El 11 de septiembre de 1973 sorprendió al marinero 1° Jaime Salazar Jeldres en el Cuartel Silva Palma, la cárcel naval al que iban los uniformados por casos de disciplina, y donde estaba detenido junto a otros compañeros desde agosto por haber denunciado a la oficialidad de conspirar para hacer un Golpe de Estado. Desde el ex Fuerte Bueras vio cómo la Armada se tomaba la ciudad, y que "el transporte Maipo, barco de la Compañía Sudamericana de Vapores, atracaba en el molo de abrigo", cuenta en un testimonio que está en Marineros-constitucionalistas-chile.com. El hecho no pasó desapercibido, pues "no entendimos esto por ser inusual", asegura.

Al poco andar se conoció el destino de este mercante: estaba siendo utilizado como cárcel flotante. Luego que las Fuerzas Armadas y de Orden llegaran al poder, comenzó a detenerse a los participantes, colaboradores y simpatizantes de la Unidad Popular, así como de los partidos y movimientos que la apoyaban, siendo llamados a comparecer a recintos militares mediante bandos (Víctor Fuenzalida, jefe del departamento técnico de la Corporación de la Reforma Agraria); siendo capturados en sus domicilios (el exparlamentario comunista Bernardo Araya), en sus lugares de trabajo (Óscar Farías, interventor de la Compañía Cervecera Parma) o en la calle (Raúl Cárcamo, MAPU); y también a través de operativos (Orlando Barreaux, posible frentista).

Centros de detención

Según la información recibida por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (también conocida como Valech), hubo un total de 151 recintos utilizados en la Región de Valparaíso con diferentes fines. Por ejemplo, la Escuela Barros Luco se usó como recinto transitorio, es decir, las personas pasaban allí horas o días antes de ser trasladadas a recintos militares o dejadas en libertad.

El Maipo, en tanto, fue utilizado como centro de detención y tortura hasta el 15 de septiembre de 1973, siendo reemplazado por el Lebu, también de la Sudamericana de Vapores, a los que se sumaron los buques de la Armada Esmeralda y Andalién. La Marina también utilizó la Base Aeronaval El Belloto; la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma como lugares de reclusión, interrogatorio y/o tortura. Estos últimos son los que acumulan más casos de detenidos a nivel local.

El interior de la Región quedó a cargo del Ejército, que usó los regimientos Yungay en San Felipe y Guardia Vieja (Los Andes); la Escuela de Caballería y el Regimiento Aconcagua en Quillota; y el Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes de San Antonio como principales recintos de detención.

Asimismo, todas las cárceles públicas de la Región, así como las de mujeres manejadas por la Congregación de Monjas del Buen Pastor, fueron utilizadas para prisión política; mientras que en los '80 se ocuparon casas particulares como cuarteles de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en las calles Álvarez, Habana y Agua Santa -el único reconocido a nivel oficial-, de Viña del Mar.

Plan de búsqueda

Si bien las detenciones durante los 17 años de dictadura no pararon -incluso hay casos de 1989-, la mayor parte de ellas a nivel regional se registraron entre 1973 y 1974. Algunos fueron víctimas de desaparición forzada, otros ejecutados, condenados a la pena de extrañamiento (exilio) o dejados en libertad. Según información del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, hubo tres mil 400 víctimas de represión y tortura, de las cuales 164 murieron, y 36 siguen estando desaparecidas.

Sin embargo, la seremi de Justicia, Paula Gutiérrez Huenchuleo, es cauta con el tema de las cifras, debido a la magnitud de los traslados que sufrieron los detenidos. Existe un caso llamado "los 8 de Valparaíso" que se trata de militantes del MIR que fueron detenidos en un operativo de la DINA para desarmar el movimiento en la Región y que se efectuó en diferentes sectores de Viña del Mar, además de Quilpué y Valparaíso. Los detenidos fueron llevados al Regimiento N° 2 Maipo y posteriormente trasladados a Villa Grimaldi, desde donde nunca más se supo de ellos. Otro tema para considerar es que, en la época, San Antonio estaba bajo la jurisdicción de la Región Metropolitana, por lo que todas las causas están radicadas en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Por eso, "yo no trataría de mirar solo la cifra regional, sino que habría que comprender que, dada la intencionalidad que tenía la dictadura cívico - militar de ocultar el destino de estas personas, hubo mucho traslado, y por tanto la búsqueda tiene que ser mucho más global", asegura la seremi.

De allí la necesidad del Plan Nacional de Búsqueda. Éste cuenta con tres grandes objetivos: esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

Expectativas adecuadas

En el primer punto se busca "reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final", así como "ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada", entre otros.

La tarea es titánica, y uno de los primeros pasos es cruzar la información que está repartida tanto en la Vicaría de la Solidaridad, los Informes Retting y Valech (para lo cual se presentará un proyecto de ley para levantar su secreto bajo la venia de las víctimas), las sentencias judiciales y en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por nombrar algunas fuentes.

Gutiérrez destaca, en este sentido, lo realizado por el Poder Judicial que "estableció un edificio donde localizar alrededor de 2 mil fallos de derechos humanos que tenían en papel, que son legajos gigantes, que permitan sistematizar de mejor manera esa información".

Lo que falta, entonces, es la opción para que "las personas puedan entregar sus testimonios sin necesariamente estar ligadas a un proceso judicial, lo que siempre se nos cuestiona", dice la seremi de justicia, explicando que "a nosotros nos han dicho: 'yo vi, cuando chico o cuando trabajaba, que ahí había movimiento, que se conversaba esto, que había situaciones que requerían que ustedes, el Estado, busquen, excaven, indaguen'".

"Y lo primero que hay que hacer es cruzar la información que tiene el Estado para saber si, efectivamente, esos recursos que podemos poner a disposición para que esa búsqueda tan pragmática sea efectiva, generando las expectativas cuidadas, por supuesto, respecto de que hay personas que llevan 50 años buscando a sus familiares. Entonces eso requiere cierta precaución de cómo se lleva a cabo el proceso", dice.

Si algo está claro, e incluso las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos lo saben, es que existe la posibilidad de que no se encuentren los restos, debido a que estos ya no están, como en los casos que fueron tirados al mar. De allí la insistencia de, al menos, tener la posibilidad de conocer el destino final.

"Efectivamente hay causas en las que se tiene certeza que no vamos a tener el cuerpo", dice la seremi Gutiérrez. Sin embargo, por ejemplo, si una persona fue ejecutada y se sabe "a

Flor Arbulú Aguilera

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