Cristián Rojas M.

Un total de 32 denuncias por explotación sexual infantil ha realizado en la Región de Valparaíso este año el Servicio Mejor Niñez, delitos que se han llevado a cabo principalmente en torno a cinco residencias administradas por dicha entidad estatal y que son investigados por el Ministerio Público.

Al respecto, el director regional del Servicio Mejor Niñez, Francisco Olivares, detalló que "nosotros hemos realizado 32 denuncias al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez, a propósito de niñas y niños que forman parte de la red de protección que tiene el Servicio y que han sido víctimas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estas denuncias nosotros las realizamos a propósito de que es lo que corresponde y que son los límites de nuestra acción en esta materia, y esperamos que sea el Ministerio Público quienes puedan transformar efectivamente estas denuncias en querellas, y que de esta manera se pueda contribuir a que se termine y se desarticulen las redes de explotación que existen".

"fenómeno histórico"

Precisó que "esas 32 denuncias corresponden al 2023, este es un fenómeno histórico, tiene una larga data, existe desde hace muchos años no solamente que en la región, sino que en el país y a nivel mundial, es un fenómeno de explotación, que es un delito que ahora es reconocido como tal, ya no se habla de prostitución infantil, que en algún momento ese era el concepto que existía. Lo que nosotros tenemos en consideración es que acá se trata de víctimas, de niñas que son explotadas a propósito de su situación de vulnerabilidad. En total en el país se han presentado 170 denuncias".

En cuanto a los lugares donde han ocurrido estos hechos en la región, Olivares indicó que "existen en distintos niveles de la red, pero efectivamente, hay cinco residencias donde existe mayor número de víctimas".

Consultado sobre cómo es la dinámica de estos delitos, señaló que "nosotros lo que sabemos es que se trata de redes que contactan a las niñas, ya sea en su día a día, a través de Internet, o en salidas que puedan hacer ellas de las residencias. Habitualmente tienen una aproximación en la cual se van ganando su confianza a través de regalos u otras cosas, y finalmente terminan con un fenómeno de explotación".

Olivares puntualizó que "el detalle del funcionamiento de las redes es una materia que maneja el Ministerio Público y forma parte de la investigación, por lo tanto, nosotros no podemos entregar antecedentes".

Con respecto al régimen que viven las niñas al interior de los hogares, detalló que "las residencias son las casas de las niñas y de los niños, nosotros lo que hacemos es hacernos cargo de una medida de protección, y por lo tanto, ellos conservan todos sus derechos, entre ellos el de libre tránsito. Como es la casa, ellas asisten al colegio, tienen actividad social, salen, pasean etcétera. Ahora, hay situaciones en las cuales, efectivamente, no existe el permiso para una salida, sin embargo, se dan situaciones en las cuales las niñas hacen estas salidas sin autorización, y en esos contextos es cuando suele ocurrir la aproximación de estas redes de estos sujetos, y las situaciones de explotación".

Comisión coordinadora

Consultado sobre qué medidas han tomado para evitar esto, indicó que "en el marco de la Comisión Coordinadora de Protección Regional, que es la que convoca la Seremi de Desarrollo Social, se ha levantado el tema y se han tomado distintos acuerdos que han permitido realizar un trabajo a nivel territorial. Nosotros principalmente en el territorio de Marga Marga y de Quillota hemos desarrollado un trabajo en conjunto con las delegaciones presidenciales, con Carabineros, con la PDI, Ministerio Público, Defensoría de la Niñez, de manera tal de articular una respuesta del conjunto del Estado a este fenómeno".

En tal sentido, destacó que "este no es un fenómeno que pueda resolver el Servicio solo; se requiere, efectivamente, de una articulación de todos los organismos del Estado y de la sociedad civil, ya que es un fenómeno altamente complejo. Cuando se desbarata una banda, suele al poco tiempo aparecer otra, por lo tanto, el trabajo tiene que ser constante y continuo. A eso se le suma que nosotros internamente realizamos capacitaciones a las residencias, trabajamos con los distintos profesionales y técnicos que están a cargo de los cuidados de las niñas, los niños y las adolescentes, para que cuenten con mayores herramientas que les permitan contener las crisis, que les permitan contener las situaciones de salidas no autorizadas, pero cuando no se logra contener una salida no autorizada, lo que hacen las residencias es tomar contacto con Carabineros, se realiza la denuncia, la solicitud de búsqueda".

En esa línea, destacó que "existe una coordinación con el Ministerio Público para generar que la presencia de Carabineros frente a la salida no autorizada de una niña sea súper expedita".

"Se trata de redes que contactan a las niñas en su día a día, por internet, o en salidas que puedan hacer ellas de las residencias".

Francisco Olivares, Director regional Mejor Niñez

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 12 años de cárcel a G.A.P.C., de 32 años, como autor de los delitos de abuso sexual y estupro contra cuatro menores que a la fecha de la comisión de los ilícitos tenían entre 6 y 15 años de edad.

Los delitos fueron cometidos por el sujeto entre los años 2010 y 2018, quien se aprovechó de la confianza y cercanía con las víctimas al pertenecer todos a una iglesia evangélica de la Ciudad Jardín, estando además el condenado a cargo del coro de la misma, según indicó la fiscal Magdalena Castillo en los alegatos de apertura.

Confiaban en él

"Son todas circunstancias similares en que el acusado invitaba a los niños a su casa y los abusaba sexualmente. (…) En ese contexto, las familias confiaban en el imputado y se genera una relación y vínculo estrecho con los niños", indicó la persecutora en el juicio, agregando que los afectados y sus padres "nunca lo vieron como una persona adulta, se trataba de una persona frágil y lo querían cobijar y no parecía rara esa relación de amistad, consideraban que era incapaz de dañar a sus hijos".

El Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba para acreditar los hechos y la participación del acusado. "Las circunstancias develan un patrón de conducta: el acusado se hacía amigo de las víctimas y así se ganaba su confianza y llegaba a los abusos", señaló la fiscal Castillo durante el juicio oral, que se llevó a cabo desde el 5 al 13 de octubre, tras lo cual se entregó un veredicto condenatorio.

Secuelas

En su sentencia, el cuerpo colegiado, integrado por los jueces titulares Manuel Muñoz, quien lo presidió, Mónica López y Cristóbal Lira, hizo énfasis también en el daño causado a las víctimas "que va más allá del inherente o propio del injusto. (...) Son los propios afectados quienes en estrado dieron cuenta ellos mismos acerca del estado emocional y consecuencias que a nivel personal han padecido como consecuencia y resultado directo de las agresiones sexuales desplegadas en su contra por G.A.P.C.".

De esta forma, el tribunal, el pasado 18 de octubre, comunicó la sentencia y lo condenó a 12 años de presidio por tres casos de abuso sexual en perjuicio de menor de 14 años y un delito de estupro contra un menor de 18 años.

La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, destacó el trabajo "de la fiscal María Alejandra Aravena durante la investigación y preparación del juicio oral, y de la fiscal Magdalena Castillo", más el equipo involucrado en la investigación.

"El acusado se hacía amigo de las víctimas y así se ganaba su confianza y llegaba a los abusos".

Magdalena Castillo, Fiscal