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Consecuencias que pesan

Dicen que "el tiempo todo lo cura", es cierto, pero su transcurso también permite esclarecer hechos ocurridos, los que, con perspectiva, pueden apreciarse en su exacta dimensión y consecuencias.

Es lo que ocurre con los hechos sucedidos a partir del 18 de octubre del 2019 en nuestro país. En un comienzo y por algún tiempo se les presentó interesada y manipuladamente como un "estallido social", cuyo protagonista era la ciudadanía que exigía cambios radicales y una nueva Constitución. El tiempo se ha encargado de desmentir tal presentación y mostrar la verdad verdadera acerca de sus causas, alcances y resultados.

En cuanto a las causas, estas no fueron otras que un "estallido revolucionario" perfectamente programado para desestabilizar la democracia, derrocar al Presidente Piñera y su gobierno y provocar un vacío de poder que permitiera a la ultraizquierda tomar el control del país y sus instituciones. En cuanto a sus alcances, la violencia, la destrucción y el temor se apoderaron del país. Mientras algunas autoridades políticas alentaron el desorden, otras tuvieron una mirada complaciente. El gobierno no podía controlar lo ocurrido y Carabineros daba la gran batalla por salvar la democracia y la institucionalidad, lo que consiguieron a un alto precio institucional y para sus efectivos. Chile se los agradece.

Y en cuanto a los resultados, bien los conocemos: retroceso económico y social que ha perjudicado fuertemente a los chilenos, y un proceso constituyente primero fallido y hoy incierto.

Se cumplen cuatro años de aquellos aciagos días para Chile y su democracia. Dejemos que el tiempo nos dé su palabra de verdad.

Francisco Bartolucci Johnston


Tiempos difíciles

Chile vivió un estallido social donde fuimos testigos de la irracionalidad desatada en nuestras calles y plazas, con un tristísimo saldo de angustia, temor y demolición de nuestra infraestructura, fenómeno que asumió la forma de saqueos y daños a la propiedad pública y que derivó ya no en una crisis de gobierno, sino en una crisis del Estado expresada en la pérdida de legitimidad y representatividad de las instituciones y en la imposibilidad de éste para cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a los miembros de la sociedad.

Mucho contribuyó la irresponsabilidad de quienes fueron oposición en aquel tiempo, los que junto con deslegitimar a la fuerza pública y exculpar la producción de la violencia, incitaron al derrocamiento del gobierno de Sebastián Piñera. Quien diga lo contrario, simplemente miente.

E incluso ahora, el actual gobierno que otorgó en su momento el indulto a los "presos de la revuelta", lo hizo bajo el argumento de que sin la destrucción del metro o sin incendios, saqueos o profanaciones no se habría producido la alternativa del plebiscito ni habríamos tenido proceso constituyente, de modo que todos quienes estaban presos por tales hechos debían quedar libres.

Estos eventos, que también conoció nuestra ciudad, fueron gravísimos, no tienen atenuantes y merecen nuestro repudio más completo, puesto que muchas familias se vieron afectadas, muchos trabajadores perdieron su fuente de trabajo y las autoridades no les respondieron como se debió haber hecho.

Y ahora, cuatro años más tarde, seguimos viviendo tiempos difíciles. El desafío consiste en intentar generar espacios para una convivencia basada en el respeto recíproco, con responsabilidad, sin oportunismo ni pequeñeces. En las actuales circunstancias nos estamos jugando el futuro de nuestro país.

Rodrigo Díaz Yubero


Sin avances

Si uno mira la historia de Chile puede decir, sin temor a equivocarse, que hemos tenido cuatro grandes crisis: la de 1891, 1925, 1973 y 2019.

Las tres primeras se resolvieron con revolución, ruido de sables y golpe de Estado, respectivamente, siendo la de 2019 la única que se resolvió por los canales institucionales. Así las cosas, el 15 de noviembre de 2019 se firmó el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, que buscaba solucionar las demandas sociales a partir de una nueva Carta Magna. ¿Cómo resultó lo realizado?

Transcurridos cuatro años, las pensiones siguen igual y el Gobierno anunció que no se discutirá el tema antes del plebiscito del 17 de diciembre; se mantienen las demoras en atención de salud, al igual que los problemas en la educación, incrementándose incluso en algunos casos (liceos emblemáticos de Santiago); la migración ilegal no tiene control, la delincuencia está desbordada, el narcotráfico cada día avanza más y la corrupción muestra múltiples y novedosas formas.

