Sebastián Mejías O.

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gestión de residuos, recolección y valorización de envases y embalajes, y responsabilidad extendida del productor contenidas en la Ley REP, la Municipalidad de Viña del Mar propuso al Concejo un convenio de colaboración con la empresa ReSimple que, entre otros objetivos, asumiría el compromiso de organizar y financiar la recolección de los residuos de envases y embalajes en la comuna, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento de conformidad a la normativa vigente.

El convenio tiene con más dudas que certezas a los concejales de la ciudad, pero sobre todo a los cerca de 250 recicladores de base que hoy día trabajan en la comuna, quienes temen, a partir de este convenio, perder las certezas laborales que han conseguido hasta ahora. Una representante de los trabajadores plantea que desconocen tanto los detalles del convenio, el lugar que ocuparán los recicladores de base luego de que se firme y los pormenores de la operación que ReSimple ejecutaría en la comuna.

La dirigente Myriam Ruz dejó claro que "una de las dudas más grandes que tienen tiene que ver con el modelo de gestión de residuos domiciliarios que propone este convenio". Agregó que "tienen incertidumbre sobre las condiciones laborales que se proponen para implementar este modelo, pero también sobre el destino final de los productos recolectados y sobre el valor que ReSimple le dará a nuestro trabajo como recicladores de base y cuánto en definitiva se nos va a pagar".

Como recicladores de base, criticó Ruz, "hoy día no tenemos claridad sobre el rol que cumpliremos, ya que desconocemos el modelo de gestión de residuos que realizará". A su juicio, la empresa con la que el municipio propuso este convenio "no tiene experiencia en la comuna y tampoco han sido capaces de juntarse con nosotros, en un trabajo cooperativo".

Propuesta ambigua

Luego de reuniones con los recicladores de base, el edil René Lues (DC) también dijo tener "muchísimas dudas con relación al sistema de gestión de ReSimple, pues, en primer lugar, a pesar de ser tan relevantes los recicladores de base en ese sistema, hasta hoy no conocen la propuesta de la empresa ni han sido contactados por ellos para dárselas a conocer antes de llegar al Concejo Municipal".

Siguiendo la crítica de la dirigente Myriam Ruz, Lues aseguró que como ediles desconocen "el modelo de gestión de residuos y la infraestructura que se utilizará y que se pondrá a disposición, así como la estructuración del territorio y recorridos o la cantidad de personas requeridas para el trabajo y sus remuneraciones".

"Tampoco conocemos dónde se ubicará la única instalación que declaran como punto de recepción, clasificación, compactación y acopio de los envases y embalajes valorizables, ni si esa única instalación es suficiente para toda la operación de los próximos cinco años", declaró el concejal.

Cree que "hasta ahora la propuesta carece de muchas cifras y números y de si existirán responsabilidades que se puedan exigir como municipio en caso de no cumplimiento del convenio por parte de ReSimple".

Dudas por cumplimiento

En la sesión de comisiones del pasado jueves, el concejal PC Pablo González expuso todas sus dudas sobre este tema, las que apuntan a dos líneas: "El cómo velar por el cumplimiento de este convenio, estableciendo plazos perentorios, protocolos de acción frente a eventuales incumplimientos o canales de comunicación con la comunidad que estará sujeta a esta recolección".

Por otro lado, se mostró preocupado por la "mantención de la infraestructura que, eventualmente, se instale para el reciclaje". De hecho, aseguró tener "un disenso con el gerente de ReSimple, que alegó que en este convenio no hay un intercambio económico entre el municipio y la empresa, considerando que lo que se recolecte para el reciclaje, por parte de los recicladores de base, es un bien que le terminará dando financiamiento a la empresa".

Aunque González reconoce que este convenio es fundamental para que el municipio dé cumplimiento a la normativa vigente en materia de reciclaje, dejó claro que hay dudas y que "uno de los puntos más complejos tiene que ver con los recicladores de base, quienes no han sido considerados en esta discusión del convenio con Resimple".

Apoyo a recicladores

Por su parte, el concejal Jorge Martínez (UDI) calificó como "impresentable que el municipio quiera firmar este convenio con ReSimple sin conversar con quienes son fundamentales en la cadena de producción y logística como los recicladores de base".

Contó, tras ponerse en contacto con recicladores de base, "que ellos están muy molestos y preocupados por este convenio en el cual no se les incorporó, cuando ellos son evidentemente los principales actores".

"A pesar de ser tan relevantes los recicladores de base en ese sistema, hasta hoy no conocen la propuesta de la empresa".

René Lues, Concejal (DC)

"Tenemos dudas sobre el valor que ReSimple le dará a nuestro trabajo como recicladores de base, cuánto en definitiva se nos va a pagar".

Myriam Ruz, Dirigente recicladoras de base

"Es impresentable que el municipio quiera firmar este convenio con ReSimple sin conversar con los recicladores de base".

Jorge Martínez, Concejal (UDI)

Cuando en una entrevista con TVN el diputado por el Distrito 6 Diego Ibáñez (CS) acusó al expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, de "haber pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP", el dirigente tomó acciones inmediatas, presentando una querella dado que el hecho cometido por el legislador "es constitutiva del delito de calumnia".

En un escrito presentado a la Corte, el abogado de Juan Sutil, Eduardo Riquelme, pidió que el querellado sea desaforado y se autorice a esta parte a recurrir al tribunal (...) para perseguir su responsabilidad penal por los hechos descritos en nuestra querella".

Dicho pedido seguirá su curso en la citación que hizo para el 3 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago a "una audiencia para efectos de conocer la solicitud de desafuero interpuesta por el abogado don Eduardo Riquelme Portilla en representación de señor Juan Ignacio Sutil Servoin, en contra del diputado de la República señor Diego Ibáñez Cotroneo".

Y es que para el abogado Riquelme "el fuero de que goza el querellado no puede impedir el derecho de mi representado a recurrir a la justicia para perseguir su responsabilidad penal, que es manifestación de la garantía constitucional del derecho a la acción".

Además, en el informe del proceso se lee también, en palabras de Riquelme, que "los dichos del querellado Diego Ibáñez imputan directamente a mi representado Juan Sutil como autor de conductas destinadas a incidir en la voluntad parlamentaria por medio de la entrega de dinero a tres diputados específicamente indicados, esto es, a los diputados Juan Antonio Coloma, Diego Schalper y Jorge Alessandri".

Defensa de ibáñez

Pidiendo el rechazo de la solicitud de desafuero, el abogado de Ibáñez, Francisco Cox, argumentó que la "solicitud de desafuero y también la querella se basan en una versión "descontextualizada y finamente seleccionada de los verdaderos dichos que fueron proferidos por el diputado Ibáñez, quien en el contexto de un programa en vivo y ante la presión ejercida sobre él por parte del periodista, intentó en variadas ocasiones explicar su opinión". No cabe ninguna duda, agregó, "que jamás le imputó delito alguno. (…) Mi representado en ambos programas dice que lo realizado por el Sr. Sutil es legal, de manera que no tuvo la voluntad de imputarle delito alguno".

"Solicitud de desafuero y también la querella se basan en una versión descontextualizada (…) de los verdaderos dichos".

Defensa de Ibáñez