En semanas recientes, un alto cacareo remeció al Gobierno Regional de Valparaíso. Contrario a los auspicios del gobernador y en una aparente pasada de cuentas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó un optimista incremento de un 36% en el presupuesto de la región, lo que ha dejado en muy mal pie varias de las promesas del gobernador Mundaca y su corte en el Consejo Regional (Core).

Así, los esperados $ 130 mil millones de presupuesto regional 2024 han pasado a ser sólo un sueño húmedo. Peor aún, con un presupuesto del cual jamás se tuvo seguridad en su obtención se comprometieron cuantiosos recursos públicos en diversas promesas. Ahí está el caso de las tan anunciadas compras de terrenos por $ 13 mil millones para comités de vivienda que, además de carecer de transparencia, hoy enfrentan un destino incierto.

El gobernador regional se ha defendido, apelando a que la descentralización ya no puede esperar más y que el Gobierno central no cumple sus promesas con las regiones. "O nos escuchan a la buena o nos escuchan a la mala", se le oyó amenazante al anunciar una protesta en La Moneda por el escuálido presupuesto 2024 para la región, acompañado de 28 alcaldes, organizaciones "sociales" y consejeros regionales afines. Todo, por supuesto, sin importarle que gran parte de esta proyectada bonanza en el presupuesto de la Región de Valparaíso vendría -supuestamente- de los ingresos por el royalty minero, algo que nunca estuvo seguro, considerando además que la inversión minera en el país se desplomó un 8,5% y que este año 2023 podríamos quedar práctica y técnicamente en recesión.

A lo anterior se suma la medida anunciada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric -anunciada reactivamente frente al escándalo sistemático de corrupción en las fundaciones a lo largo de todo el país- de bajar el umbral de los fondos de libre disposición para asignación directa desde 7.000 unidades tributarias mensuales (UTM) a 3.000 UTM. De esta manera, todo traspaso de recursos públicos sobre las 3.000 UTM (aproximadamente $ 190 millones) a privados debe pasar por la aprobación del Consejo Regional.

Teniendo en cuenta lo anterior, además de los llamados a mejorar los ingresos propios de la región mediante un cambio en la ley de rentas regionales, ¿está preparada la región de Valparaíso -u otras- para una efectiva descentralización y mayor autonomía en el manejo de su propio presupuesto? Para responder esta pregunta es necesario analizar, mediante algunos ejemplos, la Ley Orgánica Constitucional N° 19.175 sobre gobierno y administración regional, la cual de momento establece débiles contrapesos a la figura del gobernador regional.

En primer lugar, existen modestas atribuciones del Consejo Regional de parar una mala propuesta de inversiones públicas para la región. Poca discusión real. El caso del anteproyecto regional de inversiones (ARI) es paradigmático en este sentido: según el artículo 36 de la Ley N° 19.175, el Consejo Regional sólo puede aprobar el ARI (letra "n" del artículo 36). Si bien la elaboración del ARI no es responsabilidad exclusiva del gobernador regional (se elabora mediante la participación del gobernador, secretarías regionales ministeriales, directores regionales de servicios públicos y representantes del consejo regional), en la práctica lo que viene sucediendo es que se termina aprobando a todo evento dado que no existe, según la ley, la opción de rechazar una mala propuesta.

En la práctica, al no existir un poder de veto establecido en la ley, lo que ha venido sucediendo es que se generan dinámicas "perversas" en que no importa el color político-ideológico del gobernador de turno, sino que más bien importa obtener dividendos políticos particulares para los consejeros que controlen el Consejo Regional. Así, por ejemplo, se posibilitan alianzas tan estrambóticas -para el caso de la Región de Valparaíso- entre la izquierda dura (Frente Amplio y Partido Comunista) pasando por ciertos consejeros de la antigua concertación hasta algunos de Chile Vamos (los autodenominados "cuatro jinetes", que incluye un excandidato a gobernador por la centroderecha que hasta el día de hoy desconozco cuál es su diferencia con la izquierda). Consecuentemente, pareciera que todos ganan: por un lado, el gobernador, que no encuentra oposición, y por otro, las carreras políticas de quienes le hacen fácil la vida.

Pero pierde la región. Por ejemplo, el presupuesto del ARI 2024 de la Región de Valparaíso venía fuertemente cargado a inversiones en educación (37,4%), salud (21,5%) y vivienda (16,6%). Sin embargo, este ARI venía pobremente fortalecido en las áreas de obras públicas (7,1%), agricultura (1,0%) y economía (0,5%), donde están precisamente las inversiones que generan las condiciones necesarias para captar más ingresos para la región y sus habitantes. ¿Embalses? Ni hablar.

Segundo, como comenté anteriormente, ha existido un bajísimo control efectivo de las asignaciones directas a entidades privadas por parte del Consejo Regional hacia el gobernador, que llegan a las 7.000 UTM -aproximadamente $ 443 millones- a plena disposición del gobernador de turno, sin ningún control. Más aún, no existe un sistema de monitoreo en tiempo real que permita identificar fácilmente a quienes se les están entregando los fondos ni cuáles son los medios de verificación por parte de los beneficiarios que demuestren el buen uso de los recursos públicos. Esta información sólo puede ser obtenida mediante burocráticos oficios, los cuales el gobernador regional no siempre responde.

En tercer lugar, otro ejemplo de donde existe muy poco control en la asignación directa de fondos por parte del Gobierno Regional es en el concurso Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R). Si bien una proporción importante del fondo es concursable, otra proporción no menor es de asignación directa. El año 2023, por ejemplo, la asignación directa del FIC-R llegó a los $ 1.001 millones. Desafortunadamente, al consultar vía transparencia los contenidos de los proyectos favorecidos por el concurso durante los últimos años, quien escribe estas líneas sólo recibió como respuesta los títulos de los proyectos y que los funcionarios tenían mucho trabajo. Ni hablar de los contenidos de los proyectos, qué resultados concretos obtuvieron las instituciones o si esto se tradujo en nuevas innovaciones, publicaciones o patentes de invención para la región. Una verdadera caja negra esto del fondo de innovación regional.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario modificar la legislación vigente para mejorar los equilibrios y contrapesos entre la figura del gobernador y el Consejo Regional. Esto prepararía adecuadamente a la institución del Gobierno Regional ante una descentralización. Primero, se debe proveer al Consejo Regional de un poder de veto real ante las deficientes propuestas de presupuesto, inversiones e instrumentos de planificación territorial. Segundo, si bien es una carencia de gran parte de la institucionalidad del país, se debería establecer algo similar a un accountability o rendición de cuentas de lo que se ha gastado, su estado de avance y si efectivamente se han cumplido los objetivos del gasto o inversión. Y tercero, debería existir una mayor transparencia ex ante y no ex post de todo lo que está gastando o invirtiendo el gobernador regional, lo que incluso podría mejorarse ahora estableciéndose como una buena práctica generalizada a nivel de todos los gobiernos regionales del país. Para una verdadera descentralización se requieren hechos, no palabras.