A poco más de un mes de asumir como delegado presidencial para enfrentar el problema de contaminación en Quintero, Concón y Puchuncaví, el geógrafo Alejandro Villa hizo una descripción de las medidas que están en desarrollo y una proyección bastante optimista de sus resultados. Para Villa, cuyo nombramiento vino a llenar un vacío en la articulación del Ejecutivo con las comunidades afectadas por los reiterados episodios de emergencia, el plan en marcha debería rendir frutos pronto, ya que el objetivo es "lograr en el corto plazo un control de la contaminación en la bahía de Quintero", según planteó en entrevista con este Diario. Esa visión positiva surge de los avances alcanzados en varias acciones, entre ellas, el acuerdo en la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, para que exista una zona de amortiguación entre el barrio industrial y las áreas habitadas, y los cambios sustanciales previstos para el Plan de Descontaminación Atmosférica. En una decisión muy acertada, el Gobierno apostó por ampliar el Plan de Gestión de Episodios Críticos desde su tradicional aplicación por los seis meses de otoño e invierno a todo el año, como una forma de mantener operativas varias herramientas de control del parque industrial y atribuciones de la autoridad ante contingencias.

La mejor coordinación entre las autoridades, la rapidez con la cual se estableció un plan de acción más amplio y, sobre todo ello, la capacidad para articular soluciones complejas a distintos niveles del aparato estatal, siempre tan lento y burocrático, revelan que la estrategia de nombrar un delegado presidencial fue acertada, aunque aún es muy pronto para saber si Alejandro Villa saldrá totalmente airoso del desafío que asumió en julio. Su misión es desarrollar un trabajo intersectorial técnico y político, para lo cual se requiere una habilidad de equilibrista, más aún cuando el escenario tenderá a ser cada vez más complejo, en la medida que se acerquen las elecciones municipales y de gobernador regional. Allí reside el principal riesgo del plan de medidas que debe articular Villa, porque el peor escenario para Concón, Quintero y Puchuncaví es que las soluciones para los problemas de contaminación ambiental terminen convertidas en botín político de algunos de los contendientes del ciclo electoral 2024.

Esta semana comenzaron las votaciones de las propuestas en el Consejo Constitucional. En esta etapa se evidenciará si los consejeros de derecha optarán por redactar una Constitución de revancha o si buscarán establecer consensos transversales con el oficialismo. Entre las enmiendas propuestas llama la atención una impulsada de manera especial en redes sociales por el consejero Luis Silva, que tiene como propósito elevar el requisito de edad para postular a la Presidencia de la República. El consejero, quien logró la mayor cantidad de votos en las elecciones del 7 de mayo, busca aumentar la edad de 35 a 40 años.

Esta propuesta ha suscitado particular suspicacia en sectores del oficialismo, quienes argumentan que se trata de una disposición ad hoc, una propuesta diseñada exclusivamente para una persona: la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling. En resumen, afirman que la intención detrás de esta modificación al anteproyecto de la Comisión Experta es excluir a la ministra vocera de la próxima contienda presidencial, ya que de ser aprobada, se le impediría postularse en las elecciones de 2025 debido a que actualmente tiene 35 años.

Alrededor del mundo son diversos los límites de edad que existen para poder ser presidente, jefe de Estado o jefe de gobierno. En Alemania, el Presidente Federal (jefe de Estado) debe tener al menos cuarenta años para asumir el cargo, en Argentina la edad mínima para ser presidente es de 30 años, en Brasil es de 35 años y en la República Popular China es de 45 años. Estos son sólo algunos ejemplos. Esta discusión podría parecer abstracta y quienes abogan por elevar la edad podrían dar la impresión de tomar una decisión arbitraria, ya que en última instancia es la ciudadanía la que elige a quienes desean como sus representantes, sin prestar excesiva atención a la edad.

Quizás esta sea una oportunidad especial para que el Partido Republicano y Chile Vamos puedan construir un puente sin abandonar sus convicciones. Si deciden aprobar la enmienda en debate y consagrar definitivamente el límite de 40 años en la Constitución, podrían incluir una disposición transitoria que excluya dicho límite para la próxima elección presidencial, es decir, que la norma tenga efecto recién en 2030. La derecha se presentaría como una fuerza conciliadora, dispuesta a resolver conflictos de manera sensata conforme a sus convicciones y, al mismo tiempo, disiparían las sospechas de que pretenden anular a una candidata en particular.

Tanto Chile Vamos como los republicanos han expresado su deseo de que esta Constitución sea válida para el futuro y no sólo diseñada en función de las próximas elecciones presidenciales, que, por cierto, tienen muchas posibilidades de ganar. Si optan por implementar la disposición transitoria que se propone en esta columna, demostrarían que son una fuerza capaz de ser razonable sin abandonar sus ideas, incluso teniendo una mayoría sólida dentro del Consejo Constitucional. Además, brindaría cierta tranquilidad a aquellos que de buena fe aspiramos a un proceso constituyente exitoso, que ponga fin a la incertidumbre que nos impide avanzar y superar la crisis que enfrentamos.