¿Y la nueva Constitución? El primer proceso fue un rotundo fracaso y el segundo, hasta el momento, no se avizora mejor. Chile se ha polarizado, las ineptitudes políticas suman por doquier y la falta de sintonía entre la ciudadanía y la élite política es cada día mayor.

¿Avanzamos? Evidentemente, no.

Carlos Terán Terán


Balance negativo

Las demandas sociales que impulsaron la asonada del 18-O y las semanas posteriores, apuntaban a mejorar las pensiones, la salud, la educación; terminar con los abusos de las grandes empresas; solucionar el problema endémico de la vivienda, como también incrementar y fortalecer el empleo.

El salto desde esas necesidades a radicar todos los males de la sociedad chilena en la Constitución, exigiendo su reemplazo por otra, fue una operación política astuta y oportunista que colocó al país en una situación dramática; por un lado, la izquierda más religiosa exigía la renuncia del Presidente de la República, al tiempo que promovía y atizaba la violencia, mientras que por otro, los operadores parlamentarios pergeñaban un acuerdo para empujar al país a un proceso constituyente.

Pues bien, ahora que se cumplen cuatro años de esos hechos, es oportuno hacer balances. Las demandas sociales que originaron las jornadas de violencia y barbarie de esos días siguen pendientes, se ha avanzado poco o nada.

Además, el agravante de destinar la mayor parte de la energía política a la cuestión constitucional introdujo un factor de inevitable incertidumbre e inestabilidad, que ha lastrado desde entonces el desarrollo económico, mantenido el crecimiento en guarismos insignificantes e impactado negativamente en el empleo.

En suma, los resultados de estos años de experimentos más bien irresponsables no son auspiciosos. Los problemas reales y acuciantes de los chilenos siguen sin solución y el panorama constitucional es incierto. Todo ello, además, en medio de un país más fracturado que antes, cansado de la mediocridad, saturado de ideologismo y voluntarismo y con una altísima conflictividad.

Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega

Alumnos del liceo San Esteban realizan trabajos comunitarios en el camino internacional

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A la Posta de Salud Rural Río Colorado se amplió este año el operativo social llevado a cabo por los alumnos del curso de soldadura manual del Liceo San Esteban, perteneciente a la Municipalidad de San Esteban, cuyo objetivo es la mantención, reparación y recuperación de estructuras en instalaciones comunitarias del Camino Internacional, que incluyó nuevamente a la sede vecinal de Chacayes Bajo, la Escuela Río Colorado y el Programa de Mejoramiento de la Infancia (PMI). La iniciativa es impulsada a través de una alianza conjunta entre el establecimiento educativo, el municipio, la empresa Colbún, a través de su Complejo Hidroeléctrico Aconcagua, Inacap y las juntas de vecinos del sector. Al igual que el año pasado, la finalidad de esta iniciativa ha sido proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el taller de soldadura y utilizarlos para contribuir a la comunidad.


La imagen de la ciudad

pautadellector@mercuriovalpo.cl

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@jgalemparte: La tesis del Contralor Bermúdez es la misma que hemos repetido y que dice relación con la jurisprudencia invariable de la Contraloría. Miguel Crispi como funcionario público sea cual sea la modalidad de contratación no está exento de control y si no se somete al mismo debe irse.

@BarchiesiDip: El Contralor fue clarísimo respecto a Crispi: 'Cualquier persona, en un Estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas'. Crispi tiene dos opciones: dar la cara en la comisión investigadora o renunciar, porque no está por sobre la ley.

@lilyperez: Lo han atacado desde ambos lados políticos. Porque hace lo correcto. Siempre lo he dicho; Chile tiene un gran #contralor

@HenrylealbIX: Contralor quita el piso a tesis del gobierno, Crispi debe venir a la Comisión ya que ejerce una función pública. El Ministro Cordero parece que no aprobó derecho administrativo en la Universidad, su opinión fue destruida.

@jmfuenzalida: Miguel Crispi sí es funcionario público, así lo aseguro hoy el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en la Comisión Investigadora por el #CasoConvenios. Por ello, está en la obligación de asistir a todas las citaciones que le hagamos desde acá.

@fga195: Jamás había visto un Ministro de Justicia asumir con tanta vehemencia la defensa de los personeros de gobierno al punto de entrar en contienda con el propio Contralor.

@fbravoalliende: Interesante discusión jurídica respecto a la interpretación del Contralor sobre los deberes de los asesores del Presidente. En otras informaciones, el periodo de 8 años del Contralor termina el 15 de diciembre, por lo que el Presidente deberá proponer un nuevo Contralor al Senado

#Contralor