Controversia ha causado la última votación de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional respecto de la propuesta de Chile Vamos y el Partido Republicano para eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda familiar, lo que obviamente golpearía las arcas municipales de manera importante, como también al Fondo Común Municipal, uno de los principales redistribuidores horizontales de recursos hacia las comunas más desfavorecidas del país para que éstas cumplan sus obligaciones.

Las primeras críticas vinieron del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que la califica como una medida antimunicipios, aun cuando en su ciudad alrededor del 65% de la población está exenta del impuesto por la precariedad de sus viviendas, bienes raíces no agrícolas liberados por ley sobre una tasación comercial de la propiedad que no supere los $47,4 millones según el último reavalúo del SII del año 2022. De hecho, el 35% que sí paga contribuciones se ubica geográficamente en el sector de Curauma, Placilla, y en cerros como el Alegre y Concepción.

El punto, como bien explica el core Manuel Millones, es que alguien tiene que compensar la pérdida del pago patrimonial, ahora no solo por la baja tasación, sino por ser primera vivienda. ¿De dónde saldrán esos recursos?

Su par de Concón, y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, Freddy Ramírez, resiente decisiones que se toman fuera del territorio y sin un debate profundo, que no aportan ni ayudan a la actividad municipal. La consejera constituyente María Pardo la calificó de mala técnica y políticamente. Su par Aldo Valle, alega que la derecha no entiende el ethos del proceso.

¿Qué está pensando el Consejo Constituyente? Tampoco pasó desapercibido que la primera votación del Consejo fuera para darles rango constitucional a la cueca y el rodeo, temas supuestamente relevantes para el grueso de los consejeros, en su mayoría republicanos, cuya imagen pública se ha ido claramente a pique y, al menos hoy, anticipa un nuevo revés -quizás definitivo- de este segundo y alguna vez histórico proceso constituyente.

Prueba de la urgencia que se vive es el sorpresivo acuerdo que integró a las subcomisiones negociadoras a consejeros, expertos y asesores, el cual sin embargo no pudo evitar el voto de rechazo de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en contra de la existencia del cambio climático, discutida abiertamente por los republicanos. Así como vamos...

"Hay algún aspecto en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado donde la Iglesia tenga algo que reflexionar?

A mi juicio, la relación entre cristianismo y política es un aspecto importante, ya que una comprensión de sus ámbitos permite entender sus propios límites.

Si bien no fue el punto de inflexión en la crisis democrática y posterior dictadura, hubo una connivencia entre el cristianismo y la política que climatizó aún más el contexto social. Se decía que el triunfo definitivo de la revolución socialista como único camino hacia la paz, justicia y progreso era la carne del cristianismo. Es verdad que en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, hay un ethos político, esto es, una racionalidad práctica: despertar la conciencia para que el obrar humano exprese la verdad interna del cristianismo en su compromiso con el mundo. Pero desde sus inicios el cristianismo ha dejado lo político en la esfera de la racionalidad ética, la teología no pertenece a la esfera política de modo que no se incline hacia una teología política.

Por eso es que la comunidad de fe, desde un principio y a pesar de sus escasos adherentes, planteó un dualismo necesario e irrenunciable: "Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios" (Mt 22,21). E incluso más, siempre tuvo pretensión jurídica de carácter público y se situó en un plano semejante al del Estado. Por tal razón, lo mártires se incrustan en la más íntima estructura del cristianismo, su grandeza es por el testimonio de una verdad que vale la pena, a la vez que son el contrapeso del Estado ideológico. Precisamente este dualismo, comunidad de fe y Estado, es la línea divisoria que luego reforzaron las cartas apostólicas entre cristianismo y fantasías utópicas. Es un firme rechazo a presentar el Reino de Dios como programa político, por ende, pone límites al poder. De hecho, sólo así es posible la libertad, si como condición previa no se fusionan ambas esferas. Sin duda deben relacionarse, pero no confundirse; la libertad mutua es viable en la medida que exista un equilibrio en la relación.

