Claudio Ramírez

Los pescadores de la excaleta Sudamericana, agrupados en el sindicato Sipelanch, manifestaron su molestia por no ser considerados en el acuerdo que se ha ido construyendo entre la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y actores públicos en relación con la expansión portuaria y el borde costero.

"Nos sentimos desplazados del pacto político construido reservadamente entre EPV, la I. Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno Regional y rechazamos, consecuentemente, todo documento o gestión en que no se nos involucre como parte interesada y perjudicada, como el que se propone firmar", señala la misiva dirigida al gerente general de la estatal, Franco Gandolfo.

A juicio del gremio, no se puede llegar a este entendimiento "por cuanto no se ha pronunciado aún la institucionalidad ambiental en relación a las observaciones formuladas por el Segundo Tribunal Ambiental, el cual anuló parcialmente la RCA del proyecto, quedando, en consecuencia, radicado en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso la ponderación de los elementos que conformarán la nueva línea base del proyecto en los aspectos observados por la judicatura especializada".

Esto, agrega el documento, particularmente "respecto a las observaciones, aclaraciones y nuevos antecedentes técnicos, legales y ambientales requeridos en el documento Icsara, emitido con fecha 1 de Junio de 2023 (...) en lo que compete al estudio de ex Caleta Sudamericana".

En esa línea, el presidente del sindicato, Eduardo Novoa, señaló que "en esto deben estar todos los actores involucrados y por eso hay una resolución del tribunal. (...) No nos pueden marginar porque somos parte de la problemática, lo que queremos es un punto final".

Fallo de suprema

Por otra parte, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación de fondo interpuestos por la Cormuval (Corporación Municipal de Valparaíso) y la organización Plan Cerro, en referencia al fallo del Segundo Tribunal Ambiental respecto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Terminal 2 de Valparaíso.

En parte del escrito se recuerda que la sentencia del tribunal ambiental retrotrae el proceso, por lo que "no existe una decisión final vinculada al proyecto que pueda ser revisada por este tribunal de casación, pues tal decisión sólo se materializará una vez que se agote la vía administrativa, cuestión que, en razón de lo decidido por el Tribunal Ambiental, no se verifica".

Asimismo, se da cuenta que "durante el nuevo proceso complementario de evaluación es posible instar por la revisión de todo lo evaluado y no sólo por aquello que fue objeto de la anulación parcial al señalar que evaluar los puntos retrotraídos no implica no evaluar los puntos ya vistos".

Desde la Cormuval subrayaron que "estamos estudiando el fallo; sin embargo, valoramos todas las resoluciones que permitan mejorar el proyecto de expansión en materia ambiental y social. Además, se ha establecido un proceso de diálogo con la EPV y diferentes actorías, considerando la importancia que tiene que el crecimiento del puerto sea de cara a la ciudad, respetando su carácter patrimonial".

Acuerdo por puerto

Respecto al acuerdo puerto-ciudad, que podría plasmarse tras las Fiestas Patrias, Gandolfo subrayó -en el marco de la Fruittrade 2023- que se trabaja en uno que refleje los consensos a los que se ha llegado en el proceso de diálogos con la comunidad. "Este nuevo proyecto de ampliación por supuesto tendrá un recorrido de tramitación ambiental, pero esperamos que nazca de una base mucho más robusta y consensuada".

A la vez, destacó que los puertos de San Antonio y Valparaíso deben crecer en forma "ordenada y secuencial".

"No nos pueden marginar porque somos parte de la problemática, lo que queremos es un punto final".

Eduardo Novoa, Presidente Sindicato Sipelanch

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Uno de los temas que en las últimas semanas se ha debatido con fuerza en el Congreso Nacional es el proyecto de ley que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la de navegación con el fin de estimular la competencia en el mercado del cabotaje marítimo.

Actualmente es la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones donde radica esta temática, a punto de ser votada en general en su primer trámite legislativo.

En esa línea, el director (i) de la carrera de Ingeniería en Marina Mercante de la Facultad de Ingeniería, UNAB Sede Viña del Mar, Augusto Barahona, remarcó sus reparos a la iniciativa. "Si bien el objetivo declarado del proyecto de ley es fomentar la competencia en el cabotaje, en la práctica esta medida tendría un efecto contrario al debilitar significativamente a la marina mercante nacional, al exponerla sin restricciones a la competencia de grandes navieras globales", dijo el experto, que suma más de más de 20 años de experiencia como marino mercante.

Quiebras

Entre otros puntos, manifestó que la apertura total del cabotaje provocaría la quiebra de varias navieras chilenas que no pueden competir contra el tamaño y economía de escala de las empresas extranjeras.

"La eliminación del cabotaje protegido no sólo afectaría a los marinos mercantes, sino también a los trabajadores que desempeñan labores en las compañías relacionadas. Se traduciría en la pérdida de miles de empleos directos en toda la cadena de valor", dijo.

Añadió que la seguridad nacional se vería afectada al perder el control sobre el transporte marítimo interno en caso de conflicto o contingencia nacional como son los desastres naturales. "No se podría asegurar el suministro interno ni coordinar la logística ante contingencias que requieran de la marina mercante".

Agregó que sería un retroceso frente a los esfuerzos realizados para tener una marina mercante local fuerte y una industria naval con capacidad tecnológica; y que las navieras extranjeras no contribuirían al desarrollo país, sino que sólo buscarían utilidades.

"En la práctica, tendría un efecto contrario al debilitar significativamente a la marina mercante nacional".

Augusto Barahona, Docente UNAB Viña del Mar