Redacción

Una nueva arista del escándalo de convenios irregulares entre reparticiones del Estado y fundaciones se abrió luego de que se filtrara un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que vincula a la diputada de Catalina Pérez (Revolución Democrática) con un posible involucramiento en tráfico de influencias en el caso que destapó esta polémica: el traspaso de recursos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la ONG Democracia Viva.

La vinculación de la legisladora del Frente Amplio con estos hechos se había restringido a su cercanía con los acusados: era pareja de Daniel Andrade, director de Democracia Viva, y tenía amistad con Carlos Contreras, seremi de Vivienda de Antofagasta, ambos militantes de RD al momento de desatarse este caso. Sin embargo, una publicación de La Tercera afirma que un informe de la PDI expone que "existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias" entre los dos principales involucrados "y posiblemente la diputada Catalina Pérez debido a su relación sentimental entre esta y Andrade".

La parlamentaria, que tiene su militancia suspendida, se ha mantenido en silencio desde su declaración a poco de que se supiera de la transferencia de 426 millones de pesos a la fundación de su expareja. Pero ayer su abogado, Gonzalo Medina, descartó que haya cometido delitos.

"Jamás intercedió"

A través de un comunicado, el representante de la diputada expuso que los supuestos nuevos datos en su contra tienen que ver con "la relación sentimental que sostenía con un imputado del caso. Lo anterior es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación".

"Adicionalmente, es de mi interés reiterar que, tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo", añadió el profesional. Y aseguró también que el "informe en comento no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada".

Agregó que "descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias" y enfatizó que el informe de la PDI constituye un instrumento más para la investigación y que la diputada Pérez "no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha".

INVESTIGACIÓN A FONDO

Tras la publicación de estos datos, políticos oficialistas y de oposición enfatizaron en la importancia de que se investigue a la parlamentaria.

El diputado Raúl Soto (PPD) planteó en CNN que "los antecedentes que se aportan son relevantes, deben ser puestos en la mesa de conversación para la Comisión Investigadora (del caso convenios) y si eso es efectivo, si la PDI y el Ministerio Público de verdad tienen antecedentes que vinculen el caso a la diputada Pérez, lo que corresponde es que sea abierto un proceso para desaforarla y que sea procesada judicialmente como cualquier chileno o chilena".

La diputada Karen Medina (PDG) expresó a radio Agricultura que se debe "seguir investigando qué tan comprometida está con el hecho propio o con lo ilegal del proceso. Si eso conlleva a que la diputada Pérez deba dar un paso al costado y apartarse de una representatividad en el pueblo, estoy totalmente de acuerdo. No vamos a permitir que quienes hoy en día nos representa sean las personas que hoy en día se burlan y abusan del propio pueblo".

un adulto mayor de 70 años fue detenido ayer en la comuna de Lo Espejo (Región Metropolitana) tras ser acusado de asesinar a su hermano (67) con un cuchillo.

El crimen ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en calle Los Vilos, donde los familiares compartían y bebían alcohol.

En ese contexto sostuvieron una discusión, tras la cual uno de ellos tomó un arma blanca y apuñaló a la víctima en el cuello, lo que le causó la muerte.

Carabineros informó que la denuncia fue efectuada por la hermana de la víctima y el victimario, quien posteriormente, el sujeto se entregó en la tenencia Santa Adriana, donde reconoció ser el autor del crimen y además entregó el arma homicida. Tras ello quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur para su formalización por parricidio.

La investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Y el subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur, Maximiliano Crot, informó que "la víctima es una persona consumidora de droga y alcohol por más de 10 años, quien recibía constantemente el apoyo por parte de sus dos hermanos, con quienes residía. Venía consumiendo desde el día 15 de este mes".

El 4 de septiembre del año pasado el "Rechazo" ganaba por más de un 60% de los votos. Semanas después surgieron variados análisis políticos para tratar de explicar el fracaso de la Convención. Algunos se centraban en que la ciudadanía habría sido manipulada por "fake news". Otros, en que el pueblo chileno todavía no estaba en condiciones de aceptar los cambios sociales que necesita. Sin embargo, no se escuchó un mea culpa transversal por parte de los convencionales por no lograr acuerdos con quienes eran minoría ni por los contenidos del texto.

Luego vino la negociación por un nuevo proceso constituyente a través del "Acuerdo por Chile" suscrito por los partidos políticos. En esa etapa de diseño se criticó la creación de una comisión de expertos designada por los partidos políticos. Se consideraba que era un órgano elitista, que tendría poca legitimidad por el hecho de ser nominada por los partidos políticos, y que trastocaba la idea de poder constituyente originario, cuya propuesta de Constitución sería autoritaria y antidemocrática. Comunes, por su parte, sostuvo que el "Acuerdo por Chile" contenía excesivos elementos de tutelaje que restringían el debate democrático, y que el proceso debía tener como protagonista a la ciudadanía.

Solo nueve meses han transcurrido desde entonces, pero el escenario ha cambiado radicalmente. Hoy la izquierda defiende abiertamente el anteproyecto de Constitución presentado por la Comisión Experta. Se escuchan diversas voces que sostienen que el Consejo Constitucional estaría cometiendo el mismo error que la Convención, por no lograr acuerdos con las minorías. También se señala - en materia de propiedad de los fondos de pensiones, por ejemplo - que los consejeros no deberían dejarse llevar por ideas populistas presentadas en las iniciativas populares de norma. Ello me lleva a la siguiente reflexión: ¿se harían estas críticas si la composición del Consejo Constitucional hubiera sido parecida a la de la Convención?

Con esta pregunta abierta no cuestiono que el ideal sería lograr acuerdos transversales en temas centrales. Tampoco discuto que haya posturas populistas que han surgido a través de la participación ciudadana, que no conviene que sean incorporados en la Constitución. Pero sí es un llamado a sincerar las críticas. A reconocer que la Constitución no soluciona la mayoría de los problemas que más preocupan a la población. A no defender el protagonismo de la ciudadanía solo cuando el pueblo elige a representantes o ideas que me gustan.

Es evidente que cuando se diseñó el actual proceso constituyente se pensó que el Consejo Constitucional tendría una conformación similar al Senado actual. Si esto hubiera ocurrido, las fuerzas políticas de la Comisión Experta habrían coincidido con las del Consejo electo, y los dos órganos habrían sintonizado más en la redacción del texto. Eso no ocurrió, pero ello no le resta nada de legitimidad al Consejo Constitucional. Este fue electo de acuerdo con las reglas del juego y ha actuado dentro de esas normas también. Esas reglas no garantizan una Constitución perfecta, pero sí una democrática. No le echen la culpa a la ciudadanía.

"Hoy la izquierda defiende abiertamente el anteproyecto de Constitución presentado por la Comisión Experta"

Profesora de Derecho Constitucional

Investigadora Polis Observatorio Constitucional Universidad de los Andes