Es quizás en la época de la dictadura cuando más popularidad tuvo la Iglesia, la protección e identificación con las víctimas le valió el reconocimiento público. Justamente esta legitimidad, unida a la fuerza interior del cristianismo, posibilitó contrarrestar el poder del Estado totalitario. Dicho de otro modo, el Estado ideológico es totalitario y se vuelve tal en la medida que no exista frente a él alguna autoridad libre y públicamente reconocida. Por eso la Iglesia tiene pretensión pública y no privada, pero no se confunde con la política asumiendo su papel.

En consecuencia, la tarea política del cristianismo es esforzarse en conservar el equilibrio de un sistema dualista, que a la vez que limita el poder secular, viabiliza la libertad.

De tal modo que la Iglesia no se instrumentalice para fines políticos, pues, aunque promueve el bien común, éste es medio provechoso y condición necesaria para el cuidado de la dignidad de todo el hombre y todo hombre. Aquí radica su expresión pública absoluta, custodiar toda dignidad humana porque es imagen del Verbo encarnado.

Por primera vez en los últimos 30 años cayó la cobertura de la educación parvularia a nivel nacional. La Casen 2022 reportó que, desde el año 2017, la proporción de niños entre 3 y 5 años que asisten a la educación preescolar en Chile disminuyó en 7,2 puntos porcentuales (de 77,9% a 70,6%). La Región de Valparaíso no es la excepción, presentando una caída de 3,6 puntos porcentuales para el mismo grupo etario (de un 78,2% a un 74,6%).

Si bien la baja en la cobertura de jardines infantiles de la región es menor a la reportada a nivel nacional, la situación no deja de ser grave, ya que la educación inicial es una de las etapas de formación más importantes en la vida de los niños. En una reciente revisión de evidencia que realizamos en Acción Educar, se observa que, además de tener un impacto positivo sobre el desarrollo neuronal, la educación preescolar ofrece mayores retornos sociales que cualquier otro nivel educativo. La evidencia internacional (de Uruguay, España y distintas regiones de EE.UU.) indica que por cada dólar invertido en la educación inicial se obtienen beneficios de largo plazo de entre $1,85 y $12,9 dólares.

Asimismo, diversos estudios han asociado la asistencia a educación preescolar con menores probabilidades de ausentismo, repitencia y deserción escolar. Para Chile se han documentado resultados en la misma línea. Cortázar et al. (2019) estiman que al asistir al menos un año a un jardín infantil de la Junji, un niño reduce significativamente sus probabilidades de repitencia y deserción entre 4° básico y 4° medio. Considerando lo anterior, la educación parvularia constituye un valioso recurso para mitigar la actual crisis educativa.

De lo anterior se desprende que la educación parvularia es un pilar fundamental para los aprendizajes futuros y, por lo tanto, debería tener un puesto relevante en la agenda gubernamental. Contrariamente, esta ha sido abordada de manera tangencial y las medidas para su reactivación han sido tibias. Hasta el momento, se han publicado sólo orientaciones y documentos que no parecen haber generado impactos sustanciales. Es más, la asistencia a la educación inicial ha ido a la baja de manera sostenida desde marzo a junio de este año. El estudiante promedio de educación parvularia presentó en junio de 2023 una asistencia de apenas 66,2%.

Hacen falta medidas más efectivas para concientizar a los apoderados de la importancia y los beneficios que genera la educación inicial. En paralelo, la Ley de Presupuestos de 2024 puede ser una instancia para darle relevancia, dotándola de más recursos para abordar los múltiples problemas que enfrenta. Asimismo, es importante que se asignen de manera transparente y justa los recursos a los jardines infantiles (actualmente el presupuesto varía según la dependencia del centro educativo, sin un criterio explícito). Si no intervenimos pronto, las futuras generaciones del país pagarán el precio, construyendo sus aprendizajes sobre una base más débil.