¿Qué pasa realmente en Los Ventisqueros, de Playa Ancha, que dos opiniones técnicas atribuyen a causas totalmente distintas la alta presencia de coliformes fecales? Por un lado está el estudio realizado por el HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), con apoyo del Gobierno Regional, que ratificó una alarmante presencia de colibacilos y apunta a la planta de aguas servidas de Loma Larga, a cargo de Esval, como responsable de dicho fenómeno.

El director general del HUB Ambiental es el ingeniero Claudio Sáez, doctorado en la Escuela de Ciencias Marinas de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, cuya especialización en el modelado de procesos costeros y transporte de sedimentos lo convierten en una opinión seria sobre el tema. Sobre el problema en el sector de Playa Ancha bajo estudio, Sáez dice que "los estudios que hemos realizado (...) demostrarían que el responsable de esto es el emisario de la planta de aguas servidas Loma Larga" y advierte que hay un riesgo sanitario evidente si no se toman medidas.

Esval niega toda responsabilidad, acusa que las conclusiones de la investigación realizada por el HUB ambiental son erróneas y amenaza con acciones legales contra aquellos que provoquen alarma pública mediante informaciones erróneas sobre este hecho.

La duda que surge inmediatamente es por qué no hubo un trabajo colaborativo entre la universidad y la empresa sanitaria para determinar fehacientemente el origen de las altas concentraciones detectadas. En este tipo de temas, donde hay un peligro sanitario evidente, el trabajo coordinado de los entes públicos, privados y académicos debería ser un estándar permanente. Lo inaceptable es que prevalezca una situación llena de incertidumbre, que hace imposible para la ciudadanía conocer las responsabilidades asociadas a un problema que debe ser aclarado y luego resuelto de forma transparente y expedita.

La contaminación de aguas es una materia que debe movilizar a las autoridades, pero no es adecuado realizar emplazamientos públicos categóricos cuando un punto crítico del tema se encuentra sometido a una controversia técnica tan profunda.

La reforma de pensiones refunda el sistema por completo, pero sin abordar una mejora en las pensiones propiamente tal; y lo que es peor, todo apunta a que acrecentará los problemas estructurales que generan las malas pensiones.

Los diagnósticos sobre las mejoras al sistema de pensiones señalan que el problema está en las lagunas laborales y la informalidad, dos temas que se omiten en los cambios propuestos. Si bien en el caso de las lagunas laborales el Gobierno propone subir el costo de contratación de mano de obra en un 6% adicional para suplirlas, exime al Ministerio de Hacienda de su responsabilidad política por falta de oportunidades laborales, puestos de trabajo formales y buenas remuneraciones que se generan al alero del crecimiento económico; y ello, descontando que este aumento generará más empleo informal. Conjuntamente, esta reforma crea un incentivo perverso al subir indiscriminadamente el ingreso mínimo, las contrataciones y remuneraciones fiscales, ya que el Estado se verá beneficiado de estas alzas al administrar un porcentaje de ellas.

En general, la reforma de pensiones está rodeada de un sinfín de "peros", haciendo que ella parezca un proyecto improvisado o que el objetivo es distinto a las pensiones al colocar una gran cantidad de recursos bajo la administración fiscal, incrementando con ello el tamaño e incidencia del Estado.

El 6% de cotización a cargo del empleador es un impuesto a la contratación de mano obra formal y creo que es un tremendo error este tipo de impuestos, como también que en el Congreso Nacional no se debata sobre su calidad impositiva y los efectos nocivos de ello, como el aumento de la informalidad laboral.

Si queremos mejorar las pensiones, debemos lograr que la mayor cantidad de trabajadores coticen, pero esta reforma va en sentido contrario al generar incentivos perversos al subir el salario mínimo, aumentar las contrataciones y los sueldos fiscales, ya que con ello el Estado administrará parte de esos recursos. Además, las inversiones públicas que prometen realizar serán el fin del sistema de concesiones, etc. En resumen, esta reforma atenta contra la idea de un Estado pequeño y eficiente, ya que contará con los recursos e incentivos para hacer crecer al Estado.

Todos los caminos apuntan al crecimiento económico, ya que este significa más empleos formales, menos lagunas, más cotizaciones y también más impuestos para pagar un fondo solidario que permita ampliar la PGU, que es el foco del debate que debiera estar presente en el Congreso, en vez de negociar el destino del lamentable impuesto del 6%. Un sistema de seguridad social financiado por impuestos generales pone los incentivos gubernamentales en el crecimiento económico, ya que con él se logrará mayor recaudación para los bienes sociales sin caer en el problema de excesivos empleos públicos y abultadas remuneraciones fiscales.