Katherine Escalona M.

El médico Álvaro Erazo (PS), exministro de Salud en el primer gobierno de Michelle Bachelet, está en el ojo del huracán por su participación como jefe de proyecto en la licitación de "Servicios de Estudio de un Modelo de Atención y Gestión en Salud para la Provincia de San Antonio y la comuna de Casablanca". La iniciativa fue adjudicada por el SSVSA a la empresa "Territorios Consultores S.A.", proceso cuestionado en una auditoría realizada por el Minsal y también denunciado por la Fenpruss ante la Contraloría Regional.

Erazo desestimó las acusaciones y deslizó "mala intención" en la información vertida por funcionarios del servicio.

- ¿Qué puede señalar sobre la licitación? Se acusa que incluso habría incidido en la salida del director del SSVSA.

- Hay procesos administrativos que el ministerio ha venido investigando. Dentro de eso hay una auditoría donde se analiza la licitación nuestra y, según me informaron, la consideración que había hecho el ministerio es que debían revisar la adjudicación consultando al observatorio de licitaciones abiertas ante alguna preocupación, queja, que pudieran haber hecho los otros oferentes. Esta es una licitación que reúne todas las condiciones exigidas en las licitaciones que se hacen en el país.

De común acuerdo

- ¿Cómo se conforma el grupo de trabajo de la consultora?

- Constituimos un grupo de expertos que después lo hemos reforzado. Se hizo un primer informe que está en el Servicio de Salud, donde está todo el análisis teórico, el marco teórico, la fundamentación de cómo vamos a desarrollar esta investigación. Hemos hecho análisis cartográfico porque son dos hospitales en que se está buscando la operatividad, hicimos la metodología, nos entrevistamos con el alcalde de Casablanca y con el director del hospital de San Antonio.

- ¿El proyecto está en ejecución?

- Estuvo toda la contingencia de invierno y con un escenario así, más el análisis que se hizo, donde manifesté al gerente de la empresa que había un periodo bastante limitado para el estudio. Después de la adjudicación llegamos a la convicción de que, de haber cualquier dificultad que pudiese tener el servicio, y lo declaramos por escrito, nosotros estábamos disponibles para volver a participar en una nueva licitación. Cuando comienzan a aparecer estas situaciones de problemas en el servicio decidimos, de común acuerdo, porque la contraparte se demora en entregar una respuesta respecto del primer informe, en poner término al contrato.

- ¿Cuándo se presentó el término del contrato?

- Hace 10 días, aproximadamente, se planteó la situación. Para nosotros los más determinante es que se comenzó a demorar la validación del primer informe y definimos por los tiempos, porque sólo eran cuatro meses, que no se alcanzaba.

- ¿Cómo ve la información que se da a conocer respecto a la empresa?

- El gerente general es Álvaro Riffo, quien tiene la mayoría de la participación en esa empresa, y Natalia Riffo (actual directora de Senda y exministra), que es su señora, tiene un porcentaje. Hablé con el gerente general cuando esto apareció por un diputado Radical, Tomás Lagomarsino, que hace la denuncia y considera que esto es cuestionable, pero yo soy un empleado y sólo puedo decir que esa información está en Transparencia, no está escondida como se dice. No sé qué incompatibilidad administrativa puede haber. Ahora, las bases de la licitación las hace el servicio y esas son de estudios anteriores que yo he hecho como jefe de proyecto para otros servicios donde se busca continuidad operacional en hospitales.

"Veo mala intención"

- ¿Cree que esto obedece a un maniobra política o mala intención?

- Completamente. Dejé de ser ministro hace 15 años y como exministro debo seguir trabajando. Es evidente que mi labor profesional es salud. Conozco al 80% de los directivos de salud que tienen más de 10 años en servicio. ¿Cómo no voy a encontrar a alguien conocido? Me tendría que cambiar la cara o el apellido. No quiero jugar a intenciones, pero es un acto de mala fe. Entiendo que en ese servicio permanentemente han tenido una rotación de directores. Veo una mala intención. ¿Será política, de mala fe? No tengo idea, pero se pretende dañar la imagen de una persona. Yo no soy el centro del problema.

