Redacción

A medida que pasan los días se va enredando la trama entorno al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien de acuerdo con lo informado el martes por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, fue notificado de la formulación de cargos en su contra por eventuales faltas a la probidad en la gestión de las Farmacias Populares que podrían significar su destitución. Tras ello, el jefe municipal afirmó que entablaría acciones legales por la filtración de la investigación y su abogado añadió ayer que no habrá formalización esta semana "ni nunca", aunque surgieron nuevos antecedentes que complican al excandidato presidencial del Partido Comunista.

La reacción de Jadue se produjo poco después de que el contralor informara que "la Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares (…) Irregularidades que son relevantes: falta de control, hay gastos que no fueron acreditados, hay convenios que faltan, hay falta de supervisión del punto de vista jerárquico" e identificó al alcalde como uno de los investigados.

"Esta semana me han acusado y sentenciado a través de los medios", reprochó el jefe municipal, aludiendo también a la formalización que supuestamente alista la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en una causa penal por cohecho, también vinculada a las Farmacias Populares, lo que fue publicado por La Tercera.

"Lo que resulta improcedente e insólito, es que el contralor general de la República comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa", acusó, junto con anunciar "las acciones judiciales necesarias".

Ayer Jadue volvió a cargar contra Bermúdez en su programa de YouTube "Sin Maquillaje". "El contralor dejó entrever que había una auditoría en la que se detectaba el traspaso de 600 millones de pesos. Lo que no dijo fue que ese dinero no se perdió, sino que se usaron para comprar camillas, audífonos para gente con problemas de audición, medicamentos en plena pandemia. Se pierde el contralor, porque en pandemia se les permitió a las autoridades compra por trato directo elementos porque se trata de una situación de emergencia. La vida era un bien superior protegido", señaló y recordó la compra de un medicamento ruso contra el covid-19.

Acusan falsedad

El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, afirmó ayer en radio Universo que "la información que entrega La Tercera es una certeza que el alcalde de Recoleta va a ser formalizado y va a ser formalizado esta semana y lo pone probablemente para a obtener un golpe periodístico, lo pone como que Jadue va a ser sentado en el banquillo de los acusados. Puedo dar certeza de que eso no es real".

"No hay una formalización presentada, que se esté presentando o que esté en estudio para ser presentada prontamente", por lo cual la información presentada "es irreal, falsa y pone en una situación incómoda a todos los intervinientes, porque lo que publican es una filtración que probablemente le dieron mal".

El senador del PC Daniel Núñez, en tanto, expresó su certeza de que Jadue "va a salir libre de polvo y paja" y el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el contralor sólo "respondió a una pregunta" al referirse al caso del alcalde.

Concejo accidentado

Además de encarar al contralor, Jadue encabezó una reunión del Concejo Municipal de Recoleta lleno de incidentes, en el que apuntó directamente al concejal de RN Felipe Cruz. "Quiero hacer una solicitud sobre todo a los concejales que están más preocupados de ser diputados que de ser concejales (apunta a Cruz), que traten de no mentir por la prensa porque yo no tengo ninguna solicitud de ustedes de información concreta", pidió según el medio Ex-Ante.

"Yo les pediría que por favor fueran absolutamente honestos y que nadie además se arrogara un título que no tiene que es representante de un concejo municipal. Esto es bastante delicado", añadió.

Finalmente, ayer el La Tercera expuso nuevos antecedentes, como mensajes de WhatsApp entre el vendedor de la firma Best Quality Products, César Ramírez, y quien fuera el secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz, en la que se hablaba de una supuesta donación a nombre de Jadue y se referían a él como "mi presidente".

En el marco del juicio oral por el envío e instalación de bombas, que se inició esta semana contra Mónica Caballero y Francisco Solar, este último reconoció ayer la autoría de los delitos y afirmó que aprendió a elaborar artefactos explosivos al leer las carpetas del anterior proceso en su contra por crímenes similares.

Al antropólogo se le acusa de haber enviado el paquete explosivo que recibió el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter en su oficina de Quiñenco en Las Condes, la cual fue interceptada por el GOPE de Carabineros el 25 de julio del 2019; también por la detonación de un artefacto explosivo enviado a la 54ª Comisaría de Huechuraba, el que provocó lesiones a ocho uniformados ese mismo día; y la colocación de dos explosivos en el edificio Tánica (ex-Transoceánica), ubicado en la avenida Santa María de Vitacura, en febrero del 2020.

En este último hecho está acusada también Caballero, su expareja.

En medio de la audiencia de ayer, durante el segundo día de juicio, Solar reconoció que mandó las bombas y aseguró que "la pólvora negra y el sistema eléctrico los aprendí a confeccionar de las carpetas del caso Bombas I, donde la policía detalló minuciosamente las características de cada artefacto explosivo y cómo se hacía. Específicamente, el paquete explosivo lo aprendí de una revista que encontré en España", mencionó.

"El día 25 de julio, me enteré por la prensa, que un artefacto explosivo había detonado en la 54°Comisaría, hiriendo a varios carabineros y que el artefacto explosivo dirigido a Hinzpeter había sido desactivado por personal del GOPE de Carabineros", añadió.

Su objetivo era "dar una respuesta a la brutalidad policial y a un exministro del Interior recordado por su faceta represiva (...) se cumplió completamente".

Caso Bombas I

En el mencionado caso Bombas I, Solar fue acusado de perpetrar otros tres atentados con bombas. El primero de ellos fue el 18 de enero de 2006 en la Agencia Nacional de Inteligencia, el segundo el 21 de diciembre de 2006 en las oficinas del Consejo de Defensa del Estado y el tercero en octubre de 2007, en una sucursal de Chilectra en La Cisterna. Sin embargo, resultó absuelto el 13 de julio de 2012.

Según expusieron los jueces en esa oportunidad, la investigación fue "parcial", lo que llevó a desestimar los cargos presentados por el Ministerio Público.

Años después, Solar y Caballero se radicaron en España, donde fueron condenados y expulsados tras ser declarados culpables de instalar y detonar una bomba en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza.

El Ministerio Público anunció el martes que la pena solicitada contra Solar será cercana a los 150 años de prisión.