la importancia de asegurar tres factores clave para el crecimiento: seguridad, certeza jurídica y competitividad tributaria, por lo que valora la inclusión prioritaria de la primera en la propuesta de Presupuesto, pero a la vez plantea que "existen otros ejes importantes que no parecen recibir la misma atención".

En esa línea, opina que "se podría haber puesto un mayor énfasis en aspectos relacionados con la reactivación económica" porque "no podemos depositar únicamente en el Presupuesto 2024 la responsabilidad de este punto vital, sino que también a través de la implementación de medidas que impulsen la inversión privada, mejoren la infraestructura y fomenten proyectos de investigación y desarrollo (I+D) que promuevan la innovación y la competitividad del país".

Menciona igualmente que sería beneficioso que se consideraran medidas específicas para fomentar la creación de empleo, el desarrollo de habilidades y la reconversión laboral; así como la distribución equitativa de recursos y la promoción del desarrollo en las regiones, elementos esenciales para garantizar un crecimiento sostenible y una mayor equidad.

Gerald Pugh piensa que la reactivación no será un enfoque tan evidente en esta propuesta. "Se plantean algunas interrogantes sobre cómo se abordará la recuperación económica en un contexto en el que la estabilidad financiera y el crecimiento son fundamentales, pero que al parecer no son consideraciones igualmente importantes para el desarrollo del país".

Acorde con la realidad

"Desde mi punto de vista, es un Presupuesto acorde con las situaciones que vive el país, que enfrenta además un escenario internacional que sigue siendo incierto", señala la académica de la PUCV Ana María Vallina, quien también releva la seguridad como uno de los componentes prioritarios del proyecto.

"La seguridad es un tema importantísimo para generar no solamente crecimiento económico, sino una economía sana. Que haya barrios donde la gente no quiere ir a trabajar porque son muy peligrosos, que haya áreas urbanas con una serie de instalaciones que no se pueden utilizar porque la gente no va ni realiza allí sus compras, es algo que nos afecta negativamente y constituye una gran pérdida social, en el sentido de que no se están utilizando todas las capacidades que tiene el país. Las otras áreas también son muy necesarias", subraya.

Vallina plantea asimismo que "hay que considerar que se ha lidiado con la inflación a través de medidas contractivas, tanto de política fiscal como de política monetaria, y por eso tuvimos una baja relativamente acelerada en ella, pero hoy día vemos que además se está registrando un aumento en el desempleo, posiblemente una disminución en el crecimiento, o sea, una economía estancada; entonces se adopta una política fiscal contracíclica, como siempre se ha hecho".

"Por lo tanto -añade- tener un Presupuesto que está por sobre el crecimiento es lo que uno esperaría que se haga, ya que no solamente hay que pensar en la inflación sino también en los efectos del desempleo. Además, hay un entorno internacional con bastante incertidumbre. Los países siguen teniendo inflación, lo que significa que aparte de la nuestra tenemos inflación externa que nos llega a través de los productos importados y con altas tasas de interés. Por lo tanto, es bueno que el acento se ponga en la mirada contracíclica y que la política monetaria se use para lidiar con la inflación".

Confianza e inversión

En relación a si el Presupuesto 2024 tendrá un efectivo impacto en la inversión y el empleo, considerando que la confianza empresarial suma 19 meses en terreno pesimista, Gerald Pugh remarca que en un escenario donde ese factor permanece en niveles negativos, la inversión se mantiene en una trayectoria de escaso crecimiento.

"Tanto el índice de confianza empresarial a nivel nacional como el índice regional elaborado por ASIVA han mantenido un panorama pesimista. En septiembre de 2023, nuestro Índice de Confianza Empresarial alcanzó un nivel moderadamente pesimista, empeorando de -7,5 a -22,8, con notables retrocesos en los sectores de comercio y servicios empresariales", plantea.

"En este contexto es complicado visualizar cómo las propuestas presentadas podrían tener un impacto positivo en el empleo y la inversión, dado que prevalece una incertidumbre latente en relación a la certeza jurídica, así como a los aspectos tributarios e institucionales de nuestro país. Siempre es crucial que el sector privado cuente con un marco claro y estable para que la inversión pueda desplegar su efectividad de manera óptima", observa.

Alejandro Montecinos expone que las señales del mercado "sugieren que el desafío en confianza empresarial gira en torno a generar condiciones de estabilidad institucional", aspecto que no es totalmente determinado por el Gobierno "y depende más de cómo se cierre el proceso constituyente y cómo el mundo político aborde lo que puede ser un nuevo pacto de desarrollo sustentable".

