Sebastián Mejías O.

Con nueve votos a favor provenientes de la derecha y cuatro en contra, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional, dio el visto bueno a una propuesta de consenso entre el Partido Republicano y Chile Vamos, para eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda familiar. La medida, que fue calificada como "antimunicipios" por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, no sólo complicará una de las principales fuentes de ingreso de los gobiernos locales, sino también le quitará recursos al Fondo Común Municipal, del que dependen la mayoría de comunas más pobres del país.

El alcalde de Concón y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, Freddy Ramírez, que viene siguiendo con atención las decisiones del Consejo, dijo ver "con preocupación que, sin un debate profundo y desde el territorio, se aprueben artículos que no aportan ni ayudan a la actividad municipal".

Que tomara fuerza esta enmienda se explica, según Ramírez, "por la obsesión que tienen los consejeros del Partido Republicano y algunos de derecha por seguir perjudicando a las comunas más pobres". Recordó que "en la Región de Valparaíso, gran parte de los municipios dependemos de estos impuestos territoriales" y por eso proyecta que "quitarlos sería un gran error que podría beneficiar a un grupo de personas, pero también perjudicaría a una gran mayoría que depende solidariamente de los ingresos que generamos en las comunas".

Anticipan quiebra

A juicio del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la exención del impuesto comunal a la primera vivienda que aprobó el bloque de derecha dentro del Consejo Constitucional fue "una indicación antimunicipios, dado que la recaudación de contribuciones va en directo beneficio de los presupuesto de las municipalidades". Estima que esta pérdida en los ingresos "significará una seria afectación a los servicios esenciales para la ciudad, como el aseo, la mantención de áreas verdes o la entrega de ayuda social".

Dicho de otra forma, Sharp anticipa que "esta medida de la derecha supone quebrar a todos los municipios de Chile". "Las constituciones deben garantizar derechos: educación, salud, agua, pero cuando se deja sin recursos a los municipios se atenta, precisamente, contra el bienestar de millones", criticó la autoridad que integra las filas de Transformar Chile.

Desfinanciar municipios

María Pardo, experta en derecho constitucional y representante por esta región en el Consejo, cree que "la enmienda sobre contribuciones de Republicanos es mala técnica y políticamente, además de dañina para las comunas de menores ingresos del país".

Explicó, además, cómo es que "las contribuciones, especialmente de las comunas más adineradas, son la fuente principal para componer el llamado Fondo Común Municipal, (…) que es un mecanismo de redistribución de las municipalidades y es la fuente principal de ingresos de varias comunas a lo largo de Chile, superando el 90% de incidencia en algunos casos". Hay comunas que dependen de los ingresos de este fondo y, según María Pardo, "retirarlo sería desfinanciarlas prácticamente por completo".

A su vez, calificó la medida como "totalmente centralista, puesto que Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Santiago y Providencia son las cinco comunas que se verían menos afectadas. Hay mansiones de miles de millones de pesos que podrían pagar cero impuestos sólo por ser declaradas primeras viviendas".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, comentó que "por razones jurídicas y de complejidad de los sistemas tributarios, no es conveniente incorporar medidas de política pública a un texto constitucional, sin saber cuál es la forma de compensar la pérdida del dinero que proviene de esos tributos y que van al Fondo Común Municipal, y cuyo origen está en las comunas más ricas: Vitacura, Santiago, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Providencia".

Aliviar a familias

Desde el Partido Republicano, promotor de esta enmienda, el consejero Jorge Ossandón sostuvo que lo que buscan es "alivianar la carga económica de las familias, que son el motor de nuestro país, como también evitar que muchas de ellas pierdan su vivienda por no pagar un impuesto". "Es el Estado que debe estar al servicio de las personas y no puede privilegiar un impuesto a un derecho fundamental que va en directo beneficio de las familias", recalcó.

"(Se refleja) la obsesión que tienen los consejeros del Partido Republicano y algunos de derecha por seguir perjudicando a las comunas más pobres".

Freddy Ramírez, Asoc. Municipios de la Región

"Esta medida de la derecha supone quebrar a todos los municipios de Chile".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

"Hay mansiones de miles de millones de pesos que podrían pagar cero impuestos sólo por ser declaradas primeras viviendas".

María Pardo, Consejera (CS)

Con arraigo nacional, firma mensual en una unidad de Carabineros y prohibición total de acercase y comunicarse con la víctima quedó ayer R.V.R.S., tras ser formalizado en el Tribunal de Garantía de Limache por el delito de violación de una estudiante que cursaba Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, hecho ocurrido el año 2022, en Olmué.

De acuerdo a lo informado en la audiencia por el fiscal Iván Morales, el ultraje ocurrió cerca de la medianoche del 12 de julio, en un domicilio ubicado en la calle Lo Rojas, lugar donde el imputado procedió a agredir sexualmente a la víctima cuando ambos se encontraban a solas en una habitación del inmueble, en el contexto de una fiesta de estudiantes que se realizaba en el lugar.

"Acto seguido, el imputado (…) forcejeó con la víctima con la finalidad de mantener relaciones sexuales no consentidas, (...) cuestión que no pudo concretar debido a que una amiga de la víctima comenzó a llamarla, desistiendo el imputado de su actuar", precisó el persecutor.

Cuestionamientos

En el análisis de las medidas cautelares solicitadas, siendo la más gravosa la prisión preventiva requerida por el abogado querellante, Álvaro Naves, la magistrada Paulina Martínez explicó, primero, que "es necesario aclarar, tanto a la parte querellante como a la defensa, que el libelo de la querella en ningún caso reemplaza al testimonio de un testigo en sede investigativa. El escrito querella ni siquiera fue presentado por la víctima, fue presentado por su abogado".

Agregó que "se trata de un contenido sobre un hecho que no ha sido objeto de ningún tipo de examen ni ratificación por parte de la víctima. Desde esa perspectiva, es imposible para el tribunal suponer que el relato establecido en la querella es un elemento contundente para acreditar cualquier hecho durante un juicio". Por tanto, dijo que "lo que se observa es que existen relatos de oídas respecto de la versión que habría dado la víctima sobre los hechos que habrían acaecido y que la habrían perjudicado".

La jueza consignó que para imponer la prisión preventiva "se requieren antecedentes bastante más contundentes, ciertos, precisos y concordantes entre sí, que den luces sobre el núcleo fáctico del hecho que efectivamente constituiría un delito, lo cual, al día de hoy, no se encuentra completamente acreditado".

Por ello rechazó la petición del querellante al considerarla desproporcionada, pero sí accedió a lo solicitado por el Ministerio Público, decretando las medidas cautelares y un plazo de investigación de 180 días.

"Se requieren antecedentes bastante más contundentes, ciertos, precisos y concordantes entre sí (para decretar prisión preventiva)".

Paulina Martínez, Magistrada del Tribunal de Garantía de Limache