En una demostración inédita de unidad, 33 de los 38 alcaldes de la zona acompañaron esta semana al gobernador Rodrigo Mundaca hasta La Moneda, donde hicieron patente al Gobierno su protesta por el mezquino incremento propuesto por el Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuestos 2024, para los fondos de inversión regional. El apoyo transversal obtenido por Mundaca en su cruzada contra lo que considera un trato injusto se explica en parte porque esta pugna con el poder central no es solamente por mayores recursos, sino también por la autonomía y dignidad de las autoridades regionales y locales. Un ejemplo claro de ello es que las ideas planteadas por el líder regional y los jefes comunales no se reducen a una discusión de platas más o platas menos, sino que incluyen la necesidad de contar con herramientas normativas y jurídicas -poder de decisión- que permitan al Gobierno Regional financiar proyectos, asignar recursos directamente, acompañar a organizaciones comunitarias y apoyar a los 38 municipios que componen la segunda región más importante del país.

Emparejado con la movilización que realizaron las autoridades locales de Arica en septiembre, el ahora llamado "Monedazo" constituye un punto de inflexión en la relación que tienen las regiones con el Gobierno central y la respuesta integral del Ejecutivo a este movimiento, hasta ahora evasiva respecto del centro del petitorio, se constituirá en una poderosa evidencia sobre las reales credenciales regionalistas del Frente Amplio y Apruebo Dignidad. Todo esto ocurre bajo cierto silencio parlamentario. Quizás el perfil contestatario con el Gobierno que ha desarrollado Mundaca incomoda a una parte de los diputados oficialistas, mientras la oposición no termina de decidir si apoya los intentos de un gobernador del cual tiene grandes distancias ideológicas. Sin embargo, todos deberían entender que en materias que benefician a la región, esas diferencias son secundarias.

El proyecto de Ley de Presupuestos ha vuelto a poner en la agenda pública la discusión respecto a la descentralización en nuestro país. Y si bien comparto plenamente la idea de que nuestra región requiere más recursos para poder enfrentar los desafíos que implica ser la segunda región más poblada de Chile, también es una oportunidad de abrir un debate que supere la coyuntura de la discusión presupuestaria, que siempre es una instancia de contraste de múltiples intereses que, luego de aprobado el presupuesto, tienden a diluirse.

A pesar de que la descentralización ha sido un tema presente en todas las discusiones políticas importantes de las últimas décadas, sigue siendo una tarea inacabada y con mucho trecho por recorrer. Siempre que se trata de buscar formas para repartir el poder, en este caso hacia las regiones y comunas, no es fácil lograr acuerdos, tal como lo han demostrado dos procesos constituyentes donde esto ha sido abordado, pero no por eso debemos dejar de intentarlo.

¿Por qué es tan importante la descentralización? En simple y desde mi experiencia como alcaldesa, la descentralización nos permite desplegar políticas e iniciativas que son pensadas y ejecutadas desde y para el territorio, nos permite darle mayor alcance al ejercicio que día a día realizamos desde los municipios al recoger de primera fuente y en tiempo real los anhelos más sentidos de las comunidades locales. Así, la política pública descentralizada se posiciona como una alternativa más eficiente y eficaz para responder a aquellas cuestiones que no pueden esperar, como la atención primaria de salud, la seguridad o el cuidado del medioambiente, por mencionar algunas.

Sin embargo, la concreción de esa política pública sólo es real si los municipios cuentan con las facultades y recursos para hacerse cargo de nuevos desafíos, con la capacidad de abarcar lo que la ciudadanía demanda.

Urge entonces que seamos capaces de lograr acuerdos políticos que profundicen el proceso de descentralización, buscando fórmulas para acercar los recursos del Estado lo más posible a la ciudadanía, dotando de mayor capacidad política, administrativa y presupuestaria a los organismos fuera de la capital. El Royalty Minero es sin duda un ejemplo a seguir y un gran logro de este Gobierno, al tratarse de recursos directos hacia los municipios, los que podremos dirigir hacia las prioridades que la ciudadanía nos señala. Necesitamos de más herramientas que con ese espíritu busquen tanto promover el desarrollo económico local como también el dejar los frutos de la actividad económica en las propias regiones.

Cada avance en descentralización es también un avance en la profundización de la democracia, toda vez que abrimos más oportunidades para que los municipios, en directo diálogo con la ciudadanía, podamos decidir el rumbo de cómo se construyen y cómo se vive la vida en nuestros territorios.