Como suele ocurrir con las investigaciones de irregularidades que involucran recursos del Fisco, las repercusiones del caso Convenios crecen cada día, en un torbellino político difícil de controlar para el Gobierno y sus partidos. El recuento de caídos en el desastre oficialista ya suma una subsecretaria, una diputada, un senador-presidente de partido, dos seremis y gran parte de la reputación que sostenía a Revolución Democrática, quizás el golpe más duro para la generación de jóvenes frenteamplistas que prometió renovar la política con el eslogan de las manos limpias. En la oposición confían en los efectos devastadores que este tipo de controversias provocan en el futuro electoral de sus protagonistas, en parte porque lo vivieron en carne propia con situaciones parecidas, pero el esfuerzo de sus parlamentarios se ha quedado en la denuncia, sin llegar a una propuesta concreta en torno a los controles de gasto y eficiencia que deben tener las platas fiscales. En la periferia de este escenario, aún confuso, diversas entidades comenzaron a levantar voces de preocupación, porque observan con cierto temor que la desconfianza ciudadana queda instalada en todos los organismos que reciben recursos del Estado, sin mirar en sus logros, trayectorias o necesidades urgentes. El riesgo de que ese daño colateral alcance a los servicios que dichas organizaciones prestan al Estado será cada día más alto, en la medida que el mundo político siga inmerso en su guerrilla interna, sin prestar atención a los problemas de fondo que quedaron al desnudo en el sistema de transferencia de recursos a terceros. Personas como el sacerdote Enrique Opaso, capellán del Refugio de Cristo, no pueden darse el lujo de esperar a que los dineros comprometidos para cuidar a los niños más vulnerables de la sociedad lleguen "el día del níspero", como ocurre actualmente. Tampoco es justo que los gobiernos regionales vean afectada la tramitación de la nueva ley de rentas debido a las desconfianzas surgidas en el Congreso con todo aquello que "huela" a una reasignación de recursos desde el nivel central. El desafío que hasta ahora nadie ha querido asumir es mayúsculo, porque significa conjugar dos necesidades que suelen ser antagónicas: la entrega ágil de recursos y el férreo control de su adjudicación y uso.

"Cuesta lo mismo, pero no vale lo mismo". El juicio de la economista Karinna Soto, quien estuvo a cargo del programa Vivienda Primero en el Ministerio de Desarrollo Social, desde su implementación hace ya cuatro años, es certero.

Aunque a todo el mundo le resultara contraintuitivo que fuera más económico para el Estado entregar una casa sin condiciones a personas mayores con larga experiencia de vida en calle, antes que habilitar albergues masivos para que no murieran a la intemperie en invierno, la experiencia en estos años confirma que Vivienda Primero es más barato y, sin duda, mucho más valioso.

Desde abril de 2019 hasta julio de 2023, 537 hombres y mujeres han podido dejar la calle y recuperar la dignidad que otorga tener un lugar seguro donde vivir. Desde allí se han podido revincular con su familia; han recuperado hábitos perdidos, como ir a sus controles médicos, comer tres veces al día, volver a trabajar.

Las proyecciones del costo anual que representa para el Estado un adulto mayor con largo historial de vida en calle son 20 mil dólares anuales per cápita, mientras Vivienda Primero cuesta poco menos de 10 mil al año por persona. Sin embargo, y pese al aumento significativo de las personas en situación de calle (en mayo la cifra oficial entregada por el Ministerio de Desarrollo Social pasó de 19 mil a 40 mil), los presupuestos destinados a esta realidad no crecen.

Este 2023, el de Vivienda Primero es de 28 mil millones de pesos. No se recortó, como sí se hizo con Noche Digna, dispositivo de emergencia, pero no se reajustó de acuerdo al alza del costo de la vida, al IPC, que impacta fuertemente en el precio de los arriendos. En el Hogar de Cristo, el déficit para 2022 en relación a Vivienda Primero alcanzó los 36 millones y en lo que va corrido de este año acumula 90 millones. El gap proyectado al término de los convenios -en 2024- es de más de 200 millones, lo que hace inviable su sostenibilidad si es que no se aumenta el aporte estatal en consonancia con lo que cuesta.

Ahora mismo, en el Hogar de Cristo estamos en una campaña de recolección de recursos para salvar la brecha que nos provoca Vivienda Primero. El mensaje es "Todo empieza por casa". De los 537 participantes de Vivienda Primero, 118 están bajo nuestra administración (los demás están gestionados por otras siete fundaciones, que viven sus propias pellejerías). Nuestros participantes están en 60 viviendas, en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Los Lagos. Nosotros nos debemos a ellos y a sus exitosos procesos de superación. Pero están en riesgo si la glosa presupuestaria para el programa no se reajusta.

Cuando sabemos de adjudicaciones estatales millonarias en lapsos mínimos de tiempo a noveles organizaciones que ofrecen programas socioculturales de dudosa utilidad, es cuando más nos duele que una iniciativa social tan exitosa como Vivienda Primero, que efectivamente saca a las personas de la expresión más dura de la pobreza -la situación de calle-, no sea respaldada en función de sus logros. Aquí habría que invertir, no congelar las platas.

Quienes hemos visto día a día los beneficios de este revolucionario programa social no podemos permitir la inhumanidad de volver a poner en la calle al que con un esfuerzo titánico logró dejarla.