El urbanismo social es un concepto que tiene su origen en el proceso de mejoramiento urbano de Medellín, Colombia, bajo el mandato del alcalde Sergio Fajardo (2003 - 2007) y de la mano del arquitecto Alejandro Echeverri, junto a múltiples personalidades del mundo académico y social que marcaron una impronta en la mirada urbanística para Latinoamérica.

Este concepto que resignificó a la capital de Antioquia, comenzó con la aplicación de gestiones y acciones de incidencia en la política pública, todas concretas y que dependieron en buena parte de la bajada real de planes urbanos.

La virtud es que, en paralelo y con el mismo énfasis, lo anterior se logró implementando un trabajo extraordinario con las comunidades, todas de barrios informales, muchos de los cuales estaban tomados por el narco, en un trabajo muy complejo que tomó tiempo y que requirió la generación de un nivel significativo e importante de confianza, la que venía construyendo Fajardo desde antes que constituyera el partido Compromiso Ciudadano en 1999.

El urbanismo social implica un cambio radical en cómo hacer ciudad, partiendo por la premisa que promulga el interés general sobre el interés particular. Apela a la previsibilidad en la planificación en el territorio, a partir de la construcción de espacios de trabajo común, sobre todo de construcción de confianzas. Apela a la comunidad y a la colaboración de la sociedad civil porque se basa en un compromiso entre el mundo público y el mundo privado. Y entiende a la política como el catalizador de cambios en momentos de eclosión.

Cuando las cosas ocurren, no es por arte de magia, es porque hay una planificación robusta, recursos disponibles y un alto grado de confianza. Apela, además, al buen uso del lenguaje, a "no ocupar palabras que no sirven para escuchar", de modo de constituir espacios de colaboración en torno a un deseo común de las cosas. Propone a la cultura local y la identidad local dura como base y detonante, lo que no tiene que ver con la politización barrial, pero sí con una ciudadanía activa y una participación incidente. El urbanismo social es quizás la base de mayor influencia en los procesos participativos, de planificación mediante la vinculación comunitaria realizados en la región, incluido Chile, muchos de ellos levantados por organizaciones funcionales, corporaciones y fundaciones orientadas al urbanismo, que en nuestro país se formaron al alero de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana (2011).

En Medellín el concepto es el fruto de una experiencia que llevó a un grupo de gente independiente a gobernar y que simplemente logró realizar transformaciones físicas que permitieron una gran integración social de actores preexistentes, visibilizados a partir del proceso. Es un modelo que pudo ejecutar esa generación liderada por Fajardo y que luego se comenzó a estudiar para intentar replicar, o al menos aprender de él. Muchos han acudido al curso Urbanismo Social de la Universidad EAFIT en Medellín, entre los que me encuentro. Allí conocí las transformaciones urbanas relatadas por los mismos habitantes y por los gestores urbanos.

En Chile, particularmente en Valparaíso, la ciudadanía se activó como nunca tras el mega incendio de 2014 que afectó asentamientos informales en los cerros Las Cañas, El Litre y La Cruz. Se generaron vínculos interesantes con Medellín, se pusieron sobre la mesa los comunes denominadores que había que cuestionar y ocurrió una efervescencia ciudadana para discutir transversalmente el destino urbano del Puerto, en un fenómeno similar al que llevó a Fajardo a la alcaldía.

Había una intención de ganar la alcaldía (lo que importaba no era el color del gato, sino que cazara ratones). De manera tan legítima como ingenua, el movimiento originado terminó aceleradamente organizando unas primarias municipales que dieron pie para la denominada Alcaldía Ciudadana. El resto es historia.

En paralelo, en nuestro país la proliferación de fundaciones y organizaciones que quisieron ponerse los bototos, junto a una política laxa para la entrega de recursos, en medio de una creciente instrumentalización de los conceptos "ciudadanía" y "sociedad civil", terminó por detonar una de las crisis de confianza más graves de lo que va de nuestro reciente proceso de recambio generacional en la política, uno que curiosa y subrepticiamente comenzó con la llamada Alcaldía Ciudadana.

Lamentablemente, nuestras rencillas atávicas, nuestra interpretación errada de la confianza, nuestra cultura que segrega por clase o edad, nuestro afán de competencia sin colaboración, nuestra inmadurez cívica y nuestra pulsión infantil por ponerle la guinda a la torta, no han permitido hacer valer y llevar a la práctica conceptos tan necesarios y revolucionarios como el de urbanismo social.