Posible tráfico de influencias de Pérez remece Caso Convenios
ESCÁNDALO. Ante informe de la PDI, parlamentarios oficialistas y de oposición exigen que se investigue a fondo.
Redacción
Una nueva arista del escándalo de convenios irregulares entre reparticiones del Estado y fundaciones se abrió luego de que se filtrara un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que vincula a la diputada de Catalina Pérez (Revolución Democrática) con un posible involucramiento en tráfico de influencias en el caso que destapó esta polémica: el traspaso de recursos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la ONG Democracia Viva.
La vinculación de la legisladora del Frente Amplio con estos hechos se había restringido a su cercanía con los acusados: era pareja de Daniel Andrade, director de Democracia Viva, y tenía amistad con Carlos Contreras, seremi de Vivienda de Antofagasta, ambos militantes de RD al momento de desatarse este caso. Sin embargo, una publicación de La Tercera afirma que un informe de la PDI expone que "existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias" entre los dos principales involucrados "y posiblemente la diputada Catalina Pérez debido a su relación sentimental entre esta y Andrade".
La parlamentaria, que tiene su militancia suspendida, se ha mantenido en silencio desde su declaración a poco de que se supiera de la transferencia de 426 millones de pesos a la fundación de su expareja. Pero ayer su abogado, Gonzalo Medina, descartó que haya cometido delitos.
"Jamás intercedió"
A través de un comunicado, el representante de la diputada expuso que los supuestos nuevos datos en su contra tienen que ver con "la relación sentimental que sostenía con un imputado del caso. Lo anterior es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación".
"Adicionalmente, es de mi interés reiterar que, tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo", añadió el profesional. Y aseguró también que el "informe en comento no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada".
Agregó que "descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias" y enfatizó que el informe de la PDI constituye un instrumento más para la investigación y que la diputada Pérez "no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha".
INVESTIGACIÓN A FONDO
Tras la publicación de estos datos, políticos oficialistas y de oposición enfatizaron en la importancia de que se investigue a la parlamentaria.
El diputado Raúl Soto (PPD) planteó en CNN que "los antecedentes que se aportan son relevantes, deben ser puestos en la mesa de conversación para la Comisión Investigadora (del caso convenios) y si eso es efectivo, si la PDI y el Ministerio Público de verdad tienen antecedentes que vinculen el caso a la diputada Pérez, lo que corresponde es que sea abierto un proceso para desaforarla y que sea procesada judicialmente como cualquier chileno o chilena".
La diputada Karen Medina (PDG) expresó a radio Agricultura que se debe "seguir investigando qué tan comprometida está con el hecho propio o con lo ilegal del proceso. Si eso conlleva a que la diputada Pérez deba dar un paso al costado y apartarse de una representatividad en el pueblo, estoy totalmente de acuerdo. No vamos a permitir que quienes hoy en día nos representa sean las personas que hoy en día se burlan y abusan del propio pueblo".