Gian Franco Giovines D.

Al director de Obras Municipales de Viña del Mar, Julio Ventura, le llueve sobre mojado. Poco a poco, la larga lista de cuestionamientos en torno a su gestión, encabezados por Duna Viva, el Concejo Municipal y hasta la propia alcaldesa, Macarena Ripamonti, se han transformado en investigaciones en su contra.

Este jueves, el diputado Jorge Brito (RD) presentó ante la Contraloría General de la República una denuncia por supuestas irregularidades en el actuar del arquitecto, mencionando en ella permisos de obras emitidos sin estudios de impacto ambiental, incumplimientos a la Ley del Lobby y participación de funcionarios de la DOM en inmobiliarias.

Se trata de la segunda acción interpuesta en la Contraloría contra el titular de la DOM, luego de la presentación de Duna Viva, el pasado 9 de septiembre, la cual fue acogida por el órgano fiscalizador, solicitando a la Municipalidad de Viña del Mar evacuar los antecedentes pertinentes.

Cuestiona permisos

En uno de los primeros puntos de la denuncia presentada por el diputado Brito ante el órgano contralor, a la que tuvo acceso este Diario, el parlamentario cuestionó la autorización del permiso de obras concedido para el edificio Kandinsky, señalando que Julio Ventura "autorizó la construcción del edificio sin tramitarlo en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), aun cuando existía una obligación legal de hacerlo", desobedeciendo de esta manera al artículo 10° de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Añade que la venia otorgada por la DOM a la constructora (Besalco) desobedeció los informes de Sernageomin de 2005 y 2009, los cuales "indican los riesgos en la construcción de edificios de alta envergadura en el campo dunar de Viña del Mar", además de otra alerta emitida en 2012, que advirtió que el campo dunar presenta un "alto peligro a remociones en masa".

Otros proyectos

Sin embargo, la acusación del legislador del Frente Amplio no se limita al área dunar y apunta también a otras autorizaciones concedidas.

Uno de los permisos cuestionados refiere al proyecto inmobiliario Terrazas de Uno Norte, en el sector de Canal Beagle, en el que "no solamente existe una afectación a la naturaleza del sector aledaño, sino que, además, el terreno tiene ruinas de edificación inmersas en la falla geológica del Marga Marga, la cual está catalogada como zona de amplificación sísmica", advierte.

Una situación similar ocurre con el proyecto Altos del Mar, en Villa Dulce, donde se le acusa a la DOM de autorizar la construcción en un suelo en el que "se prohíbe expresamente la construcción de vivienda".

Asimismo, se señala que Julio Ventura estaría incumpliendo la Ley del Lobby por no otorgar audiencias. Ello, ya que "según consta en la plataforma de Ley de Lobby de la Municipalidad de Viña del Mar, (...) sólo registra tres audiencias durante el año 2016".

Finalmente, la denuncia advierte que Ventura se habría negado a regular la numeración de una parcela en la Hacienda Reñaca, sugiriendo a los propietarios realizar el trámite "por fuera" mediante un tercero, quien les solicitaba $80 millones.

Lazos con inmobiliarias

No obstante, junto a las acusaciones contra la figura del director de Obras, también se cuestiona la relación de tres funcionarios de la DOM con empresas inmobiliarias.

"Hemos recibido denuncias anónimas de que a lo menos tres profesionales que trabajan en la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar prestarían sus servicios a distintas inmobiliarias y constructoras". Este hecho genera que "en más de una ocasión, estos profesionales, en sus roles de trabajadores de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, deban evaluar los proyectos a los que ellos mismos prestaron sus servicios profesionales", dice el escrito.

Destitución

Con esta acción, el diputado Brito sostuvo que "esperamos abrir el camino a la destitución del director de Obras Municipales de Viña del Mar, como también de todos los funcionarios municipales que puedan estar involucrados en las irregularidades que hemos presentado hoy a la Contraloría General de la República".

Añadió que "la gravedad de esto es alta" y apuntó al director de la DOM como un "cómplice del boom inmobiliario, transgrediendo la reglamentación y las leyes".

Cabe consignar que, de comprobarse responsabilidades, la Contraloría sólo puede establecer sanciones de carácter administrativo.

"Tres profesionales que trabajan en la DOM prestarían sus servicios a distintas inmobiliarias".

Extracto, Denuncia ante Contraloría

"Esperamos abrir el camino a la destitución del director de Obras Municipales de Viña del Mar".

Jorge Brito, Diputado del Frente Amplio

Angustiados por la demora de la autoridad y la falta de soluciones, los vecinos del complejo Miramar Reñaca decidieron poner fin a tres semanas de silencio.

Rodrigo Fernández, vocero del comité de copropietarios del edificio viñamarino, asegura que durante este tiempo han dejado actuar a las autoridades; sin embargo, ya perdieron la paciencia.

"No hemos querido hablar con nadie. En las reuniones hemos salido en silencio para darle espacio a la autoridad para que trabaje. Pero esto ya es muy complicado. Tenemos a gente durmiendo en un colchón hace un mes. Una mamá con sus dos hijos", comenta.

El representante asegura que de los 152 departamentos de las torres de Miramar Reñaca, "más de la mitad son de primera vivienda". Sostiene, además, que se ha estigmatizado a la comunidad del edificio "porque tenemos al Kandinsky al lado y al Santorini que está abajo que, efectivamente, son edificios de lujo y tienen departamentos que cuestan 10 veces lo que cuestan los nuestros".

"Nosotros quedamos aquí, al medio, con el 90% de las personas afectadas en departamentos pequeños, de uno o dos dormitorios, de 90 metros cuadrados. Son dos mundos completamente opuestos", advierte Fernández, quien insiste que "hay que salir de la caricatura de que aquí son súper ricos. En el edificio Miramar no es así. La gente no tiene los recursos para ir a arrendar en otra casa. La gran mayoría están como allegados".

Sin ayudas sociales

Desde la comunidad indican que, a tres semanas de ser evacuados de sus hogares, no cuentan aún con ningún tipo de asistencia social.

"Nosotros esperamos que aparezca el Ministerio de Vivienda, al menos para las 60 familias que tenemos en el edificio que perdieron su única casa, para apoyarlos de alguna forma. Pero del Minvu ni siquiera se ha aparecido a las reuniones", asevera el dirigente.

Critica, a su vez, las demoras en el protocolo de mudanza: "Llevamos ya tres semanas con el protocolo y todavía no podemos sacar nuestras cosas de los departamentos".

Asimismo, precisa que dicho protocolo exige que "para entrar al edificio tenemos que ir a sacar un permiso ante notario, donde dice que yo me hago responsable por mi propia seguridad. O sea, yo no sé para qué hacen un protocolo de seguridad si al final yo me tengo que hacer responsable por mi propia seguridad", discute Fernández, detallando que este trámite puede llegar a los $25 mil pesos por persona.

"Se lo están tomando con tanta calma... No hay un sentido de urgencia por los problemas de la gente", concluyó.

"Tenemos a gente durmiendo en un colchón hace un mes. Una mamá con sus dos hijos".

Rodrigo Fernández, Comunidad edificio Miramar