Entre los múltiples flancos abiertos que enfrenta el Gobierno, como la seguridad con el veto a la ley de usurpaciones o la discusión del presupuesto en medio de cifras negativas de crecimiento, la crisis de la salud amenaza con agravar la situación, ya que parlamentarios de varios sectores han reconocido que evalúan someter a una acusación constitucional a la ministra Ximena Aguilera.

La secretaria de Estado es cuestionada por la lentitud en la tramitación de la ley corta de isapres, que tras 10 meses recién avanzó el martes en la Comisión de Salud del Senado, la desvinculación de 6.300 trabajadores tras el fin de la alerta sanitaria por la pandemia de covid, las movilizaciones de la Confusam y las críticas del Colegio Médico al presupuesto 2024 para el sector, que consideran insuficiente.

El primero en levantar la voz contra la ministra Aguilera fue un legislador oficialista: el diputado radical Tomás Lagomarsino cuestionó que se pidiera una segunda prórroga para hacer cumplir el dictamen de la Corte Suprema contra las isapres. Tras ello, explicó el parlamentario, "le solicité a mi equipo jurídico que iniciara el estudio de una acusación constitucional contra la ministra Ximena Aguilera".

RN y PPD

A esta idea se sumaron diputados de RN. Andrés Celis expuso que a causa de la demora en la ley corta "siguen creciendo las listas de espera. Eso se traduce en que el sistema de salud público sigue colapsando. Siguen, lamentablemente, falleciendo más personas. Si la ministra no acusa recibo de lo grave que hoy está sucediendo en el país en el tema de salud, Renovación Nacional va a estar dispuesto a analizar todos los elementos y antecedentes", añadió.

Mónica Arce (Ind.-PPD) añadió que "nosotros pusimos ya en reflexión nuestra votación de Salud 2024 respecto del presupuesto. Y vemos que aun así tampoco se ha mostrado ninguna voluntad de querer abrir espacios, ni siquiera de diálogo".

La ministra Aguilera expresó estar "satisfecha con lo que hemos estado realizando. Pero los parlamentarios tiene sus atribuciones y tienen que ejercerla en forma responsable".

Con alta tensión se vivió ayer la primera jornada de discusión del veto a la ley de usurpaciones en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, instancia en que el principal enfrentamiento fue entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el senador de Evópoli Felipe Kast.

Al comienzo de la sesión, Tohá reconoció que originalmente la idea era hacer un sólo veto sustitutivo, pero luego de una serie de reuniones, el Ejecutivo se inclinó por presentar 14 observaciones, entre aditivas, sustitutivas y supresivas "para mantener el buen clima". Luego apuntó que la moción presentada por el senador Kast proponía un castigo menor, consistente en trabajos comunitarios. Ante ello el aludido explicó que "cuando ingresamos (esa idea) muchos penalistas nos dijeron que era mejor que hubiera penas de cárcel, por la proporcionalidad de la pena, porque no puede ser que un robo de un celular o de una mochila tengan pena de cárcel y un delito que es más grave, como la usurpación, tenga una pena menor".

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo, cuando algunos sectores del oficialismo se oponen a que se castigue con presidio, Kast dijo haber dicho a la ministra "nuestra disposición a construir un acuerdo, siempre y cuando se mantenga la voluntad del Congreso de que esto tenga pena de cárcel en todo tipo de usurpaciones". Sin embargo, al finalizar la sesión se volvió a tensar la discusión cuando la ministra respondía a las preguntas y el senador, presidente de la instancia, la interrumpió. Ante ello el senador José Miguel Insulza (PS) criticó a Kast y ambos subieron el tono. En vista de los desencuentros, el Gobierno decidió que el veto no quedara con discusión inmediata (que daba 6 días como plazo para su despacho) y le impuso suma urgencia (15 días).