Montes y convenios: "El modelo está malo y tenemos que reconocerlo"
ESCÁNDALO. Ministro de Vivienda reaccionó luego de que la Contraloría declaró ilegales 29 de los 34 casos de transferencias de dinero entre reparticiones públicas y fundaciones analizadas.
El caso de los convenios cuestionados entre fundaciones y organismos de gobierno suma cada día nuevos capítulos y el último tiene como protagonista al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien ayer afirmó respecto de la forma en que se establecen estos traspasos de dinero, que "el modelo está malo y eso tenemos que reconocerlo".
Las palabras del secretario de Estado, durante una visita al proyecto Ciudad Parque Bicentenario en Cerrillos, aludieron a la declaración de la Contraloría General de la República, que calificó como ilegales 29 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, de los 34 que han revisado desde que estalló el escándalo que vinculó a la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, ambas partes encabezadas por dos militantes de Revolución Democrática, quienes fueron expulsados tras el caso.
Los convenios objetados son acuerdos suscritos durante 2023 e involucran más de $13 mil millones, consignó La Tercera.
Ante ello el ministro Montes manifestó que "el informe de la Contraloría que hoy se publica en los medios está referido principalmente a las gobernaciones. Y nosotros nos preocupamos y sabemos más y tenemos más antecedentes de lo que tiene relación con Vivienda".
Y fue más allá: afirmó que "aquí hay un cuestionamiento de un modelo, un sistema, un mecanismo que se creó en un determinado momento y que estamos reestudiándolo y cuestionándolo globalmente".
"El modelo, el mecanismo, está malo y eso tenemos que reconocerlo y es responsabilidad de todos los actores en este país, de todos, para realmente pasar a otro nivel", aseveró Montes.
Críticas políticas
El anuncio de la Contraloría se sumó a la renuncia de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, tras la revelación de que firmó convenios con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Chile, representada por Teresita Ugarte, pareja de su entonces jefe de gabinete, Pablo Casals; y otros dos con la Corporación de Desarrollo de Santiago, la cual dirigía hasta su llegada a la subsecretaría.
Ante ello el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que "la subsecretaria le entregó cientos de millones de pesos a la fundación cultural que depende el Municipio de Santiago, donde ella trabajó hasta el último día antes de entrar al Gobierno, no inhabilitándose y no transparentando esa relación en la declaración de intereses y patrimonio. Eso es una falta grave a la probidad, una ilegalidad y eventualmente es un delito". Por ello ingresó un oficio a la Contraloría junto a otros dos compañeros de bancada para que se establezca un presunto conflicto de interés.
El diputado Raúl Soto (PPD), agregó que "lo que está ocurriendo es demasiado grave como para que nada pase y se corte el hilo por lo delgado. El Gobierno debe tomar decisiones mucho más drásticas para dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía. El caiga quien caiga debe pasar de las palabras a las acciones y los hechos. Ningún espacio a la corrupción y la impunidad".
Mientras, Eric Aedo (DC) dijo en Cooperativa que "esto va a generar efectos políticos. No tengo duda que en la discusión del presupuesto 2024, los mecanismos de control que van a existir sobre los gobiernos regionales, fundaciones y sobre entregas de dineros a estas instituciones, van a tener que tener mayor resguardo y fiscalización".