Ayer se inició el juicio oral contra el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Alejandro Contreras Canales, formalizado como el sospechoso del homicidio de la subinspectora de dicha institución Valeria Vivanco. En la oportunidad el acusado negó haber matado a su compañera.

El hecho tuvo lugar el 13 de junio del año 2021. En primera instancia se informó que la subinspectora había fallecido producto de un impacto de bala durante un procedimiento policial en La Granja. Sin embargo, el caso dio un vuelco, ya que tres funcionarios de la policía civil fueron suspendidos por "obstrucción a la investigación" y Contreras fue formalizado como autor.

Durante la audiencia de ayer el policía renunció a su derecho a guardar silencio y relató que "con mi equipo de trabajo realizamos un control vehicular donde resulta fallecida la funcionaria Valeria Vivanco. Posterior a eso se me indica la responsabilidad a mí, y yo quiero decir, delante de todos los presentes, que yo no maté a Valeria Vivanco".

En prisión preventiva

Contreras está en prisión preventiva desde noviembre de 2021, y desde dicha fecha ha insistido en que él no disparó a la subinspectora Vivanco, sino que habría sido el arma de otro funcionario. El fiscal Christian Toledo, sin embargo, detalló que "se determina por parte de peritos de Lacrim que el proyectil que le causa la muerte a la víctima provino del arma del señor Contreras".

"Se determina por parte de peritos de Lacrim que el proyectil que le causa la muerte a la víctima provino del arma del señor Contreras"

Christian Toledo, Fiscal del caso

El Gobierno y la Compañía Siderúrgica Huachipato acordaron ayer una hoja de ruta para hacer frente a la importación del acero chino y la distorsión de precios que genera, que ha llevado a la empresa nacional a una situación "crítica" e incluso evaluar su cierre, según informó su gerente general, César Garrido.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, y la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, se reunieron con los ejecutivos de la firma asentada en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío.

El secretario de Estado afirmó tras la cita que "Huachipato es estratégico para el país. A juicio del Gobierno, tenemos que hacer todo lo posible para que por tales consideraciones Huachipato no cierre. Y hoy día lo que estamos haciendo es reafirmar este compromiso y articular un trabajo en conjunto, un equipo público-privado que nos ayude a ir identificando todas las medidas para que eso ocurra".

Respecto a la eventual instauración de salvaguardias respecto del aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador, el titular de Economía aseguró que "esa solicitud todavía no se ha hecho. Eso es un antecedente, hay que revisarlo, fue parte de las cosas que conversamos, yo no me quiero manifestar con anticipación a conocer el detalle de esos antecedentes".

Hugo Medina, presidente del sindicato número uno de Huachipato, precisó que se trata de "una empresa estratégica y el Gobierno lo toma así. Eso es fundamental para buscar soluciones al cierre de la compañía".