Sebastián Mejías O.

Para este viernes 1 de septiembre, luego de que pasara un año desde que los hechos fueron denunciados, el Juzgado de Garantía de Limache fijó la audiencia de formalización de la investigación en contra de un exalumno de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) acusado de violar, en un contexto de paseo de alumnos de tercer año de Derecho de la misma casa de estudios, a una estudiante de 22 años.

Según se lee en la querella, la víctima recibió, en medio de la celebración, la noticia de una calificación reprobatoria y por esa razón decidió marginarse del grupo en una sala apartada, lugar donde habría sido víctima de violación por parte del imputado, que en ese momento era estudiante activo de Ingeniería Civil Informática. Según el relato, tras el episodio "la afectada se sintió vulnerable, con vergüenza de contar a sus amigas lo que había ocurrido" y que su atacante habría "contado lo que había ocurrido como una anécdota".

Lo fundamental para el abogado querellante, Álvaro Naves, es que en la audiencia del viernes se acoja su requerimiento para que el imputado quede bajo "las medidas cautelares de más alta intensidad". Recordó que este procedimiento se realiza un año después de ocurridos los hechos, "plazos de investigación que no son los más idóneos pensando en evitar la revictimización" de la joven afectada.

Junto a ello, deslizó una crítica en contra de la Universidad Adolfo Ibáñez, que en primera instancia "actuó tomando una medida preventiva que al imputado le prohibía acercarse a mi representada, medida que no se implementó de manera acertada".

Estado emocional

El principal cuestionamiento apunta a que, "a raíz del impacto emocional, la joven congeló sus estudios por esta situación, mientras que el imputado continuó en los suyos".

A causa del traumático acontecimiento, el abogado Naves precisó que su representada "hoy está con tratamiento psicológico y psiquiátrico", aun cuando sabe que "la noticia de la formalización para ella, en parte, constituye un acto de justicia". Sin embargo, advirtió que "no quedarán conformes hasta tener una sentencia condenatoria".

Pensando en el éxito del proceso judicial y en sus pretensiones cautelares para el imputado, el abogado querellante se mostró preocupado porque "hay testigos que son clave, jóvenes que estuvieron presentes en la noche de los hechos, que se han negado a declarar y que han dado respuestas evasivas a la Fiscalía".

Relato de la madre

La madre de la afectada, que prefirió no identificarse para esta nota, dijo que luego del episodio que sufrió su hija, sus compañeros de la carrera de Derecho intentaron tomar justicia por sus propias manos, expulsando al imputado de la celebración. "Es triste cómo la juventud hoy día minimiza actos de violencia, viendo que una compañera lo estaba pasando mal". Lamentó además que hoy "se hable de sororidad, cuando de todas las que estaban ahí eran mujeres y ninguna la apoyó".

Espera que el proceso que se iniciará este viernes "termine como un acto de justicia". "Las investigaciones de este tipo de delitos no deberían ser tan lentas", reclamó.

"Hay testigos clave, jóvenes que estuvieron presentes en la noche de los hechos, que se han negado a declarar".

Álvaro Naves, Abogado querellante

"Es triste cómo la juventud hoy día minimiza actos de violencia".

Madre de la denunciante

La Corte Suprema escogió al abogado Raúl Mera Muñoz como nuevo ministro del Tribunal Constitucional (TC) en la vacante producida por el fallecimiento del ministro Rodrigo Pica Flores.

El Tribunal Pleno escuchó a los postulantes al cargo que expusieron sus puntos de vista sobre la labor del Tribunal Constitucional y su relación con el Poder Judicial y luego se realizó la votación, en la cual se escogió a quien integrará el TC en uno de los tres cupos asignados a la Corte Suprema.

Raúl Mera Muñoz es ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso desde el año 2015 y fue su presidente en el año 2016 y en distintos periodos se ha desempeñado como ministro suplente de la Corte Suprema.

Ingresó al Poder Judicial en mayo de 1980, como secretario del Juzgado de Letras de Río Negro, iniciando una carrera que lo llevó a ejercer cargos, tales como: secretario en el Primer Juzgado del Crimen de Valdivia; relator de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt; secretario de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y magistrado del Juzgado del Trabajo y del Primer Juzgado de Letras de Iquique.

En 1996 fue nombrado fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y en 2000 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, tribunal en el que permaneció 15 años y que presidió durante el año judicial 2002.

Tras ser notificado de la acusación por notable abandono de deberes interpuesta por dos concejales, el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, inició junto a su abogado, José Villagrán, la preparación de su respuesta al proceso que lleva adelante el Tribunal Electoral Regional (TER).

"El requerimiento se sustenta en un informe de la Contraloría que establece una serie de hechos que nosotros vamos a discutir. Nuestra propuesta será demostrarle al tribunal que los hechos que señala el ente contralor no son reales y de esta forma se caería de inmediato el requerimiento", precisó el jurista.

Ahora bien, luego de la respuesta de la defensa, se iniciará un proceso legal en el que cada una de las partes deberá exponer pruebas que sustenten sus argumentos.

"La Contraloría concluye cosas en su informe bien sorprendentes y cae en falsedades que nosotros vamos a acreditar", comentó Villagrán, quien además advirtió posibles acciones legales una vez terminado el juicio.

"La forma en la que se presentó todo esto, mediante la prensa, podría considerarse como injurias con publicidad. Sin embargo, primero acreditaremos la inocencia y, luego, evaluaremos acciones futuras", reveló.

Autoridades del Minvu realizaron el último llamado para postular al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad, cuyo plazo vence hoy. De manera especial, este año, además de los adultos mayores, considera a personas con discapacidad mayores de 18 años, cuya situación esté acreditada a través de la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad y que, al igual que las personas mayores, estén dentro del 70% del RSH. "Es un subsidio que se ha puesto a disposición que busca cubrir entre el 90% y el 95% de un arriendo total. Así que estamos muy satisfechos porque ha sido un gran proceso y esperamos cuanto antes tener los resultados", puntualizó la seremi Minvu, Belén Paredes, sobre la asignación de esta glosa especial que cubre hasta 11 UF.