lo que tiene que hacer es identificar si se cumplieron o no las normas".

En este proceso "no necesariamente van a haber grandes hallazgos", porque hay aspectos que "pueden parecer poco éticos, pero no necesariamente serán un incumplimiento de la normativa", indicó el contralor.

La autoridad aconsejó modificar la Ley de Presupuestos para que se apliquen reglas de suscripción de convenios, metas, plazos instructivos, garantías y sujeción de transferencias a estados de avances, deberes de información y otros, a todos los receptores de fondos públicos, incluyendo organismos de derecho privado.

Otra medida, en el mediano plazo, detalló Bermúdez, sería aplicar el estatuto de probidad de compras públicas a los destinatarios de fondos estatales.

Allanamiento

La PDI, en tanto, allanó oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta, a cargo de Ricardo Díaz (ex-RD) por el pago de $629 millones a la Fundación ProCultura, monto justificado como la pintura para tres fachadas históricas, superficie que suma 2.400 metros cuadrados, señaló Ex-Ante. Cada metro cuadrado tiene costo promedio de $260 mil.

El giro de ProCultura en el SII es "venta al por menor de libros en comercios especializados" y "otros tipos de enseñanza", como capacitación a 38 personas para pintar.

En la misma región, ayer La Segunda publicó que Fundación Aracataca Creaciones, liderada por la actriz y exconvencional Malucha Pinto, recibió $38 millones en octubre por talleres.

RD señaló ayer que el Caso Convenios "lamentablemente involucra a militantes, pero bajo ningún punto de vista es una política dirigida ni instruida".

"La Contraloría no fiscaliza a privados. Ha sido una lucha en mi gestión, extender esto a entidades privadas que realizan una función pública".

Jorge Bermúdez, Contralor general de la República

CPC acude al TC por la ley de delitos económicos y genera molestia en La Moneda

POLÉMICA. Ingresó téngase presente para control de constitucionalidad.
E-mail Compartir

La ministra Camila Vallejo consideró "preocupante" la decisión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para que se modifique la ley de delitos económicos y medioambientales promulgada en mayo de este año, mientras que su par de Justicia, Luis Cordero, dijo que "esto es como el eterno retorno".

El gremio de los empresarios, representado por los abogados Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, ingresaron ayer un téngase presente de 34 páginas en el que expone que la norma tiene una "mirada selectiva y fragmentada" que la haría inconstitucional.

"Esto es como el eterno retorno. A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso", reclamó Cordero.

Caso sernac

El ministro recordó que "es exactamente lo mismo que se hizo en el caso del Sernac, un proyecto que tenía por propósito robustecer el sistema institucional en materia de consumidores, con una amplia aprobación por parte de este Congreso, mientras estaba en control preventivo, un simple 'téngase presente' derribó completamente ese proyecto de ley".

Cordero agregó que el proyecto de ley tuvo "amplísima discusión. (...) Sin embargo, el sector privado pareciera que sólo se enteró de su tramitación en la parte final".