La dinámica del tema usurpaciones
En plena tramitación del veto aditivo del Gobierno, el Ministerio Público entregó nuevas cifras sobre este tipo de delitos. El problema de las tomas cruzó hace rato la línea de tema estrictamente habitacional para instalarse en la agenda como un problema de seguridad pública.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, hasta septiembre habían ingresado 215 denuncias por usurpación de terrenos en la Región de Valparaíso, la segunda cifra más alta a nivel nacional, levemente detrás de los 240 casos en Biobío y en igualdad de condiciones con La Araucanía. Estas causas muestran que el proyecto de ley que "Regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución", cuyo veto aditivo del Gobierno está en pleno trámite, aborda una realidad dinámica, que agrega cada día nuevos predios en toma y propietarios que ven afectados sus derechos.
Por lo mismo, las observaciones del Ejecutivo que ahora discute el Senado deben tramitarse con sentido de urgencia, lo que no implica un apresuramiento. Las expectativas de la ciudadanía son que las nuevas penas establecidas cumplan una efectiva función disuasoria y que su primer efecto sea una reducción de los casos de usurpación de terrenos, antes que una encarcelación masiva de habitantes en tomas ya instaladas hace años. En ese equilibrio reside el desafío que enfrenta en estos días a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al senador Felipe Kast, uno de los autores originales de la moción que luego se refundió con otro proyecto para dar forma a la ley aprobada en septiembre. La nueva controversia muestra los serios problemas que tienen el oficialismo y la oposición para alcanzar acuerdos sustanciales en un punto medio capaz de responder a las exigencias de la comunidad, sin provocar un nuevo problema. Como ocurre en la Región y otras zonas del país, el problema de los asentamientos irregulares cruzó hace rato la línea estrictamente habitacional para instalarse en la agenda como un problema de seguridad pública. La solución no está en abandonar alguna de esas perspectivas, sino en unirlas con equilibrio e integridad.