Los dichos del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre la toma de las obras de la planta desalinizadora de la empresa Aguas Pacífico que mantiene desde hace más de dos meses la Federación de Pescadores Bahía Narau Quintero-Puchuncaví, generaron fuertes críticas desde la oposición.

El secretario de Estado aseveró que se cumple con todos los requisitos y que el Gobierno hará cumplir el Estado de derecho; sin embargo, parlamentarias criticaron el actuar del Ejecutivo.

La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, informó que envió un oficio de fiscalización a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; a la delegada presidencial regional, Sofía González, y al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, por la, a su juicio, inacción del Ejecutivo frente a la prolongada toma que mantienen los pescadores en las obras de la desaladora.

"Resulta inexplicable el desinterés del Gobierno por hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Y es que recién ayer (martes) conocimos la opinión del ministro Grau respecto al respaldo del Gobierno a este proyecto; el ministro aseguró que harían cumplir el Estado de derecho. La pregunta que le hago al ministro es qué han estado esperando durante todo este tiempo y cuánto más van a seguir esperando", puntualizó.

La parlamentaria agregó que "el Gobierno tiene las facultades para presentar, incluso, querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, pero como ya es costumbre, desatienden sus deberes, seguramente por razones ideológicas".

Proyecto fundamental

Por su parte, la diputada Camila Flores, de Renovación Nacional (RN), sostuvo que "la planta desaladora es un proyecto fundamental que debe concretarse y es impresentable que este grupo de personas mantenga tomado el terreno y, por lo tanto, paralizadas las obras. El Gobierno tiene el deber de hacer valer el Estado de derecho. Ya han pasado más de 70 días en lo que se ha mantenido esta toma y es momento de que las autoridades actúen con toda la fuerza de la ley".

En tanto, desde el oficialismo el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, expresó que "lo que esperamos es que el diálogo entre el Gobierno, los pescadores y la empresa llegue a puerto".

El legislador añadió que "estamos hablando de una zona que ha sido particularmente afectada por las consecuencias de un desarrollo desregulado y, en ese contexto, esperamos que las demandas de los pescadores que se han visto perjudicados por la contaminación hagan sentido en las partes y se logre un acuerdo antes de cualquier otra medida".

Cabe destacar que el Proyecto Aconcagua que se emplazará en Puchuncaví, contempla una inversión directa de US$1.000 millones y desde Aguas Pacífico precisaron a La Segunda que ya han invertido en obras y autorizaciones cerca de US$300 millones.

Dada la solicitud de renuncia que se hace a la directora Andrea Didier por una presunta mala gestión en el Hospital San José de Casablanca y la falta de respuesta de la dirección del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), ayer más de 100 funcionarios del recinto asistencial paralizaron para reiterar la petición de la salida del cargo de la doctora. Los trabajadores informaron que están funcionando con turnos éticos en áreas críticas para atención a pacientes, entregaron un petitorio en la Municipalidad de Casablanca pasadas las 13.30 horas y cortaron la Ruta 68 en protesta por los cuestionamientos a la dirección. Hoy seguirá la jornada de paralización.

Un 25% de avance llevan las obras que ejecuta el Serviu en la avenida Francia de Valparaíso. El proyecto tiene como objetivo principal que esta arteria, que conecta el plan de la ciudad con los cerros Mariposas, Monjas y La Cruz principalmente, pueda ser utilizada como vía de evacuación peatonal en situaciones de emergencia, como un terremoto con alerta de tsunami. Se trabaja en ensanchar la acera poniente, mientas que se mantiene la extensión en la vereda oriente, pero manteniendo las dos pistas de circulación vehicular en ambos sentidos, para cumplir con los estándares en materia de seguridad.