No una, sino dos naves de pasajeros de gran envergadura podrá atender simultáneamente el muelle con uso preferente de cruceros anunciado esta semana por la Empresa Puerto Valparaíso (EPV), en el marco del gran acuerdo de expansión portuaria que suscribió con el alcalde, Jorge Sharp, y el gobernador regional, Rodrigo Mundaca. Aunque esta fue una primera señal del compromiso asumido por el Estado chileno para expandir y desarrollar el turismo internacional en Valparaíso, el anhelo de un muelle exclusivo es tan viejo como las primeras grandes naves de pasajeros que recibió la ciudad, sin que hasta el minuto haya el asomo de un proyecto concreto, recursos asignados o estudios indicados para implementar dicho sueño. El apoyo incondicional anunciado por la Corporación de Puertos del Cono Sur y la Federación de Servicios Turísticos de Valparaíso (Fesetur) es una señal potente de que el proceso debe ir con rapidez, materializándose en una iniciativa específica, con responsables conocidos y plazos desafiantes. La condición de Valparaíso y las oportunidades que representa la industria de pasajeros para la comuna y su entorno ameritan una precisión mayor de las autoridades. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son todas preguntas que surgen en un momento que concentra tantas expectativas de un sector de la ciudad tan postergado y sensible, que ameritan un ejercicio de responsabilidad política de todas las autoridades que el lunes suscribieron el compromiso público de cumplir con este anuncio. Un muelle de cruceros puede revitalizar un área de la economía porteña que tiene todo para alcanzar renombre internacional, pero han sido tantas las promesas incumplidas en los últimos quince años, que muchos miran su anuncio con una razonable cuota de excepticismo, incluso suspicacia, más aún cuando todo esto ocurre al inicio de un duro ciclo electoral. Queda en manos de la mismas autoridades demostrar que aquí no hay espacio ni siquiera para esa duda razonable.

El debate en las últimas semanas ha continuado centrado en los déficits de infraestructura en Chile. A modo de ejemplo, se informa que faltan un millón de viviendas, que se debe avanzar un nuevo puerto exterior para San Antonio y, por otra parte, las empresas de energía señalan que hay pérdidas de inversiones proyectadas. El problema común: los "cuellos de botella" que frenan las grandes obras que requiere Chile.

Pese a este cuadro, hay luces de que el panorama podría cambiar. Este mes, el ministro de Hacienda se reunió con el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) para abordar los desafíos en cuanto a la "tramitología" o "permisología", admitiendo que existe un "bosque" de regulaciones que enfrentan las iniciativas, lo que debería cambiar. En esa línea, el secretario de Estado ha señalado que se llevará adelante una reforma al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la que podría eliminar el Consejo de Ministros como instancia que zanje el destino de los proyectos, dejando de lado la discrecionalidad. Esto apunta a que los organismos técnicos tengan los pronunciamientos decisivos sobre las iniciativas, lo que da mayor certeza.

Al mismo tiempo, existen instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales, cuyo funcionamiento puede llegar a detener proyectos por hallazgos arqueológicos. Por ello, requiere una urgente modernización en cuanto a sus plazos de tramitación y a la cantidad de funcionarios que se requieren para su operación.

Los acuerdos nacionales en torno a la infraestructura son clave si queremos continuar una senda de crecimiento, lo que trae bienestar y riqueza para las comunidades. Sin embargo, no se trata tan sólo de que el país tenga buenos números en cuanto al PIB, sino que también de abordar desafíos acuciantes como es la escasez hídrica, la meta de que el país se transforme en carbono neutral o cumplir con proyectos para superar las brechas urbanas en algunas comunas.

Mirando este escenario -y apuntando a la planificación a futuro-, el CPI ha propuesto la creación de una comisión asesora en materia de infraestructura a nivel nacional, con mirada a largo plazo, tal como sucede en países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda. El objetivo es que esta entidad funcione al alero de la Presidencia y que se desacople de los ciclos políticos en miras a que las grandes obras sean parte de un acuerdo nacional.

Agilizar las acciones resulta apremiante: el último reporte de infraestructura habla de una histórica baja en inversiones (en 2022 se invirtió un 2% del PIB, mientras que a fines del 2000 la cifra llegaba a 3,1%). Con preocupación vemos que la alianza público-privada no ha podido materializarse como desearíamos, aunque existe impulso -por parte del Gobierno y de los privados- por continuar revitalizándola. La idea es buscar el crecimiento del país, superar los escollos y mostrar nuevamente capacidad de avanzar.