La Policía Nacional del Perú (PNP) retiró a los cientos de manifestantes que llegaron anoche hasta los exteriores del Congreso y los dirigió hacia otros puntos del centro de Lima, al final de la marcha de protesta convocada por colectivos sociales para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

La Policía usó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que llegaron hasta los exteriores del Parlamento, edificio que estaba rodeado por un cerco policial y rejas de metal para impedir su acceso.

Un grupo de manifestantes fue conducido por la Policía hacia un puente que comunica con el distrito del Rímac, mientras que otro grupo fue forzado a retroceder hacia el parque Universitario, donde estaba el cerco policial que bloqueaba el ingreso a la avenida Abancay.

Los manifestantes lanzaron objetos envueltos en llamas, piedras y botellas de agua a la Policía para intentar no ser desalojados del centro histórico, pero los agentes avanzaron protegidos con sus escudos.

Unos minutos antes, algunos de los participantes en la protesta habían logrado traspasar un cerco policial en el Parque Universitario para ingresar a la avenida Abancay, donde se encuentra la sede del Congreso.

La movilización que congregó a organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles transcurrió pacíficamente en su desplazamiento entre las plazas Dos de Mayo y San Martín, pero a, mitad de camino, se detuvo frente a un cerco policial que impedía el acceso a la avenida Abancay, que atraviesa buena parte del centro de la capital peruana.

Al final de esa avenida se encuentra el edificio del Parlamento, que permanecía cerrado y resguardado por la Policía Nacional con tanquetas y otras unidades móviles.

Los manifestantes comenzaron a empujar los escudos de los agentes policiales y a lanzar botellas de agua y otros objetos para romper el cerco, y finalmente lo lograron después de un enfrentamiento, en el que no faltaron los gases lacrimógenos y bombas de humo.

La Policía detuvo a un manifestante que se enfrentó a los agentes envuelto en una bandera, se pudo observar en imágenes al cierre de esta edición.

Un grupo de agentes se dirigió en motos a otro punto de acceso al Congreso para evitar la llegada masiva de manifestantes, mientras que un mayor número de policías se dirigía a bloquear el paso en la avenida.

Una vez en el lugar, la televisión local mostró al presidente del Congreso, José Williams, observando desde un balcón a los manifestantes que seguían llegando a los exteriores, una situación que no se había producido en las movilizaciones de protesta de los meses previos.

Fuerte resguardo

Pese a que las protestas no han mostrado intenciones de confrontación, como sí hicieron en las anteriores olas de protestas, la Policía reforzó su presencia en los exteriores del Congreso con un alto número de efectivos que salió del interior del Parlamento.

Delegaciones de diversas organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y grupos políticos acudieron a la gran marcha de protesta en el centro de Lima para reclamar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, ambos con un rechazo por encima del 80% en los últimos sondeos.

En las movilizaciones que estallaron en diciembre pasado, tras la destitución de Pedro Castillo, y que se extendieron hasta febrero último, hubo personas detenidas, cientos de heridos y también 49 fallecidos por hechos vinculados a las protestas.

La Unión Europea (UE), Brasil, Colombia y Argentina solicitaron, de manera unánime, avanzar en un esquema de levantamiento de las sanciones contra Venezuela, para luego "trabajar" para construir un diálogo entre el Gobierno y el antichavismo, aseguró ayer el canciller del país caribeño, Yván Gil.

"Hemos visto cómo, de manera unánime, incluyendo la Unión Europea, incluyendo países como Francia, Brasil, Colombia y Argentina, han solicitado avanzar en un esquema que elimine, que levante las sanciones y, a partir de allí, empezar a trabajar en la construcción de un diálogo político entre los venezolanos", dijo en una entrevista telefónica con el canal estatal VTV.

"efecto pernicioso"

El ministro aseguró que la "primera cosa que quedó clara" durante la reciente reunión en Bruselas entre la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, y el jefe negociador de la oposición en el diálogo con el Gobierno, Gerardo Blyde, fue el "efecto pernicioso de las sanciones", que afectan, "sin distingo", a "toda la población", y "no a dirigentes".

Sin embargo, las sanciones que la UE impuso a Venezuela no afectan a bienes púbicos del país, sino a funcionarios y políticos identificados por el bloque comunitario como responsables de violaciones de los derechos humanos y señalados por socavar la democracia y el Estado de derecho.

Estas medidas de la UE son personales e individuales y, por tanto, no afectan a toda la población, puesto que las empresas públicas e instituciones no cuentan con medidas coercitivas por parte del bloque, como sí ocurre con Estados Unidos.

El único veto colectivo de la UE al propio país está relacionado con el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna.

Este lunes, por invitación del presidente francés, Emmanuel Macron, Blyde sostuvo un encuentro con Rodríguez, en el que también participó el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.

Cinco integrantes del partido opositor Centro Democrático fallecieron ayer en un accidente en el que también murió el piloto del Cessna T210N que operaba como taxi aéreo y volaba desde Villavicencio al aeropuerto de Guaymaral, en las afueras de Bogotá. "La investigación preliminar indica que, aparentemente, todos los ocupantes perdieron la vida", indicó un comunicado. Las víctimas son la exsenadora Nohora Tovar y su esposo, Guillermo Pérez; el diputado Dimas Barrero y el concejal Óscar Rodríguez, el candidato a gobernador Felipe Carreño y el comandante Heliodoro Álvarez.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tildó de "barbaridad" y "exterminio" los reportes sobre nuevas medidas antinmigrantes de Texas (EE.UU.), donde medios dieron a conocer que agentes locales tienen la orden de empujar a inmigrantes al río Bravo y no darles agua. "Lo primero (de empujar a inmigrantes) no lo creo, sería una barbaridad, es extremo, es inhumano, es exterminio, no lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes, y que incluso se les persiga", expresó el mandatario tras un reportaje de The Houston Chronicle y CNN.

Argentina registró en junio pasado un déficit comercial de 1.727 millones de dólares, 647% más que el saldo negativo en igual mes de 2022, resultado que sigue evidenciando el impacto de la sequía sobre las exportaciones agropecuarias. Este saldo se explica por una caída en las exportaciones, principalmente de productos agropecuarios, y una contracción menor en las importaciones, operaciones que el Gobierno restringe desde julio de 2022. El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) bajó en junio un 26,1% interanual, a un total de 12.627 millones de dólares.