Los aumentos de la inversión, agrega, "son antecedidos por señales de marcos regulatorios estables y de entornos políticos que convergen en una hoja de ruta país, que es lo que caracterizó a Chile por un largo tiempo a partir del Gobierno del Presidente Aylwin".

Gasto público

El 3.5% de crecimiento del gasto público ha motivado discusión. La exjefa de la Dirección de Presupuestos, Cristina Torres, planteó que en 2020-2022 ya subió 10% por la crisis sanitaria, mientras el exministro Felipe Larraín llamó a hacer una revisión exhaustiva de este factor.

"En el contexto de los últimos ejercicios presupuestarios, un aumento del 3,5% no parece excesivo", dice Alejandro Montecinos. Agrega: "La pregunta clave desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal es cómo conversa ese aumento del 3,5% con las perspectivas de crecimiento de la economía chilena en un contexto global más bien neutro o adverso".

Dice que "por el momento pareciera que la economía chilena tiene que enfrentar el desafío de revertir las caídas tendenciales de la productividad. Para eso será clave cómo se resuelva la conversión tributaria y cómo ese nuevo marco fomente no solo el emprendimiento, sino el crecimiento de empresas ya establecidas".

Gerald Pugh observa que las críticas principales "se enfocan en la falta de austeridad del Gobierno, particularmente considerando las proyecciones de crecimiento para 2024 proporcionadas por el Banco Central. Por ello desde muchos sectores se plantean interrogantes sobre cómo se gestionará este Presupuesto y si se considera excesivo dadas las condiciones económicas actuales, que pueden traer consigo efectos inflacionarios, tasas de interés más altas y alza en los impuestos".

También enfatiza en la importancia de "hacer una revisión de la eficiencia fiscal y la reasignación de gastos públicos, que garanticen que los recursos sean usados de manera efectiva". Una preocupación que ha pasado a ser transversal. 2

En clara respuesta a los casos de destinación directa de recursos públicos a fundaciones y ONG, sin garantías ni adecuada fiscalización del cumplimiento de los proyectos encargados -que son objeto de investigaciones administrativas y penales-, la propuesta de Ley de Presupuestos 2024 incorpora una serie de restricciones a la asignación de fondos a entidades privadas sin fines de lucro. Obligatoriedad de concursos para todas las transferencias y prohibición de fraccionamiento de convenios para efectos de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República figuran entre las principales.

Para el académico Alejandro Montecinos, "lamentablemente son medidas de probidad que pueden dificultar la provisión de bienes públicos por parte de instituciones privadas que se han visto afectadas por las malas prácticas de algunos", ya que aparte de lentificar la operación de instituciones con una larga trayectoria de servicio social, "revelan que la crisis de confianza en las instituciones es un desafío que queda pendiente".

Agrega que en este contexto lo esperanzador "es que el Estado actúe con decisión para investigar y corregir situaciones irregulares en la asignación de fondos públicos, asumiendo el ineludible rol de liderazgo en la co-construcción de una institucionalidad efectiva y eficiente para todos los chilenos".

Ana María Vallina sostiene que una exigencia básica "es pedirles garantías a todas las entidades a las que el Estado les entrega fondos públicos para efectuar tareas específicas, sean fundaciones o no, porque de lo contrario lo que se está haciendo es otorgarles una donación; y si no las ejecutan como corresponde, tienen que devolver el dinero, ya que no efectuaron el trabajo.

También plantea que hay que "revisar los programas que no están funcionando, examinarlos quizás de manera más integral y así conocer cómo se podrían mejorar. Hay una serie de metodologías y planificaciones que permiten orientar bien los programas de Gobierno, entonces aquí necesitamos más control". También se requiere "mayor transparencia, porque eso siempre ayuda para que la población pueda saber dónde se están gastando los recursos".

El presidente de Asiva opina que en materia de asignación de recursos públicos resulta "fundamental que se establezcan normativas claras y equitativas para garantizar que los fondos se utilicen de manera efectiva y se rindan cuentas de manera adecuada a las autoridades competentes, como Contraloría. Estas restricciones pueden ayudar a prevenir el uso inapropiado de los recursos y asegurar que las entidades sin fines de lucro cumplan con los objetivos y los estándares establecidos".

Señala que la transparencia y la regulación adecuada "deberían ser los pilares esenciales para cualquier institución, de modo que su quehacer se desarrolle de manera responsable y se utilicen los recursos públicos de forma eficiente y correcta. Con ello, se puede avanzar y mantener el nivel de confianza en el sistema de asignación de fondos públicos a entidades sin fines de lucro". 2