Sebastián Mejías O.

Recién el lunes, luego de haber sido cuestionada hace dos semanas por 17 convenios que, según acusaron parlamentarios de oposición, firmó "a dedo" por más de $230 millones, la seremi de las Culturas, Patricia Mix, se presentó ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputados para responder los principales cuestionamientos que se le imputan y dejar claro que no hubo ni conflicto de interés ni arbitrariedad en sus decisiones.

Asimismo, recordó que buena parte de los recursos que entregó en 2022, durante su primer año a cargo de la cartera de las Culturas en la región, se destinaron a programas y organizaciones heredadas de la administración anterior. Junto a ello, negó haber otorgado fondos y firmar tratos favoreciendo a sectores afines políticamente al Gobierno, junto con defender la legitimidad que tiene su cartera para transferir recursos a organizaciones con fines de lucro, como fue el caso de los $40 millones que recibió Tékne Cultura Educación Trabajo SpA.

"no hay arbitrariedad"

Comenzando su intervención, la seremi Mix expuso en torno a las diferencias entre el concepto de arbitrariedad y discrecionalidad y cómo es que todos los casos de los 17 convenios por los que se la ha acusado, "cumplen con los requisitos de ser convenios de colaboración apegados a la ley". En ese sentido lamentó "haber sido acusada de dar los convenios a dedo, de ser arbitraria", distinguiendo que todos se enmarcan en el ejercicio de una facultad discrecional, "que es una decisión administrativa y regida por ley".

Cuestionamientos

Inmediatamente después, la autoridad abordó uno por unos los convenios imputados y que la llevaron a tener que presentarse en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Fue tras esa presentación que el diputado Andrés Longton (RN) le advirtió a Mix que la "discrecionalidad -que les da legitimidad a las transferencias realizadas- puede convertirse en arbitrariedad fácilmente, cuando se privilegia el interés personal por sobre el interés general".

En su turno para presentarle sus inquietudes a la seremi, Longton comenzó preguntando por qué esta administración dejó sin efecto el rol clave del Consejo Regional de las Culturas a la hora de determinar la idoneidad de los distintos proyectos para sólo así entregar los recursos correspondientes de manera imparcial y objetiva, excluyendo cualquier interés político o particular.

Lo primero que hizo la seremi fue negar la existencia de un Consejo Regional que funcione a modo de comisión evaluadora. "No existe en ninguna parte, ni en los reglamentos ni en la ley, sólo existe el Consejo Regional de las Culturas que, entre sus atribuciones, no tiene ni evaluar ni sancionar las decisiones que se toman en torno a los convenios", declaró.

Sobre los 17 contratos suscritos por la cartera en la región, el diputado apuntó contra los "$30 millones que se le entregaron al Centro Cultural de Playa Ancha, a nombre de una excandidata a consejera regional por el Partido Humanista en 2021", criticando, además, que la transferencia incluyera un diálogo sobre la vivienda cuando los recursos estaban destinados al Carnaval Mil Tambores del año pasado.

De paso, quiso indagar si es que "la militancia política es determinante al momento de que la seremi entregue recursos, porque coincidentemente los reciben excandidatos de partidos de izquierda". A propósito de eso, sembró dudas sobre los $32 millones transferidos "a la Corporación de Educación, Arte y Cultura, presidida por Carolina Fernández, quien fue candidata a consejera constitucional del Partido Comunista".

A Longton no sólo le llama la atención que se le entreguen recursos a una excandidata (Fernández), "que coincidentemente representa a partidos de Gobierno", sino además porque "firmaron un convenio para realizar actividades culturales en el marco del incendio en Viña del Mar, pero la organización beneficiada acredita sus dependencias en la comuna de Valparaíso". Asimismo, cuestionó la posibilidad de que la seremi otorgara recursos a dicha organización sólo porque estaba a punto de cerrar.

Respuestas de mix

Nosotros, replicó la seremi, "no hacemos ningún examen respecto a la militancia de las personas que son parte de las organizaciones. De ninguna manera les averiguamos su historia, su ejercicio político y si es que fueron candidatos o no". Agregó que "esas son decisiones personales, que tienen que ver con el legítimo derecho a ejercer su ser político y social".

"No tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna de las entidades con las que he hecho convenios o contratos", finalizó su intervención la seremi de las Culturas. Hasta puso sobre la mesa que tiene "40 años de trayectoria como gestora y artista de la región". "Efectivamente, he trabajado para muchas de las entidades, pero en ninguna en los últimas dos años, que es lo que la ley me exige, (...) así que no hay ningún conflicto de interés", sentenció.

Insisten en reclamos

En la sesión estuvo presente el diputado por la región e integrante de la Comisión de Cultura, Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli), quien aseguró que no quedó conforme respecto a los argumentos presentados por Patricia Mix, "pues sigue resultando bastante cuestionable esta situación, donde incluso tenemos información de SpAs -con fines de lucro- que reciben dinero".

El parlamentario denunciante Andrés Longton insistió en "la excesiva discrecionalidad y, por lo tanto, el margen amplio de arbitrariedad en la entrega de recursos directos por parte de la seremi y en general por el Ministerio de las Culturas". A su juicio, "obviamente que eso se enlaza directamente con lo que está pasando en todo Chile, a raíz de las fundaciones y las distintas asociaciones de la sociedad civil, donde el vínculo político o de simpatía está primando como requisito para el otorgamiento de recursos que son de todos los chilenos". Espera, "en el caso de Cultura, que se privilegiara la participación a la hora de entregar estos recursos y no vínculos que en definitiva no se transparentan".

Para el legislador, "este Gobierno está teniendo un giro ideológico del cual necesitamos mayor claridad". "Nosotros fuimos a Contraloría por estos 17 convenios en los que se entregaron más de 200 millones de pesos, para que se aclare esta discrecionalidad que puede haber terminado en arbitrariedad y un eventual conflicto de intereses o grave infracción a la probidad, que es precisamente algo parecido a lo que está pasando en otras regiones del país", añadió.

"No tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna de las entidades con las que he hecho convenios o contratos".

Patricia Mix, Seremi de las Culturas

"Sigue resultando bastante cuestionable esta situación, donde incluso tenemos información de SpAs que reciben dinero".

Hotuiti Teao, Diputado (Ind.-Evópoli)

"(Queremos) que se aclare esta discrecionalidad que puede haber terminado en arbitrariedad y un eventual conflicto de intereses".

Andrés Longton, Diputado (RN)

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