El Gobierno concretó anoche el ingreso del veto presidencial al proyecto de ley de usurpaciones, que fue despachado el 30 de agosto por el Congreso Nacional. Así lo anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien detalló que este apuntará a tres puntos específicos, como son la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas a las ocupaciones y los instrumentos que tienen los propietarios para pedir la restitución de sus inmuebles.

"En las conversaciones que hubo, que fueron bastantes con todos los sectores, la propuesta original del Ejecutivo era hacer un sólo veto que se llama sustitutivo. Pero en las conversaciones vimos que había distintas observaciones y lo que preferimos entonces es hacer un veto en que se formula cada observación por separado. Son varias observaciones distintas, como les decía, 10 que son de fondo y 4 que son formales. Y cada una es distinta, algunas son aditivas, otras son supresivas, otras son sustitutivas. Hay de todos los tipos según el contenido", precisó la secretaria de Estado.

Indicó que "se saca todo este régimen especial que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran, por sus propias manos, con armas, con terceros, en cualquier momento, ir a hacer reivindicación de su bien".

No obstante, agregó la ministra, "se hizo salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías. Entonces, no va a haber esta autotutela, pero sí va a haber la posibilidad de acción de las policías en cualquier momento. Eso, hoy día, no existe".

PEnas

En segundo lugar, precisó que "se hace una modificación de las penas que estaban previstas para hacerlas graduales".

"Respecto de la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento tal como estaba, que es un presidio menor en su grado medio a máximo. Esa es la pena que propuso el Parlamento y no se toca. Lo que se hace es separar la situación en que en la usurpación no hay violencia e intimidación en las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior. Entonces, queda presidio menor en su grado medio. Y en el caso de la usurpación pacífica, donde no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas, (...) lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel, que en este caso sería presidio menor en su grado mínimo, o hay multa", señaló la titular de Interior.

Por último, Tohá manifestó que "la tercera observación es una cosa bien puntual y es que hay instrumentos por los cuales los propietarios pueden pedir que le restituyan el bien cuando está judicializado el caso. El que estableció la ley se llama tercería. De aquí se agregó otro más, es otra modalidad para pedir la restitución que se llama restitución anticipada. Es simplemente una modalidad por la cual se pide que se entregue para disponer del bien cuando hay un proceso judicial en curso".

Por otro lado, Tohá reconoció que el veto fue ingresado sin que antes se haya cerrado un acuerdo prelegislativo por lo que es incierto el panorama en el Congreso.

Por 34 votos a favor, en su mayoría de oposición; 16 en contra y ninguna abstención, el Consejo Constitucional aprobó ayer que "los gobernadores regionales sólo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez. Los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces. Con todo, no se aplicará la regla anterior en caso de presentarse como candidatos en una comuna o región distinta a aquella en la que ejercía el cargo".

Actualmente existen límites temporales de reelección de autoridades según el cargo, y no es posible cambiar de zona para volver a postular.

El delegado republicano, Luis Silva, se refirió a este artículo como "una innovación" para que "las buenas autoridades puedan seguir sirviendo a su gente". Su par de RN-Evópoli, Pilar Cuevas, agregó que la iniciativa "no tiene ningún nombre y apellido, y va a todos los alcaldes".

Esto, en respuesta a las críticas del oficialismo lideradas por la consejera Karen Araya (PC), quien afirmó que "nos parece lamentable que hoy tenemos que estar escribiendo normas que vayan en beneficio de algunas personas, creemos que estas normas tienen nombre y apellido y quienes se ven beneficiados principalmente son alcaldes de comunas de derecha, como son Puente Alto y La Florida, que serían los alcaldes (Germán) Codina (RN) y (Rodolfo) Carter (ex UDI). Me parece que lamentable que hoy la Constitución que se escriba vaya en beneficio de algunos, no de levantar nuevos liderazgos".

Luego, el inciso 2 del mismo artículo 152 dice que "en ningún caso se computarán como períodos sucesivos, para la aplicación de la presente regla, haber ejercido el cargo de manera no consecutiva".

Y el artículo 149 fijó que se votarán los cargos citados "conjuntamente, cada cuatro años, la última semana de octubre del año anterior al que se realicen las elecciones presidencial y parlamentarias".