Municipio insiste en leaseback para obtener recursos, pese a dudas de ediles de oposición
VIÑA DEL MAR. Administración asegura que mejoraron condiciones, aun cuando las bases no pueden cambiar, pues fueron autorizadas por Ministerio de Hacienda.
La gestión de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sufrió un duro golpe al fracasar, hace poco más de un mes, la licitación de una millonaria operación de leaseback que cerró sin ningún banco interesado en prestarle al municipio los $17.500 millones que se necesitan para reorganizar la deuda histórica con los trabajadores de la salud y de la educación de la comuna.
Pese al escepticismo de algunos ediles de oposición, que piden avanzar en un "plan b" para conseguir esos recursos y responder a la promesa que se hizo a los funcionarios, la Municipalidad levantó en Mercado Público, nuevamente, las bases de licitación, con la confianza de que esta vez el proceso concluirá en un resultado positivo.
La alcaldesa, Macarena Ripamonti, tiene esta certeza a partir de la activa participación que, según contó, quedó reflejada en centenares de consultas y visitas por parte de los bancos interesados en formar parte de la operación financiera. A partir de esa retroalimentación con las instituciones financieras, donde recibieron más de 250 preguntas, desde el municipio aseguran que se perfeccionó el instrumento para hacer más atractivas las condiciones y así concretar la adjudicación.
De acuerdo con la normativa vigente, el municipio se encuentra debidamente facultado para suscribir el respectivo contrato por la operación de leaseback hasta por un monto de $17.517.806.100, en un plazo que no exceda los 120 meses.
bases no cambiaron
Más allá de que el municipio asegure que se perfeccionó el instrumento para hacer más atractivas las condiciones, hay concejales que advierten que solo se respondieron las inquietudes de los bancos y que las bases siguen siendo las mismas. Al fin y al cabo, las bases de licitación se construyeron a partir del visto bueno de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) y eso no se puede modificar fácilmente.
Para el edil de la DC, René Lues, eso complejizaría el panorama, "pues las mismas condiciones implican los mismos riesgos". Recordó "que las condiciones no se pueden cambiar, pues son las que autorizaron el Concejo Municipal y el Ministerio de Hacienda, y modificarlas haría necesario volver a solicitar autorización a ambas entidades, lo que implicaría varios meses de demora, y es un tiempo que no se tiene".
Cree que las condiciones más complejas para los bancos son el alto monto líquido requerido por el municipio, de poco más de $17.500 millones. Por otro lado, le preocupa a Lues que "la tasación comercial de los dos inmuebles que se venderán sume $19.500 millones, lo que representa el 90% de los recursos solicitados, algo muy riesgoso para los bancos".
Asimismo, ve problemas "en las altas tasas de interés que existen en el mercado financiero" y de las que tendrá que hacerse cargo el municipio.
Antonia Scarella también se muestra pesimista, porque la administración insistió "en el mismo camino que ya fracasó una vez y no hay razones para que no vuelva a hacerlo". "Esto mantiene la incertidumbre, mientras la deuda aumenta y los cientos de trabajadores siguen sin una solución", lamentó.
Lo importante, comenta, es que el municipio explicite "las razones para insistir y confiar tanto en que este camino es el único posible".
No hay garantías
Lo que espera el concejal Sandro Puebla es que, "por el bien de las finanzas municipales y de la Corporación, este proceso sea exitoso y que tengamos interesados". Según explicó, "cuando fracasó el proceso anterior solicitó al municipio que se hiciera una ronda de conversaciones con instituciones del sistema financiero para ver qué faltaba o en qué estábamos fallando".
"Me imagino que eso se habrá hecho, porque repetir el proceso así no más no nos asegura que ahora sea exitoso", agregó.
En caso de que la licitación no resulte, dijo Puebla que está de acuerdo en buscar alternativas para la obtención de recursos, algo que, a su juicio, "no se ve sencillo ya que las finanzas de Viña vienen a la baja".
Promesa a trabajadores
Como presidente de la Confusam de Viña del Mar, Óscar Ortiz, dejó claras las "altas expectativas que tienen los trabajadores en este segundo proceso de licitación, entendiendo la necesidad de que las nuevas bases recogerán, como se comprometió el municipio, las observaciones realizados por las entidades financieras". De ahí que espera que "esta vez sí se pueda concretar la adjudicación del leaseback por alguno de los bancos interesados que, hasta ahora, sería el Banco Estado".
El dirigente se mostró conforme con las gestiones realizadas hasta ahora por la administración, mencionando incluso la existencia de una suerte de "plan b" para el pago de deudas, a través de la promesa de buscar una partida presupuestaria extraordinaria para traspasar a la Corporación Municipal, "en la eventualidad de que esta segunda licitación se declare fallida".
Como tercera opción, contó Ortiz, el municipio "apuntaría por firmar un trato directo con algún banco".
"Hay una promesa de buscar una partida presupuestaria extraordinaria para la Corporación Municipal, en caso de que este segundo proceso falle".
Óscar Ortiz, Confusam Viña del Mar
$17.517 Millones pretende conseguir el municipio mediante esta operación crediticia conocida como leaseback.